“Recuperar nuestra competitividad no es algo que podamos lograr solos, o sólo golpeándonos unos a otros. Requiere que actuemos como Unión Europea como nunca antes lo hemos hecho”. La frase es del ex primer ministro italiano Mario Draghi, una de las cabezas pensantes escogidas por la UE para hacer un diagnóstico de los problemas de competitividad que amenazan con dejar al continente atrás en la pelea con superpotencias como Estados Unidos y China. “No somos la UE, en muchos sectores somos 27”, advirtió Enrico Letta, el otro encargado de plantear un recetario a los líderes europeos.

Ni en la evaluación de los problemas ni en la fórmula para resolverlos Letta y Draghi van a inventar la pólvora y dan hasta cierto punto vueltas a medidas que llevan más de una década coleando. Letta le dijo a los líderes de los 27 que su informe no es una “biblia” sino una “caja de herramientas que pueden usar”. Ahora que se reinicia el debate, en buena medida para que la futura Comisión Europea que salga de las elecciones de junio tenga unas directrices claras sobre una de las que a priori serán sus principales tareas, las discrepancias sobre las posibles soluciones vuelven a aflorar, a pesar del llamamiento a la desesperada que los propios jefes de Gobierno hacen sobre la necesidad de salir del hoyo que la UE puede esta cavando y del mensaje que Draghi dejó en la Conferencia de Alto Nivel sobre el Pilar Europeo de Derechos Sociales celebrada en Bruselas: “Necesitamos una Unión que esté a la altura del mundo de hoy y de mañana (...). Un cambio radical es necesario”.

Lo que iba a ser una cumbre prácticamente de trámite se alargó cerca de tres horas más de lo inicialmente previsto por las discrepancias en la redacción de las conclusiones del apartado del Nuevo Pacto Europeo de Competitividad y, en concreto, respecto al mercado de capitales. “El Consejo Europeo no ha sido fácil, han sido necesarias varias horas para llegar a un acuerdo de conclusiones”, ha admitido el presidente, Charles Michel. El texto final se ha descafeinado en la negociación.

Culminar la Unión del Mercado de Capitales para lograr, entre otras cosas, una mayor fortaleza financiera que impida la fuga de cientos de miles de millones de euros de ahorro a otros países, figura en prácticamente todos los discursos y papeles. Sin embargo, el asunto es muy divisivo. Letta propuso cambiarle el nombre a Unión de Ahorros e Inversiones. Las reticencias las dejaron claras, en todo caso, este jueves en el Consejo Europeo una docena de estados -Luxemburgo, Austria, Bulgaria, Chipre, la República Checa, Irlanda, Croacia, los bálticos, Malta, Rumanía y Eslovenia- que se oponen a una supervisión bancaria más centralizada -que reforzaría el papel de la Autoridad Europea de Mercados y Valores (ESMA) con sede en París-. Su temor es que esa centralización incremente los costes para sus mercados financieros nacionales y dé ventajas competitivas a los grandes.

Aunque el canciller alemán, Olaf Scholz, se ha mostrado partidario de avanzar en esa dirección (no así su ministro de Finanzas, el liberal Christian Lindner), Berlín y otras capitales como Ámsterdam, también tienen dudas de un camino hacia la unión bancaria por la desconfianza que le generan los bancos de algunos socios europeos, en concreto los del sur, donde los índices de deuda son elevados o las implicaciones de tener un bono común, entre otras cosas.

Ante el letargo, Francia ha planteado que se haga una unión bancaria con un reducido número de países que estén por la labor y que no sea necesariamente a 27. Pedro Sánchez ha dicho que es “prematuro” aventurar una respuesta, aunque a priori el Gobierno siempre ha apostado por que el planteamiento sea global. “Vamos a estudiar esa propuesta”, ha aseverado.  

Los líderes de esa docena de países encabezados por Luxemburgo también rechazan la armonización fiscal. “Nosotros, como país pequeño, no tenemos muchas ventajas competitivas, pero tener un sistema fiscal muy competitivo es lo que tenemos, así que, por favor, no nos lo quiten”, imploró la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas. Otro de los más vocales contra esa posibilidad fue Simon Harris, el jefe de gobierno de Irlanda, cuyo país -junto con Holanda y Luxemburgo- tienen un régimen fiscal beneficioso para las grandes multinacionales que les reportan miles de millones de euros cada año. España, por ejemplo, pierde casi un 16% del impuesto de sociedades por la fuga de beneficios a esos países. La batalla ha llegado incluso a la justicia europea.

“Hubiéramos sido más ambiciosos en las conclusiones que al final hemos acordado. España ha defendido la armonización fiscal y, en efecto, eso no queda recogido como hubiera querido España que siempre hemos defendido la profundizacion del mercado único y uno de los pilares es la armonización fiscal”, ha reconocido Sánchez. “Nosotros ni planteamos ayudas de estado, como las grandes economías, ni hacemos dumping fiscal como hacen otros estados miembros. Creemos en las virtudes del mercado único y lo que tenemos que hacer es fortalecerlo”, ha rematado.

A pesar de las discrepancias sobre el mercado de capitales, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, abogó por ir en esa línea y por aumentar la capacidad del Banco Europeo de Inversiones (BEI) que preside Nadia Calviño, mientras que mostró el rechazo rotundo a “una carrera de subsidios con el resto del mundo”. Esa es hasta cierto punto la dirección que ha tomado la UE en los últimos años con la flexibilización de las ayudas de estado que han llevado a la Comisión Europea incluso a permitir que se igualen las ofertas de otros países para evitar la fuga de empresas. Esa política genera distorsiones en el mercado interior dado que beneficia a los países con músculo fiscal como Alemania o Francia.

La otra gran disputa tiene que ver con la posibilidad de emitir deuda conjunta para financiar las grandes prioridades que tiene la UE por delante (las transiciones ecológica y digital y la seguridad y la defensa, entre ellas). La palabra maldita, que rememora a la época de la crisis financiera, es 'eurobonos'. “Tiene el potencial de movilizar rápidamente importantes recursos, por una parte, y de favorecer el desarrollo de proyectos de colaboración, por otra, facilitando así una transición gradual hacia un mercado unificado”, explica Letta en su documento en el que reconoce las “legítimas preocupaciones que suscita la asunción de esta obligación financiera compartida”: “Es esencial que este planteamiento vaya acompañado de planes claros de reembolso al final del plazo”.

El debate está sobre la mesa y Pedro Sánchez se posicionó claramente a favor de lo que denominó “unos nuevos fondos Next Generation que permitan dar respuesta a la construcción de bienes públicos europeos” a partir de 2026. “Por supuesto que estamos a favor de los eurobonos. Desde hace quince años, desde Zapatero”, expresan fuentes gubernamentales, que no ven inviable que la propuesta acabe saliendo adelante, como ya sucedió durante la pandemia.