La OCDE vuelve a negar el “infierno fiscal” en España. El organismo ha publicado este jueves su informe anual sobre la carga fiscal que soportan los salarios en las economías desarrolladas y destaca que los costes laborales en nuestro país están por debajo de la media. Exactamente, el coste total de emplear a una persona, en cifras comparables (en dólares y con distintos ajustes), es un 2,35% más barato que en el conjunto de economías de la OCDE (63.683 dólares frente a 65.214 dólares, tras los ajustes mencionados, no son cifras 'reales').

Ni “infierno”. Ni “expolio”. Ni “robo”. Ni nada similar, pese a la insistencia de algunos economistas neoliberales en las últimas semanas. Según la OCDE, “la cuña fiscal” —como denomina a la suma de IRPF y cotizaciones sociales— sobre trabajadores y empresas fue en promedio del 40,2% en nuestro país en 2023. En este caso, cerca de 5 puntos por encima de la media de la OCDE pero muy por debajo de la de Bélgica, Alemania, Austria, Francia o Italia, según se puede observa en el gráfico (esta referencia se toma para una persona soltera, dado que las familias tienen acceso a más deducciones).

Los mismos cálculos sitúan el tipo medio del IRPF (el impuesto sobre la renta) en el 12% en España, frente al 13,3% en el conjunto de los países del organismo, entre los que destaca el 35,8% de Dinamarca.

El IRPF es el tributo que grava todos los ingresos personales de los contribuyentes. Incluye los rendimientos del trabajo [los salarios, las pensiones o las prestaciones por desempleo], de las actividades económicas [los ingresos de los autónomos, por ejemplo] y también los rendimientos del capital [alquileres, activos financieros o ganancias patrimoniales].

El IRPR es un impuesto progresivo. Es decir, es un tributo cuyo tipo depende de lo que se gana. Y en esta información publicada recientemente por elDiario.es se señaló que nueve de cada diez contribuyentes en nuestro país pagan menos del 22% de sus ingresos en el IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas).

Para las empresas, este impuesto, las cotizaciones sociales que se pagan a la Seguridad Social y el propio sueldo componen el coste laboral. Del salario bruto de cada trabajador, las empresas destinan un 4,9% —según la OCDE— para las cotizaciones sociales (aportaciones que dan derecho a la jubilación, al paro o las prestaciones de maternidad o paternidad) a cargo del trabajador y retienen la cuota correspondiente del IRPF. Asimismo, las empresas pagan una mayor proporción en cotizaciones sociales a su cargo, un 23,3% —de nuevo según el organismo internacional—, según se detalla aquí.

Por una parte, es cierto que, el año pasado, el IRPF alcanzó un récord de recaudación de 120.220 millones de euros, tras crecer casi un 10% desde 2022. El tipo efectivo pagado de IRPF ha subido entre uno y dos puntos en cinco años, por algunas modificaciones de las tarifas de los tramos más altos tanto en las rentas generales, como de las del ahorro. Aunque, el aumento en la recaudación se explica principalmente por la creación de puestos de trabajo y por las subidas de salarios, y por el afloramiento de economía sumergida. De hecho, este dinamismo de la actividad ha presionado el tipo efectivo medio al alza.

Eso sí, algunos ajustes como la adaptación para no ‘comerse’ la mejora del SMI (Salario Mínimo Interprofesional) “tuvo un coste de 1.726 millones [que dejó de recaudar el Estado]”, según confirmó hace solo unos días la Agencia Tributaria. Por otro lado, los cambios de tarifas “para aliviar el daño de la inflación [lo que se conoce como deflactar el IRPF]” y deducciones que introdujeron algunas comunidades autónomas tuvieron un coste de 1.677 millones. Hay que recordar que la recaudación del IRPF se reparte entre la Administración central y las administraciones regionales.

Por su lado, quienes denuncian “un infierno fiscal” de los trabajadores incorporan al IRPF las cotizaciones a la Seguridad Social. Estas últimas no son impuestos. Y solo una parte las soporta el sueldo del trabajador, el resto las paga la empresa (la mayor parte). Esta suma es el coste laboral, pero no es el sueldo.

Las cotizaciones sirven para financiar las prestaciones por desempleo, por las bajas (también las de maternidad), los permisos de paternidad o las pensiones. Algunos economistas las definen como “salario en diferido”, porque acaban convirtiéndose en ingresos para los trabajadores. Por ejemplo, en 2020, el Banco de España calculó que el sistema de pensiones “proveería más de un euro de prestación por cada euro de cotización aportado para la mayoría de los individuos [...]”. En media, “las altas [en el sistema de pensiones] de 2017 recibirían 1,74 euros de prestación por cada euro de cotización”.

El informe de la OCDE indica además una escasa subida del salario “real” en España en 2023. Según los cálculos del organismo, el aumento promedio fue del 1,5%, después de impuestos (del IRPF), por debajo de la inflación, que se quedó de media en el 3,5% el año pasado. En otras palabras, los españoles volvieron a perder poder adquisitivo, después del histórico 'mordisco' de las subidas de precios en 2022.