Imanol Arias vuelve a todas las pantallas por su papel en Cuéntame, pero no interpretando a Antonio Alcántara, sino por haber sellado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado, aceptando una pena de cárcel inferior a los dos años -que le evitará ingresar en prisión-, cinco de los delitos fiscales que se le imputaban y abonar una multa que, finalmente, también se verá reducida espectacularmente.

Y en este contexto conviene alertar del efecto nocivo que puede tener el tratamiento excesivamente favorable de algunos delitos contra la Hacienda Pública en la conciencia fiscal de los ciudadanos, especialmente en plena Campaña de la Renta. Porque este tipo de acuerdos, al fin y al cabo, resquebrajan la percepción de la ciudadanía de las consecuencias de incumplir con el pago de los tributos con los que se soportan gastos públicos tan necesarios, y valorados, como los destinados al sistema sanitario o educativo.

A este tratamiento favorable de los acuerdos de conformidad, podemos sumar otras polémicas disposiciones del Código Penal que otorgan una exención de responsabilidad a quien regulariza después de defraudar, por lo que nunca podría denunciarse que ha cometido delito fiscal.

Por ello, desde Gestha vemos necesario impulsar un observatorio con amplia participación social, de autoridades y órganos administrativos y judiciales para analizar y debatir sobre el tratamiento y la persecución que deba darse a quienes colaboran o cometen los delitos fiscales.

Además, la lucha contra el fraude debe dejar de ser un deseo o una apelación electoral , para implicarse en la puesta en marcha de propuestas para su reducción que sean evaluables con posterioridad.

Pues bien, entre esas propuestas se requiere, sin ninguna duda, un incremento de las funciones y responsabilidades de los técnicos de Hacienda para descubrir delitos contra la Hacienda Pública, especialmente teniendo en cuenta que las denuncias por delitos fiscales se han hundido de manera estrepitosa casi un 82% desde el máximo alcanzado en 2011. Un desplome que debería llevarnos a reflexionar de las causas que lo han provocado.

Entre dichas causas, vemos inexplicable que la AEAT (Agencia Tributaria) no aproveche nuestras capacidades y haya limitado nuestras competencias para que no podamos perseguir los delitos contra la Hacienda Pública o el fraude más complejo y sofisticado, cuando los técnicos de Hacienda representamos el 84% de los funcionarios del grupo A que descubren el fraude fiscal, liquidan y cobran deudas y proponen sanciones.

Y en este contexto socioeconómico, también procedería realizarnos otras preguntas: ¿por qué la AEAT se resiste a realizar una evaluación oficial de la economía sumergida?, ¿por qué no aumenta su plantilla hasta la media de las Administraciones tributarias europeas?, ¿por qué no deja de parchearse el sistema tributario y se acomete, de una vez por todas, una reforma fiscal completa e integral, como vienen reclamando tantas comisiones de personas expertas nombradas por los sucesivos Gobiernos?

Los técnicos de Hacienda entendemos que quien ha sido denunciado por la Fiscalía y la Abogacía del Estado por cometer presuntamente seis delitos contra la Hacienda Pública, cuatro de ellos agravados, tendría que asumir su responsabilidad en mayor grado que el acordado. De lo contrario, la conciencia fiscal de los contribuyentes se verá peligrosamente deteriorada, así como la propensión al fraude no disminuirá entre los grandes evasores a la vista de la generosidad de los acuerdos, con las consecuencias que conlleva también para nuestras cuentas públicas y, por qué no decirlo, de la igualdad en la aplicación de la ley y la confianza en nuestro sistema democrático.

José María Mollinedo es secretario general del sindicato de técnicos de Hacienda Gestha.