El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a la distribución de más 200 millones de euros entre las comunidades autónomas para el desarrollo rural. Estos fondos llegan tras los primeros acuerdos con las organizaciones agrarias que han resquebrajado las protestas del campo.

En concreto, el Gobierno tiene previsto el reparto territorial de ocho créditos por un importe total de 207,87 millones de euros para financiar intervenciones de desarrollo rural contempladas en el Plan Estratégico Nacional de la Política Agraria Común (PAC), en actuaciones en materia de competitividad y calidad de la producción de los mercados, sanidad vegetal y animal y del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias (POSEI) de Canarias, según desglosa el Ministerio de Agricultura.

“Son programas que tienen como objeto medidas medioambientales, de incorporación de jóvenes o de igualdad”, ha apuntado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, tras el Consejo de Ministros.

La parte principal de esos fondos corresponde a más de 158 millones que se destinan a financiación de intervenciones del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), ligadas a la PAC hasta 2027. Para este período, el Estado aportará a las comunidades autónomas el 30% de la financiación nacional.

La mayor aportación es para Castilla y León, más de 28,4 millones, seguida de Aragón, 23,7 millones de euros; Galicia, 21,8 millones; Catalunya, 17,7 millones; y Andalucía, 16,4 millones.

Planas ha acotado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros las ayudas a sanidad animal y a control de plagas, relevantes en un país como España, como potencia agroalimentaria. Además, ha apuntado una línea de actuación para el sector apícola, a los que se destina 4,5 millones de euros, principalmente, a los productores tradicionales.

El ministro de Agricultura también ha aclarado que estos 207 millones están al margen de las 43 medidas anunciadas por el Ministerio para frenar las tensiones del campo. “Es financiación autónoma y complementaria”, ha asegurado.

Algunas de esas 43 medidas ya están en marcha, como los trámites para convertir la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) en una entidad estatal, para reforzar su poder de inspección y que otras irán en el plan estratégico de 2025. También, que en los próximos días se va a poner en marcha una mesa de seguimiento con las dos organizaciones que han firmado el acuerdo con el Ministerio, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y Unión de Uniones.

Este acuerdo no ha sido sellado por otras dos organizaciones agrarias, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), esta última adscrita a la patronal CEOE. “Tenemos la mano tendida y la puerta abierta a que otras organizaciones se puedan sumar”, ha señalado Planas.

También, que se va a poner en marcha un nuevo modelo de representación. Hasta ahora, solo se reconocían como organizaciones representativas del campo a Asaja, COAG y UPA; no a Unión de Uniones que ha estado al frente de gran parte de las protestas de los últimos meses.

“En el Senado hice pública la posición del Gobierno. A la vista de la situación de las elecciones en algunas comunidades y los datos del Ministerio parecía necesario revisar el esquema de representación, para que sea más inclusivo, para que entre en vigor lo antes posible”, ha adelantado el ministro.