Millones de personas migrantes se enfrentan a la explotación laboral en el sector de la agricultura europea. En un momento en el que los agricultores están en pie de guerra contra la agenda verde, a la que acusan de minar su negocio, la organización Oxfam analiza la situación de buena parte de su fuerza laboral: de los 9,2 millones de personas que trabajan en el sector en el continente, 2,4 millones son trabajadores temporales extranjeros. Se trata del 26% del total, aunque la cifra puede ser mayor teniendo en cuenta los permanentes.

“Un contrato de trabajo, incluso en condiciones injustas, poco éticas y explotadoras, es una de las pocas formas de regularizar su situación en Europa y obtener la residencia en la mayoría países europeos. Esto da a algunos empleadores una mayor influencia sobre ellos y, por tanto, más oportunidades de explotarlos”, señala Esenciales, pero invisibles y explotados. La posibilidad de vislumbrar la regularización de su situación hace que los salarios de esas personas sean precarios y, en muchos casos, por debajo del salario mínimo e incluso inferiores a los que percibe la población local.

Oxfam pone ejemplos concretos en los que se ha dado esa situación. Uno de ellos tuvo lugar en Baviera (Alemania) durante la pandemia –una etapa que pasó especial factura a esos trabajadores–, cuando los contratados alemanes cobraban entre 13 y 11 euros por hora frente a los diez, o incluso menos, de los temporales del este. Lo mismo se detectó en Holanda, donde los migrantes cobran en torno a diez euros la hora, la mitad que los locales. En el caso de las mujeres, es aún peor. La brecha salarial es una realidad que, en el caso de Italia, supone una diferencia de hasta el 30%, de acuerdo a ese análisis.

Pero la precariedad va más allá de los sueldos. Muchas veces los contratos reflejan menos horas de trabajo de las que se realizan y Oxfam ha documentado jornadas de hasta 15 horas e incluso apunta a que los recolectores tailandeses de frutas del bosque en Suecia trabajan entre 12 y 19 horas seis días a la semana.

El informe pone el énfasis en los intermediarios o agencias de reclutamiento: “Se aprovechan de la vulnerable situación socioeconómica de los trabajadores y se lucran ilegalmente haciendo deducciones de sus salarios diarios. Reclutan a inmigrantes recién llegados que están desesperados por encontrar trabajo para que acepten salarios extremadamente bajos por jornadas laborales muy largas, con casos documentados de salarios de 37 euros por jornadas de 10 horas”.

Además, muchas veces los inmigrantes optan por el sistema de remuneración del pago por peso recolectado que, a priori, supone una menor garantía de ingresos mínimos, porque les permite una suerte de “autoexplotación” que les lleva a “maximizar el rendimiento económico de su trabajo”. “Varios informes han documentado como, en España, algunos empleadores imponen niveles mínimos de trabajo a destajo que, si no se alcanzan, dan lugar al despido. En Alemania se ha denunciado que, en ocasiones, el incumplimiento de cuotas de cosecha poco realistas conlleva la privación de trabajo y salario”, afirma el informe, que también alude a la “precariedad e inseguridad de los empleos”. En Alemania, por ejemplo, se puede despedir a los empleados temporales de un día para otro y eso supone que se enfrenten a perder su trabajo “por mal tiempo o caer enfermos”.

Los empresarios se aprovechan también de la difícil situación de las personas migrantes en el derecho a la atención sanitaria en un sector que ya de por sí es de los más peligrosos. En Alemania se informó de un caso de un trabajador rumano al que se cobró un seguro sanitario que resultó no existir: “Cuando se produjo un accidente laboral, la empresa pretendió que se pagara los gastos de su bolsillo”.

En el caso de los temporeros, uno de los abusos se produce a la hora de la acomodación, que en numerosas ocasiones se realiza en barracones o espacios sin las condiciones mínimas de vida. “Cobrar a los trabajadores de las granjas en Alemania más de 300 euros por una cama en una habitación compartida es una práctica común”, señala el documento, que denuncia que en muchas ocasiones los refugiados o solicitantes de asilo cobran menos en Italia bajo el pretexto de que no tienen que pagar alojamiento porque residen en centros de recepción. En ese país y en España algunas autoridades municipales han llegado a rechazarles en centros públicos porque no se podían registrar como residentes.

En muchos casos los alojamientos están lejos de las zonas de trabajo, lo que hace que sea difícil acceder a servicios básicos, y muchas veces dependen de los empleadores para el transporte. Según el informe, en lugares como Murcia se llega a cobrar a los trabajadores por esos desplazamientos (hasta cinco euros al día que se deducen de sus salarios).

“El comportamiento abusivo y violento hacia los trabajadores agrícolas migrantes por parte de sus empleadores están documentados en diversas fuentes”, denuncia Oxfam: “Se han documentado casos en Francia, Italia y España de trabajadores obligados a guardar silencio, amenazas, violencia verbal, humillaciones, insultos y abusos racistas. También se han denunciado casos en Italia en los que prácticas intimidatorias se despliegan para no pagar a los trabajadores y hacer que tengan miedo de quejarse. En España, los Países Bajos y Alemania, hay casos documentados en los que se recurre a la intimidación mediante la amenaza o la imposición de multas arbitrarias que reducen significativamente los salarios”. El informe apunta directamente a la violencia racial, pero también de género dado que se han denunciado violencia, acoso y abusos perpetrados contra mujeres.

“Los dirigentes europeos no pueden seguir ignorando la explotación que acecha a la industria agrícola y que se cuela en el carro de la compra de todos los europeos. Pero hay esperanza en una nueva ley de la UE sobre cadenas de suministro: podría acabar con la explotación, si los países europeos la utilizan bien”, señala Nerea Basterra, directora del Sector Privado de Oxfam Intermón. Entre las recomendaciones que hace la organización está el fortalecimiento de la condicionalidad social de la Política Agraria Común (PAC), así como el impulso para que los sindicatos y organizaciones de trabajadores mejoren la representación de los migrantes.