El gigante CVC cree improbable que prospere una denuncia presentada en 2023 por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) contra el fondo británico de capital riesgo por un presunto delito fiscal para no tributar por la multimillonaria venta, en 2017, del grupo Quirón Salud. 

Pero el fondo acaba de avisar a los inversores de que la denuncia presentada por Hacienda ante la Fiscalía Anticorrupción puede ser un “ejemplo” del posible endurecimiento de los requisitos de las autoridades fiscales para la industria del denominado private equity, tradicionalmente conocido como capital riesgo.

La advertencia de CVC figura en el folleto de la salida a bolsa que ultima la firma mediante una oferta pública inicial (OPI) con la que prevé salir a cotizar en Amsterdam (Países Bajos) el próximo viernes con una valoración de hasta 15.000 millones de euros.

Entre los “riesgos” que cita el documento, publicado este lunes, está que “no puede haber certeza” de que las autoridades tributarias o los tribunales estén de acuerdo con la “interpretación” que CVC hace de la normativa fiscal. Añade que “algunas autoridades tributarias buscan cada vez más ignorar las estructuras de holding a través de las cuales invierten los fondos de capital riesgo” e intentan “imponer impuestos sobre las distribuciones y las ganancias de capital directamente a los propios fondos”.

Un “ejemplo”, dice, es la inspección que inició en 2021 la Agencia Tributaria española sobre la venta de QuironSalud, que CVC controlaba a través de un fondo en Luxemburgo.

CVC se juega cientos de millones de euros en ese pleito. El grupo de sanidad privada Quirón tiene un relevante papel en otro fraude fiscal de poca monta pero con gran impacto mediático, el escándalo de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

CVC fue accionista de lo que hoy es Quirón durante apenas dos años. En enero de 2017 vendió su participación del 61% al grupo alemán Fresenius, actual propietario del gigante sanitario, por 5.760 millones, con unas plusvalías para el fondo de unos 2.600 millones. La operación también hizo multimillonario al ex médico deportivo y fundador de Quirón, Víctor Madera, actual presidente del grupo, que a lo largo de los años vendió la empresa a hasta tres fondos de capital riesgo y todavía hoy preside la filial en España.

El 29 de marzo de 2023, la Jefa de la Oficina Técnica de la Dependencia de Control Tributario y Aduanero de la Delegación de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria dictó una liquidación provisional “vinculada a delito” contra CVC, al igual que hizo recientemente con el fraude fiscal (a una escala infinitamente inferior) que perpetró la pareja de Ayuso a través de una trama de empresas pantalla, testaferros y facturas falsas para evadir impuestos por los ingresos que recibió en 2020 y 2021 de, entre otros, Quirón, su principal cliente. 

En el caso de CVC, el Fisco español determinó, entre otras cosas, que el fondo (que tiene su sede fiscal en el paraíso de Jersey) debió tributar por el impuesto español a no residentes por la venta del grupo sanitario.

Como reconoce CVC, la Agencia Tributaria cree que el fondo “podría haber ocultado información con el fin de evadir los impuestos españoles”. La existencia de dolo en ese presunto delito fiscal propició una denuncia ante la Fiscalía. Hacienda acusa al fondo de un fraude de 355 millones y reclama una deuda que se ha cifrado en 369 millones. CVC cifra en el folleto la reclamación en 270 millones, pero “excluyendo intereses y multas”. Las sanciones a la empresa y a su máximo directivo en España, el financiero Javier de Jaime, se han cifrado en unos 90 millones. 

Mientras que Alberto González Amador ha reconocido por escrito el fraude para intentar evitar el juicio, CVC está tratando de bloquear el proceso en los tribunales por varias vías.

CVC indica en el folleto que no hay abierta “ninguna reclamación” contra sus directivos. Dice que rechaza “vigorosamente” las acusaciones y cree que la probabilidad de que se impongan los argumentos de la Agencia Tributaria es “baja”, aunque “no hay garantía de éxito” en esta disputa. 

“La Fiscalía española está considerando actualmente las alegaciones para decidir si formula una denuncia ante los tribunales españoles de lo penal. Por tanto, todavía no es posible determinar si se presentarán cargos y, de ser así, quién será imputado”.

CVC, al igual que sus asesores legales, “discrepa firmemente con la posición adoptada por la AEAT”, que cree que es “poco probable” que prevalezca. “Consideramos que el riesgo de que las evaluaciones fiscales resulten en última instancia en un coste material para el grupo es muy reducido”.

Para tratar de frenar la denuncia de la Agencia Tributaria, el grupo presentó una batería de recursos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional alegando supuestas vulneraciones de derechos fundamentales. Lo hizo después de que varios juzgados desestimaran sus demandas contra la Administración por intentar impugnar la liquidación tributaria. 

La Audiencia ha rechazado al menos dos de esos recursos de CVC. En ellos se alegaba una “flagrante” vulneración del derecho a la libre prestación de servicios o a la tutela judicial efectiva ante la imposibilidad de interponer recurso en vía administrativa. Fueron desestimados el pasado febrero, imponiendo las costas al fondo.

En Luxemburgo, donde CVC tiene una maraña de centenares de sociedades, el fondo también canaliza sus participaciones en otras grandes empresas españolas como Naturgy o Tendam (dueña del Cortefiel). El aviso llega en un momento en el que CVC se dispone a embolsarse nuevas plusvalías multimillonarias ante la inminente venta de su participación en la energética.

CVC aspira a una capitalización de entre 13.000 y 15.000 millones con esa OPI en Países Bajos. Con ella espera captar hasta 1.800 millones, tras haber fijado la horquilla de precios entre 13 y 15 euros por acción. Entre los participantes que van a vender en la OPI figuran el fondo soberano de Singapur Government of Singapore Investment Corporation, la Autoridad de Inversiones de Kuwait, un fondo de patrimonio gestionado por la Autoridad Monetaria de Hong Kong y ciertos accionistas directivos.

CVC, con 1.154 empleados y más de 125 empresas participadas en todo el mundo, es una de las mayores firmas de capital riesgo de Europa, con 186.000 millones de euros bajo gestión. En España está presente desde 1996. Su cartera actual, además de Naturgy y Tendam, abarca la Liga de fútbol, la empresa de oleoductos Exolum (antigua CLH), la aceitera Deoleo, la Universidad privada Alfonso X El Sabio o las residencias de ancianos Vitalia, entre otras inversiones. 

En el caso de Naturgy, CVC tiene un 20,7% junto a la familia March y está negociando la venta de su paquete a la emiratí Taqa junto con el fondo GIP, dueño de otro 20,6%. Esto va a implicar el lanzamiento de una oferta pública de adquisición (opa) por el 100% de la energética española. 

Se especula con que la opa ofrezca un precio de entre 25 y 28 euros por acción de Naturgy. Esto se traducirá en nuevas plusvalías millonarias para CVC. El fondo y la Corporación Financiera Alba (de los March) invirtieron 3.800 millones en comprar a Repsol su 20% de Naturgy (que entonces todavía se llamaba Gas Natural Fenosa) en 2018. En el caso hipotético de que vendieran en la opa de Taqa a un precio de 26 euros por título, se embolsarían más de 5.200 millones. El 75% de esa cifra sería para CVC y el resto, para los March.