Sordo defiende los acuerdos con la patronal y el Gobierno como una garantía de que las medidas se lleven a cabo. “La prueba es la reforma laboral”, dice, pero no se conforma. “España no puede resignarse a tener tasas de paro por encima del 10%” advierte, mientras apuesta por unas políticas públicas de cuidados como uno de los pilares del Estado de Bienestar, un sector público como motor económico y una atracción de inversión basada en el precio de la energía.

¿Cuáles son las prioridades sindicales de Comisiones Obreras para este Primero de Mayo?

Queremos pivotar la reivindicación fuerza en la necesidad de que España se fije el pleno empleo como objetivo de país. Aunque la evolución del empleo es buena en términos de cotizantes a la Seguridad Social, el país no puede resignarse a tener tasas de paro por encima del 10%. Es el momento de una apuesta ambiciosa, que hemos acompañado con la necesidad de impulsar políticas industriales y de reforzar el sistema de servicios públicos, particularmente a través de una estrategia de cuidados.

¿Es asumible bajar de ese 10% esta legislatura?

Es posible. Históricamente, incluso en los años en los que se hablaba del ‘milagro económico’, España estaba en tasas del 7 o el 8%. Hay otros países donde las tasas de desempleo técnico se sitúan en el 3 o el 4%. Tenemos que aspirar a reducirla significativamente por debajo del 10%. Para eso, las oportunidades pivotan en torno a las posibilidades que la transición energética le puede aportar a nuestro país a la hora de atraer inversión productiva, industrial y de sectores donde, en general, siempre hemos estado en una posición muy subalterna respecto a otras partes del mundo.

¿Qué medidas pueden ser útiles para atraer esa inversión?

Desde mediados del siglo pasado, España casi siempre ha tratado de atraer inversión por la vía de los bajos salarios, los bajos costes fiscales y de facilitarle los costes fijos a las empresas. Es el momento de cambiar el patrón de atracción. El precio de la energía a futuro puede ser el gran baluarte de generación de inversión industrial en el país. Nunca nos había pasado y, en el marco de la transición energética, es la primera vez que tenemos esta oportunidad. A partir de ahí, tenemos que cambiar, o seguir cambiando, el modelo español de relaciones laborales. Por ejemplo, la reducción de la jornada de trabajo generará más empleo a medio plazo.

El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo

¿Cómo avanzan las negociaciones para la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales?

Con mucha discreción. Hay resistencias, pero avanzan. Las negociaciones están un poco relacionadas con los ciclos políticos y que se hayan desencadenado tres convocatorias consecutivas, en Galicia, Euskadi y Catalunya, además de las europeas, dificulta casi siempre la expresión pública de lo que se está negociando. Estamos hablando en un ámbito tripartito con el Gobierno y los empresarios, con los que me atrevería a decir que vamos por buen camino. Somos conscientes de que el acuerdo no es sencillo, porque una reducción de jornada no es un tema menor, pero es posible.

La Comisión de Trabajo del Congreso acaba de aprobar una proposición no de ley para que no se lleven a cabo reformas en el mercado laboral sin el acuerdo previo de patronal y sindicatos. ¿Cómo valora esta medida?

El acuerdo tripartito es la mejor manera y la más eficaz para regular las condiciones laborales, porque se cuenta con quien tiene que implementar esas medidas. La prueba es la reforma laboral: el hecho de que haya sido pactada entre todas las partes tiene mucho que ver con su éxito. Hace 12 años, la reforma laboral fue impuesta, los sindicatos trabajamos a la contra en los centros de trabajo y, aunque hizo daño, no recorrió ni remotamente el camino que quería el Partido Popular. Dicho esto, este tipo de planteamientos me preocupan, porque si dices que no se mueve una coma del Estatuto de los Trabajadores sin acuerdo, en la práctica estás otorgando derecho de veto. Es decir, ¿voluntad de negociar? Toda, pero si no hay acuerdo, no vamos a renunciar a reformas. La patronal, la CEOE, no puede tener derecho de veto sobre ninguna materia.

Menciona el acuerdo entre las tres partes, por ejemplo para la reforma labora que, sin embargo, se aprobó por la mínima. ¿Cree que tras las europeas el escenario será más propicio para alcanzar acuerdos?

Puede ser, porque en los ciclos electorales se extreman mucho las posiciones. Pero, incluso tras las europeas, el mapa parlamentario es complicado, porque necesitas generar una mayoría en torno a partidos que, en materia socioeconómica y sociolaboral, tienen posiciones muy matizadas. Por un lado están los partidos del Gobierno, pero luego tienes a otros como Esquerra, Bildu o el BNG y al PNV o Junts, cada uno con formas distintas de aproximarse a estos temas. No es nada sencillo.

Durante los procesos electorales también afloran algunas propuestas que no habían estado antes sobre la mesa. La vicepresidenta segunda abrió la puerta a eliminar la reducción de los beneficios previstos como causa objetiva de despido.

Las medidas que se quedaron en el alero de la reforma laboral son las que afectan, en general, al despido. Eso ha facilitado mucho más la confianza en la contratación y está dando unos resultados magníficos en términos de contratación indefinida, pero esto no quiere decir que los sindicatos no sigamos teniendo como objetivo modificar el régimen del despido en España. Uno de los puntos que hay que corregir es lo generosas que son las causas para despedir de forma objetiva, así que estoy de acuerdo con ese planteamiento (de Yolanda Díaz). Además, hay otras medidas que habría que abordar. El coste no es disuasorio y, para las personas con poca antigüedad, es bajísimo, sea con una indemnización de 20, 33 o 45 días. Habría que avanzar hacia fórmulas más disuasorias del uso del despido, a cambio de que las empresas, cuando tengan problemas, recurran a fórmulas de flexibilidad interna, como puede ser la reducción temporal de jornada o los ERTE, como hicimos en la pandemia.

¿Cómo es un despido más disuasorio?

Se puede hacer encareciéndolo o situando una indemnización mínima más allá de la antigüedad. Alguien que lleve 20 años en la empresa tiene una indemnización de cierto calado, pero quien lleva cuatro meses, no. Otra posibilidad podría ser que el trabajador decida si se reincorpora o no al puesto de trabajo si el despido es improcedente. Ahora es la empresa la que decide, aunque sea la que incumple la ley, algo que solo pasa en materia de despido.

El Comité Social Europeo ha ido marcando la línea en otros países, señalando que las indemnizaciones sean en función de la situación de cada trabajador o trabajadora. ¿Qué le parece esta opción? ¿Puede llevar a procesos más largos?

Cuando se resuelva la reclamación que hemos hecho desde Comisiones Obreras, sería bueno abrir un marco de negociación para tratar de situar esta nueva interpretación en la ley, ya que la legislación sobre despido en España no va acorde con los principios de la Carta Social Europea. El objetivo de fondo es que el despido sea el último recurso cuando las empresas tienen problemas. Hace falta elementos de adaptación temporal para evitar que siempre que hay una crisis en una compañía, lo primero que se haga sea despedir a una parte de la plantilla, que suelen ser los temporales y la gente más joven. Ese circulo vicioso hay que romperlo.

El primer tropiezo del gobierno de coalición fue el subsidio por desempleo. Ustedes fueron críticos con la forma en la que aquel real decreto se llevó al Congreso, sin negociar. La vicepresidenta ha dicho que tiene intención de desbloquearlo. ¿Han hablado con Trabajo?

Estamos manteniendo reuniones. Nosotros fuimos críticos porque se sacó no ya sin negociar, sino sin conocimiento por nuestra parte. Esto no debe volver a repetirse.

¿Ven posible que se vuelva a votar antes de las europeas del 9 de junio?

Debería ser posible, entre otras cosas, porque parte del desembolso de los fondos Next Generation tiene que ver con ese hito y es una exigencia de la Comisión Europea.

¿Han hablado ya con Podemos?

Sí. Les hicimos nuestros planteamientos y nuestra lectura de aquel decreto que decayó. Les reiteramos que era un buen decreto en términos globales, con algunas insuficiencias y algún elemento negativo que convenía corregir, aunque lo hubiésemos hecho por la vía de la tramitación parlamentaria. Lo que pedimos, no ya a Podemos, sino al Gobierno y a todas las fuerzas políticas, es que ese proyecto vuelva al Congreso de los Diputados y sea convalidado con mejoras en el acceso de los trabajadores a tiempo parcial al subsidio y con una modificación de ese cambio en la cotización de los mayores de 52 años del 125%, que quedó bastante mal diseñado.

Freixenet ha presentado un ERTE que afectará a 615 trabajadores a causa de la sequía. ¿Es la crisis climática una prioridad para Comisiones Obreras?

Empezamos a ver las primeras consecuencias económicas de la crisis climáticas. Siempre se ha querido vender como una cuestión de medioambientalistas y ecologistas, pero se van a demostrar las consecuencias nefastas para muchos sectores económicos, incluso para algunos que han hecho negacionismo de la crisis climática. Quien más la va a sufrir pueden ser el sector agrario y el sector turístico, por las altísimas temperaturas en verano. Además, la dificultad de acceso a un bien tan importante y preciado como el agua en los procesos industriales o de regadío también va a condicionar la actividad económico. Por tanto, hay que hacer un planteamiento muy ambicioso para corregir esta deriva y tomando medidas para hacer frente a estos problemas, implantando más desaladoras y facilitando su utilización sistémica a través de energías renovables.

Sin embargo, las reivindicaciones de los agricultores han frenado algunas medidas relativas a la agenda verde en Europa.

Las medidas que tienen que ver con la gestión administrativa y la burocracia, seguramente, se pueden mejorar, porque la brecha digital todavía es muy importante. Nosotros hemos compartido con las asociaciones agrarias dos orientaciones de sus reivindicaciones. Una es el absolutamente necesario cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria, para que no tengan que trabajar a pérdidas, y la otra es que los acuerdos comerciales de Europa con otras partes del mundo se reequilibren, para que las exigencias en materia sanitaria y de otro tipo sean equiparables a las de nuestros productores, pero sin rebajar nuestros estándares. La calidad, el suministro y el consumo de proximidad se tienen que basar en el cumplimiento de la normativa fitosanitaria y en un sector primario compatible con un uso racional del agua y de la energía.

¿Es posible igualar los estándares sin aumentar el precio de la cesta de la compra?

Es una buena pregunta, porque estas cuestiones no son de suma cero. En las últimas décadas nos hemos acostumbrado a que el coste de determinados productos sea extraordinariamente bajo y, si queremos un proceso de relocalización productiva para evitar los riesgos de tener alejadas las cadenas de suministro y la dependencia de productores agroalimentarios, pero también energéticos y de otro tipo, a veces muy poco fiables, habrá un efecto sobre los precios. Ahí tendremos que actuar sobre cómo se organizan estos mercados, donde suele haber grandes emporios con una posición potentísima, que son los que acaban fijando los precios y generan un riesgo inflacionario porque si no iremos a un periodo muy largo donde la inflación estará más cerca del 3 o el 5% que del 1 o el 2%.

¿Y cómo cree que aumentarán los salarios?

Ese es el reto, por eso estamos reivindicando incrementos salariales y recuperar las clausulas de revisión, que prácticamente desaparecieron en tres de cada cuatro trabajadores y trabajadoras. Desde la entrada de España en el euro y con una política monetaria muy estable, nos habíamos acostumbrado a inflaciones que a veces se quedan muy por debajo del objetivo del Banco Central Europeo, del 2%. Cuando negocias con inflaciones del 1, el 1,6 o el 1,7%, la clausula de revisión salarial pierde importancia, porque si eres capaz de negociar una subida del 2% estás ganando poder de compra. El problema es que eso está cambiando y creo que cambiará aún más, lo que nos obliga a ser ambiciosos en materia salarial.

En las últimas semanas están celebrando asambleas en distintas ciudades. ¿Qué preocupaciones le trasladan los afiliados?

Tienen mucho que ver con la situación concreta de la gente. En las empresas donde hay algún tipo de crisis, es esa crisis. Donde el salario estuvo congelado, la pérdida de poder adquisitivo. La gente valora muy positivamente la estabilización de la contratación, con unas tasas de empleo que, en general, son buenas, aunque hay sesgos evidentes. La utilización del tiempo parcial no deseado por parte de las mujeres en España sigue siendo uno de los grandes problemas laborales de nuestro país. El 75% de la contratación temporal es femenina y la mayoría quieren trabajar más horas o a tiempo completo. Es el momento de abordar este tema, con una mejor regulación del contrato a tiempo parcial.

¿Qué se puede hacer para que las mujeres que quieren trabajar más puedan hacerlo?

Se puede facilitar que, ante un uso sistemático de horas complementarias, estas se incorporen a la jornada ordinaria de las trabajadoras de forma automática. Además, el acceso a más horas de trabajo tiene mucho que ver con los cuidados y con el despliegue de una estrategia en este sentido. Las mujeres, hasta la edad de la maternidad, que cada vez se atrasa más, prácticamente no tienen brecha salarial. A partir de ahí empiezan los cortes en las carreras y las discontinuidades, que acaban afectando a los pluses, las antigüedades y las posibilidades de promoción.

¿Los trabajadores tenemos que hacer autocrítica?

Evidentemente. Hay una parte perjudicada porque hay otra beneficiada. Esto supone una ruptura cultural importante, con un sesgo generacional muy evidente. Ya no estamos en aquella época en la que la mujer dejaba de trabajar en cuanto se casaba, pero los datos nos dicen que en las edades vinculadas a la maternidad y la paternidad, en un porcentaje muy importante, quienes acceden a los permisos, quienes cogen las licencias y se reducen las jornadas durante más tiempo, siguen siendo básicamente ellas. Tenemos que apelar a la corresponsabilidad, a la igualdad obligatoria a la hora de acceder a los permisos y, más allá de esto, a la construcción de un pilar del Estado de Bienestar en torno a un servicio público de cuidados.

Los principales problemas que perciben los ciudadanos, según el CIS, siguen siendo los económicos, el paro, y calidad del empleo. Sin embargo, la afiliación está en récord histórico y el desempleo en los niveles previos a 2008. ¿Somos más exigentes respecto al trabajo?

Hay muchas situaciones diferentes, pero sí creo que hay una mayor exigencia en la gestión del propio tiempo, lo que me parece una noticia extraordinaria. Cuando hablamos de salarios medios, bajos o de supervivencia, la gente quiere ganar un poco más porque no llega a fin de mes, pero si nos referimos a medios-altos, se da cada vez más importancia a la distribución del tiempo de trabajo. A veces no se trata de trabajar 7 horas y 20 minutos o 7 horas y 40 minutos, sino quién y cómo se distribuye ese tiempo.

Otra de las preocupaciones es la vivienda. Hace un par de semanas se reunieron con la ministra Isabel Rodríguez, ¿qué le han trasladado al Ejecutivo sobre este asunto?

Hemos trasladado que las medidas que se han tomado, aunque han estado bien intencionadas, han sido insuficientes. La Ley de Vivienda aborda, por primera vez, una serie de materias muy importantes, como las zonas tensionadas, pero ha sido boicoteada por las comunidades autónomas y, salvo en Catalunya, va a quedar en un catálogo de buenas intenciones. Nosotros sugerimos al Gobierno que habilitase a los ayuntamientos a determinar sus propias zonas tensionadas para bajar los precios de los alquileres y no depender de las comunidades autónomas. Pero lo que hay que hacer con la vivienda no es una sola cosa, sino varias, con intensidad y a la vez. No vale con construir más. En España se construyó más vivienda en una década que en Alemania, Italia y Francia, mientras los precios se incrementaron en un 164%. Hay que limitar los precios en zonas tensionadas, sacar vivienda vacía y promover alquileres con precios accesibles.

¿A las empresas no les interesa que sus trabajadores paguen poco por la vivienda?

A las que no se dedican a la vivienda, sí, pero el capitalismo es anárquico, el todos contra todos. Al empresario que se dedica a vender hortalizas le interesa que la gente de su barrio tenga la mayor cantidad de dinero posible para comprar hortalizas. Si te lo tienes que gastar en la hipoteca o en el alquiler, no podrás comprar hortalizas o tomarte un café o irte de vacaciones. El desastre es que la alianza financiero-inmobiliaria ha generado una enorme burbuja de precios, apoyada desde el sector público. Todas las políticas de vivienda en España han estado destinadas, desde hace décadas, a mantener intacto y artificialmente alto y subvencionado el precio de la vivienda a través, por ejemplo, de bonificaciones y deducciones fiscales. La vivienda se concibió como un activo financiero y no como la expresión del derecho social a tener un sitio en el que vivir.

Ustedes fueron muy críticos con la propuesta de facilitar la contratación en origen. ¿Faltan trabajadores en España?

Somos partidarios de regular los flujos migratorios para que los trabajadores y las trabajadoras no sean explotados en las transiciones desde sus lugares de origen hasta nuestro país. Dicho esto, lo que no queremos es que se utilice la contratación en origen para evitar la formación y la contratación de personas que ya están en España, a veces en situación de irregularidad, y que pueden ser perfectamente quienes ocupen esos puestos. Tenemos un problema de vacantes, como dice la patronal, muy limitado en comparación con otros países de Europa, que tiene que ver, a veces, con los bajos salarios o con los bajos salarios en función al coste de la vida donde se oferta ese puesto de trabajo, como ocurre con la hostelería en Mallorca o Menorca. La solución, por tanto, no puede ser traer un trabajador que esté dispuesto a cobrar ese sueldo bajo y a vivir en una acequia porque no les queda más remedio. Y otra pata son las disfunciones entre las cualificaciones que se exigen en algunos puestos y las que existen en nuestro país. Es bastante marginal, pero existe, y hay que abordarlo desde las políticas de empleo y de formación.

El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo

Estamos ante la menor tasa de temporalidad en el sector privado de la historia, de un 12,7%. Sin embargo, en el empleo público se sitúa todavía en torno al 30%.

Esta es una denuncia que hace habitualmente la CEOE y es una de las pocas cosas en las que suele tener razón. Viene a decir que el sector público legisla para reducir drásticamente la temporalidad, pero luego cumple mal con sus propios principios. El uso sistemático de la interinidad en la función pública está muy consolidado y es el momento de favorecer una estabilización. Por un lado, porque la edad media de los empleados y las empleadas públicas es muy alta. Por otro, porque hay que fortalecer el papel del sector público en la dinamización de la economía. Hay que reforzar la sanidad, la educación y los servicios sociales, pero también desplegar una estrategia de cuidados e impulsar políticas industriales, con el Estado como emprendedor. Hay que modernizar y digitalizar la administración y cambiar muchos de los perfiles profesionales, con procesos formativos y de renovación y fortalecimiento de las plantillas.

Uno de los sectores donde la temporalidad es más acusada es precisamente en el sanitario. ¿Las malas condiciones laborales que denuncian sobre todo en Atención Primaria están poniendo en peligro el sistema público de salud?

Totalmente. Durante demasiados años se han debilitado los fundamentos de los sistemas públicos, particularmente el sanitario, a través de la devaluación de la atención primaria. En general, casi todos los políticos, sobre todo los de derechas, presumen mucho de nuestros hospitales, porque tenemos grandes centros de referencia, pero se ha hecho una política 'hospitalocentrista', focalizando ahí la inversión, pero dejando que se deteriore la primaria, que es la entrada de la población al sistema público, con lo que se consigue un progresivo desapego de la ciudadanía, que busca alternativas en los sistemas privados de aseguramiento. Si no rompemos esta dinámica, vamos a segregar a la sociedad.

Bruselas publicó un informe la semana pasada en el que hablaba de un aumento del 0,8% del gasto previsto en pensiones. La reforma de Escrivá contaba con su visto bueno. A la espera de conocer el grueso de los ingresos, ¿qué valoración hace de estos primeros tres años?

Sobre el informe, lanzaría un mensaje de tranquilidad. Ese incremento del gasto en pensiones está dentro de lo que podíamos tener previsto que iba a pasar en España de aquí al año 2048, pese a que se ha sobreactuado mucho. Cuando se hacen proyecciones a 25 años siempre hay elementos de riesgo y muchas de las variables en las que se fundamentan esos cálculos se van a modificar en los próximos tiempos. El empleo y las bases de cotización están funcionando mejor de lo previsto y las tasas de migración seguramente van a ser superiores. En todo caso, sería un problema acotado a la primera mitad del siglo, porque luego el diferencial entre gastos e ingresos va a bajar. Tras la generación del baby boom, las que vienen después son mucho menos numerosas. Además, en la reforma que pactamos ya estaban previstas algunas fórmulas si hay desvíos entre ingresos y gastos, como un incremento parcial y temporal de las cotizaciones sociales, por ejemplo. Tampoco pasaría gran cosa si esto es así.

¿A quién le interesa esa sobreactuación?

A quien lleva desde los años 90 poniendo la luz rosa sobre la viabilidad del sistema de pensiones, haciendo una trampa conceptual, que es que se tienen que pagar con cotizaciones sociales. Esto no es verdad, porque se calculan en base a lo que se ha aportado, pero no está escrito en ningún sitio que se tengan que pagar solo con cotizaciones. La Seguridad Social no va a quebrar porque no puede quebrar, es como si quebrara el Estado.

Está en marcha la negociación para la reforma de la jubilación activa y los coeficientes para adelantar la jubilación. ¿Cómo van esas reuniones?

Nos estamos encontrando con una pared en todo lo que es la mejora de los accesos a jubilaciones anticipadas en profesiones que tienen una dificultad objetiva para llegar a los 65 años. Esos coeficientes reductores que existen en algunas profesiones tienen que implantare también en otras donde se produce un desgaste personal, postural o musculoesquelético o donde se está en contacto con sustancias complicadas de respirar. Vemos muchas dificultades para incluir nuevas profesiones de riesgo, sin detrimento de la pensión. Es un tema delicado, pero es necesario abordarlo, porque también hay sesgos de género muy importantes. Las profesionales donde se concentraba la idea de que no se podía desempeñar el trabajo hasta los 65 están muy masculinizadas, pero una mujer que lleve desde los 20 hasta los 60 años realizando movimientos posturales con los tendones o con lesiones musculoesqueléticas, acaba generando también la imposibilidad de trabajar.