La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, ha recordado este martes a que, en caso de que el organismo decida analizar en profundidad la oferta pública de adquisición (opa) de BBVA sobre Banco Sabadell, el Gobierno podrá imponer condiciones adicionales a esta operación hostil, que el Ejecutivo rechaza públicamente. Se trata de una posibilidad prevista en la legislación y “no es algo discrecional”.
Serían otras condiciones propias de “el análisis digamos de ámbito político” y relacionadas con aspectos como la protección del medioambiente, de los consumidores, objetivos de la regulación sectorial o la innovación. “No creo que sea algo discrecional porque la ley establece claramente cuáles son los motivos”. “Es el procedimiento que establece la ley”, ha recordado Fernández, que ha dicho que no le “consta” que haya presiones políticas sobre esta opa.
La presidenta de la CNMC ha recordado que el análisis de la opa por parte de Competencia está “en la fase de análisis inicial” y ha rogado a los periodistas que respeten los tiempos “para que los instructores puedan hacer su trabajo”. Ahora está en fase de instrucción por la Dirección de Competencia, que deberá hacer un “primer análisis desde el punto de vista técnico” y está requiriendo información “a las partes”.
Esta primera fase tiene un plazo de un mes, que se suspende con cada requerimiento de información. El BBVA ha dado por hecho que se aprobará en primera fase. Fernández ha dicho que es “prematuro” para saberlo. Uno de los factores que influirá será “cómo de fácil sea el acceso a la información” y las “posibles soluciones” que se planteen a los problemas de competencia planteados por la operación.
Preguntada por los plazos, Fernández ha recordado que el análisis de la absorción de Bankia por parte de Caixabank, que se aprobó en primera fase, “llevó entre seis y ocho meses”. Pero aquí “las dos partes iban de la mano y proporcionaban la información desde el primer momento. Este es un escenario un poco distinto”.
En caso de que la operación pase a “segunda fase”, habrá más participación de los interesados, con un plazo para resolver de tres meses, y la CNMC hará un análisis “con muchísima más profundidad y detalle” para aprobarla “con compromisos o incluso prohibirla”. Después, y en una “tercera fase”, el Ejecutivo tendrá otros dos meses para imponer en su caso esas condiciones extra.
La presidenta de la CNMC, que acaba de cumplir cuatro de sus seis años de mandato, ha querido rendir “tributo” al ya exgobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, tradicional asistente a estas jornadas, “por su aportación a la economía española y europea así como al interés general”.
Ha asegurado que el papel del organismo como coordinador de servicios digitales al amparo de la DMA (Digital Markets Act) es “el mayor reto que puede tener un supervisor”.
En este campo, están “muy preocupados por los servicios en la nube”, un “mercado altamente concentrado”, con solo “cuatro operadores”, que utiliza el 30% de las empresas españolas. La CNMC ha lanzado un estudio de mercado sobre estos servicios que está abierto a consulta pública. Se trata de “adelantarnos” a las tendencias en mercados digitales para intentar evitar que se reproduzca lo que ocurrió en el pasado con los buscadores.
