El Consejo Económico y Social (CES) lamenta que las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea (UE) siguen “dificultando políticas anticíclicas”. O lo que es lo mismo, siguen dificultando políticas que alivien las consecuencias de las crisis, como las tomadas por el Gobierno de coalición (de protección de las rentas de las familias y las empresas a costa de disparar el déficit presupuestario y el endeudamiento) desde que el anterior corsé fiscal fue suspendido como respuesta al histórico shock de la pandemia.

El órgano consultivo del Gobierno en materia de socioeconómica y laboral advierte en un informe publicado este miércoles de que las reglas fiscales acordadas a finales de 2023 por los socios europeos (aquí se explican las claves) y aprobadas por el Parlamento Europeo en febrero continúan siendo procíclicas.

Es decir, agravarán las consecuencias de las recesiones, como ocurrió tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, pese a que el nuevo marco “supone un avance respecto al marco de supervisión fiscal hasta ahora vigente porque lo simplifica bastante, se focaliza en el medio plazo, favorece la implicación de los Estados al tener en cuenta las características de cada país y permite conciliar mejor la sostenibilidad fiscal y el crecimiento al dar más margen fiscal a los países más endeudados para que realicen inversiones y reformas”.

“Sin embargo, no resuelve del todo los principales problemas de los que adolecía el sistema anterior: la complejidad, la prociclicidad y la desprotección de la inversión”, continúa el informe del CES, que preside Antón Costas.

“El momento para realizar esta reflexión es propicio, puesto que del 6 al 9 de junio de 2024 se celebrarán elecciones al Parlamento Europeo de las que surgirá una nueva Comisión con un nuevo programa de trabajo que planteará y reforzará iniciativas cruciales para la propia integración europea”, incide el CES.

“El acuerdo de la UE alcanzado bajo Presidencia española era necesario, tras cuatro años con las reglas suspendidas, para trasladar a los mercados un mensaje de unidad, estabilidad y solvencia en un contexto geopolítico dominado por la incertidumbre”, añade el informe del Consejo Económico y Social.

Ahora, el organismo resalta que es importante lograr un equilibrio entre la necesaria estabilidad macrofinanciera de la eurozona y la de acometer las inversiones que requiere la economía europea para afrontar el desafío climático y la transformación tecnológica, para reforzar su competitividad y la creación de empleo, así como para aumentar los niveles de cohesión social y territorial.

“Algunas de las variables que utiliza [el nuevo marco] no son directamente observables o incluye conceptos indeterminados. Por ello el CES considera necesario que se adopten metodologías comunes, transparentes y consensuadas, que las estimaciones sean independientes, solventes, compartidas y plenamente replicables, y que se refuerce la transparencia de las estadísticas económicas y la contabilidad pública”, insiste.

“Aunque hay mejoras, el nuevo marco continúa dificultando la política fiscal anticíclica de los Estados miembros”. El nuevo sistema introduce más flexibilidad para acometer los procesos de consolidación fiscal y mantiene la exclusión del gasto cíclico en desempleo de la regla de gasto; en general, permite que los “ajustes” sean menos severos y más extendidos en el tiempo, dejando mayor margen fiscal a los Estados que el sistema anterior.

Además, introduce las “cláusulas de escape nacional” permitiendo a un Estado miembro desviarse temporalmente de su senda de ajuste. “Sin embargo, las salvaguardas imponen reducciones mínimas anuales de déficit y deuda que reducen esa flexibilidad individual y el principal objetivo sigue siendo propiciar procesos de consolidación fiscal nacionales hasta situar la deuda pública en el 60% por 100 del PIB, lo que resulta poco realista”, apunta el informe.

El CES considera que la creación de una capacidad presupuestaria a escala de la eurozona permitiría suavizar tanto los shocks macroeconómicos asimétricos como las perturbaciones graves que afecten al conjunto. La inexistencia de este tipo de mecanismo presupuestario de estabilización sigue siendo una de las principales debilidades de la gobernanza económica de la Unión Europea.

De hecho, el propio Antón Costas ha reconocido, en la presentación del informe a la prensa, que el despliegue de los programas SURE o del Next Generation EU (el Plan de Recuperación) desde 2020, financiados con deuda conjunta de la UE, fueron un punto de inflexión que debería servir de faro para los próximos años.

“Y, por último, [en las nuevas reglas fiscales] se introducen incentivos a la inversión, pero insuficientes dada la necesidad de afrontar las transiciones en marcha”, prosigue. El nuevo marco de gobernanza incorpora algunos elementos que tratan de proteger a la inversión pública en los periodos de “consolidación fiscal [de recorte del gasto público, en jerga económica]”. Se admiten sendas de ajuste fiscal más extendidas en el tiempo a condición de acometer reformas e inversiones siempre que tengan efectos positivos sobre el crecimiento potencial y la sostenibilidad fiscal.

“Y la mayor flexibilidad supone un acicate para desarrollar evaluaciones sistemáticas y con metodologías compartidas de las políticas públicas, un terreno en el que existe un amplio margen de mejora a todos los niveles. Pero no queda claro cómo se van a evaluar y a priorizar las inversiones para aprobar los programas de consolidación fiscal y, en su caso, su extensión temporal; en particular, las inversiones y reformas dirigidas a aumentar el capital intangible europeo”, comenta el CES.

“Nuevamente, es necesario que la Comisión apruebe una metodología consensuada y transparente de evaluación de inversiones y reformas estratégicas, incluida la inversión social, que ponga el foco en el impacto de las medidas sobre el crecimiento potencial, la resiliencia socioeconómica y la sostenibilidad de la deuda pública a largo plazo”, recalca.

“En todo caso, el problema fundamental del nuevo marco de supervisión fiscal es que deja a los Estados más endeudados un margen fiscal muy estrecho para financiar la inversión transformadora. Por lo que el CES considera aconsejable que, además, se creen mecanismos europeos permanentes de apoyo presupuestario y financiero a la inversión de los Estados, si se quiere evitar que en el seno de la UE aumenten las divergencias internas en el ritmo de transformación en los ámbitos ecológico y digital”, mantiene.

“Avanzar en una mayor integración presupuestaria exigiría un incremento sustancial de los ingresos que maneja la UE, lo que pasa por reforzar su sistema de recursos propios y también por considerar la emisión de deuda pública conjunta”, introduce el informe del CES.

“En definitiva, la movilización de financiación mutualizada para escalar la inversión en bienes públicos europeos con el fin de reforzar la competitividad de la UE y preservar el modelo social europeo, aunque es una necesidad, no parece tener visos de solución con los mimbres actuales. Se trata sin duda del gran reto al que tendrá que hacer frente el nuevo ejecutivo comunitario que salga de las urnas tras las elecciones al Parlamento Europeo que se celebrarán en junio de 2024”, observa.

Otros retos comunitarios a los que apunta el organismo son “el necesario equilibrio del nuevo marco con la política monetaria” y completar la Unión Bancaria, “lo que permitiría evitar situaciones de inestabilidad financiera, al tiempo que contribuir a la resiliencia y la sostenibilidad económicas de la UE”.

Por último, dado el limitado espacio fiscal existente en la Unión Europea, “es necesario profundizar en la integración financiera avanzando en la Unión del Mercado de Capitales, para lograr unos mercados financieros y de capitales más diversificados, profundos y competitivos que permitan movilizar el capital privado y contar con los recursos financieros necesarios para impulsar la innovación y respaldar las inversiones en el marco del Next Generation EU abordando las transiciones verde y digital”.