Ha sido una de las negociaciones más complicadas del sprint final de la legislatura. La UE llegó a un acuerdo para la ley rider europea en diciembre que se tuvo que reabrir en dos ocasiones por la negativa de algunos países, entre ellos Francia y Alemania, a impulsar una ambiciosa legislación que constreñía sustancialmente a las plataformas como Uber, Glovo o Deliveroo. Finalmente, Grecia y Estonia desbloquearon el texto que deja la legislación en una norma ‘a la carta’ en los 27 y el Parlamento Europeo, que a priori había tenido una posición mucho más ambiciosa, le ha dado el visto bueno con una amplia mayoría (554 votos a favor, 56 en contra y 24 abstenciones).

La directiva para “mejorar las condiciones” de trabajo en las plataformas online servirá como base para que los 27 tengan unos mínimos comunes de protección para los cerca de 43 millones de empleados de esas empresas que la UE calcula que habrá en el continente en los dos próximos años. La propuesta inicial, que se inspiraba en la normativa española, pretendía aflorar 5,5 millones de falsos autónomos. 

El resultado de la negociación, muy afectada por las imposiciones de París y la presión de las plataformas, establece que serán las leyes nacionales las que fijen las bases para determinar si los trabajadores de las plataformas son autónomos o asalariados, aunque en caso de litigio serán las empresas las que tendrán que acreditar que no son empleados por cuenta ajena. 

El pacto inicial, sin embargo, reconocía cierta presunción de laboralidad, aunque no de forma automática o general sino que los empleados deberían demostrar que cumplían dos condiciones de cinco (los estados miembros pueden designar más) para ser considerados como trabajadores por cuenta ajena, como que la plataforma determinara su remuneración o la plataforma la que controla el desempeño de la actividad profesional.

Lo que sí incluye la ley son garantías para proteger a los trabajadores de esas plataformas online, como la imposibilidad de que sean despedidos “a partir de una decisión tomada por un algoritmo o un sistema automatizado de toma de decisiones”. La empresa tendrá la obligación de informar a los empleados del uso de algoritmos y su funcionamiento. También se prohíbe el procesamiento de determinados datos personales de los empleados, como los relativos a creencias o intercambios privados con compañeros. Las plataformas deberán transmitir información sobre los autónomos que contraten a las autoridades nacionales competentes y a los representantes de los trabajadores (sindicatos).

La Eurocámara también ha dado luz verde a la directiva con la que pretende incrementar las garantías de respeto de los derechos humanos por parte de las empresas multinacionales. La legislación, que pretende evitar, entre otras cosas, la explotación infantil, ha salido adelante con 374 a favor, 235 en contra y 19 abstenciones.

Al igual que la ‘ley rider’, la denominada directiva para la diligencia debida quedó descafeinada en la recta final de su negociación en el seno de los 27 por las reticencias de Francia e Italia. 

El espíritu de la ley es que las multinacionales sean responsables del impacto de sus actividades tanto para el medio ambiente como para los derechos humanos y les impone obligaciones para que minimicen los riesgos bajo pena de multas de hasta el 5% de su volumen de negocio por incumplimientos relativos al trabajo infantil, la explotación laboral, la contaminación o la deforestación, entre otras.

La aplicación de la normativa se hará de manera gradual, empezando por las compañías que tengan más de 5.000 empleados hasta el año 2029. Se aplicará a aquellas empresas con más de mil trabajadores y a partir de 450 millones de euros de facturación anual. El plan inicial era más ambicioso: que tuviera efectos sobre las sociedades con más de 500 empleados y un volumen de negocio de 150 millones de euros. Eso significa que la norma afectará a alrededor de 5.500 empresas europeas frente a las 17.000 que inicialmente iban a estar sometidas a esa regulación, según los cálculos de Oxfam. 

El Pleno que se celebra esta semana en Estrasburgo es el último de la legislatura por lo que los eurodiputados han colocado en agenda un importante paquete legislativo al que dar el visto bueno para que no se quede meses en el limbo. Otra de las iniciativas que se ha aprobado es el acuerdo para que se reduzca paulatinamente el uso de envases (5% en 2030, 10% en 2035 y 15% en 2040). La nueva legislación, que ahora tienen que ratificar los gobiernos de los 27 para que entre en vigor, prohibirá ciertos embalajes de plástico de un solo uso a partir del 1 de enero de 2030.

Igualmente, ha salido adelante la normativa con la que la UE establecerá unos requisitos más estrictos hasta 2030 para reducir las partículas contaminantes que causan al año 300.000 muertes prematuras. A partir de esa fecha, se revisarán al menos cada cinco años con el objetivo de eliminar la contaminación a mitad de siglo. La normativa se queda, no obstante, atrás respecto a las recomendaciones de la OMS.