Casi 100 euros más cada mes. La asfixiante inflación ha disparado un 24% el gasto que las familias dedica a comprar alimentos desde antes de la pandemia. El dinero que se dejan los hogares en los supermercados al mes alcanzó en 2023 el récord de 444 euros, en promedio, desde los 357 euros de 2019, según la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) del Instituto nacional de estadística (INE), que se realiza desde 2006 y cuya última edición se ha publicado este jueves.

Solo el año pasado, el gasto en alimentos saltó un 6%, como se puede observar en el gráfico. Su peso en el gasto total de las familias —32.617 euros en el conjunto de 2023, un 3,8% más que en 2022— se ha estacando entre el 16% y el 17%, dos puntos por encima del 14% de los años previos al shock de la COVID. Es decir, de cada 10 euros que gastan las familias de media, actualmente algo más de 1,6 euros se queda en la caja registradora de los supermercados, las carnicerías, las fruterías o las pescaderías.

Los alimentos son la segunda “categoría” de consumo de la Encuesta de INE que más pesa en los presupuestos familiares. La primera tiene que ver con el otro gran grupo de gasto de primera necesidad: la vivienda y sus suministros (agua, electricidad, gas), que se eleva 31,8% del total cada mes, tras crecer un 2% desde 2022. De nuevo, en promedio.

En Murcia y en Navarra, el gasto en alimentos supera la media nacional y roza los 500 euros al mes. Mientras, en Castilla-La Mancha y en Extramadura se queda por debajo de los 400 euros.

El dato más preocupante es el peso que suponen los alimentos para las familias que menos gastan. Exactamente, para el quinto de hogares de la parte baja, escala hasta el 21% del gasto total. Mientras que para el quinto de familias de la parte alta es solo un 12,4% de lo que gastan cada mes en total.

El propio INE destaca que “el 20% de los hogares con menor gasto (el primer quintil) dedicó el 63,5% de su presupuesto a vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles y a alimentos y bebidas no alcohólica”. Es decir, de cada 100 euros, en 2023 solo les quedaron cada mes 36,5 euros para otros gastos, como la factura del teléfono, el ocio o el dentista.

“Los datos [de la misma EPF del INE] muestran cómo los sectores más pobres gastan una mayor parte de sus ingresos en bienes básicos como los alimentos, la electricidad y el gas, mientras que los ricos disparan la proporción de gasto en transporte, ocio y cultura y hoteles y restauración”, incide el equipo de expertos de CGT.

Hay que entender que cubrir las necesidades básicas tiene lo que la teoría económica define como una demanda inelástica, que no se reduce drásticamente aunque se disparen los precios, porque no se puede prescindir del pan o de la fruta sin pasar hambre, mientras que sí se puede dejar de comprar un televisor sin consecuencias vitales.

“¿Todo esto qué implica? Que dependiendo de en qué componentes se estén produciendo los mayores aumentos de precios, el IPC [Índice de Precios de Consumo, que también calcula el INE] será más o menos representativo de la pérdida de poder adquisitivo que experimenta la clase trabajadora y especialmente los sectores más empobrecidos de la misma”, continúan desde el sindicato anarcosindicalista.

“En el episodio inflacionario que estamos viviendo desde 2021, el crecimiento de precios fue impulsado inicialmente por la energía (electricidad, gas, combustibles…), y seguido por los alimentos, el transporte y la hostelería. Y aunque en la actualidad la inflación en la hostelería y el transporte (componentes más significativos en el consumo de las rentas altas) sigue teniendo mucho peso, el aumento del precio de los alimentos es mucho mayor. Todo esto apunta a que, en conjunto, la pérdida de poder adquisitivo de los más pobres es mayor de lo que indican las estadísticas generales, e incluso si sus salarios se igualaran al IPC, seguirían perdiendo poder adquisitivo”, concluyen.

Lo que está claro es que el 'bolsillo' de los trabajadores cada vez sufre vez más en las incursiones al supermercado. Aunque la inflación de los alimentos se moderó al 4,4% en mayo (la tasa internanual llegó a dispararse al 16,6% en febrero de 2023), los precios no han parado de aumentar cada mes muy por encima de los salarios desde mediados de 2021.

La principal medida del Gobierno de coalición para aliviar el daño de la inflación en los supermercados a las familias, sobre todo a las más vulnerables, fue el recorte del IVA a los alimentos básicos desde principios de 2023. Esta bajada del impuesto caducaba a finales de este mes, pero el Ejecutivo ha decidido prorrogarla en el Consejo de Ministros de este martes, con un esfuerzo extraordinario para controlar el precio del aceite, totalmente desorbitado en esta crisis de inflación.

El aceite, que ya pasó del 10% al 5% de IVA desde el decreto anti crisis que se empezó a desplegar en enero de 2023, formará parte ahora del grupo de productos de primera necesidad —el pan, las harinas, la leche, los quesos, los huevos, las frutas y verduras— que tienen un tipo del 0% desde el año pasado (en lugar del 4% que se aplicaba hasta entonces) hasta el 30 de septiembre. A partir de octubre pasarán al 2% de IVA, hasta final de año.

“Cuando los tipos vuelvan a la normalidad, el aceite se quedará con el IVA reducido del 4%”, anunció la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Montero ha reconocido que esta prórroga y la subida progresiva, a partir del 1 de octubre, combinan el mantenimiento de las medidas de alivio a la subida de precios que se pusieron en marcha con la guerra en Ucrania con la exigencia de la Comisión Europea de ir recuperando la fiscalidad previa a la invasión rusa de Ucrania.

La prórroga de la rebaja del IVA del 10% al 5% es ahora solo para “las pastas alimenticias” y los aceites de semilla hasta el final de septiembre. De ahí a diciembre, el IVA de estos productos será del 7,5%.

Asimismo, se prorrogaron otras medidas del decreto anti crisis que decaída al final de este mes de junio, como la rebaja del IRPF para las familias con menos ingresos, exactamente para las que cobran el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), pero que beneficiará a las rentas hasta 22.000 euros brutos anuales.

“También extendemos el escudo social para los colectivos más vulnerables, que también se benefician de las medias anteriores”, ha añadido Montero. Este escudo social incluye la prohibición de cortes de suministro de agua y energía a consumidores vulnerables, hasta final de año, y la prórroga de los descuentos del bono social eléctrico hasta el 30 de junio de 2025. 

Mientras, el IVA del recibo de la luz de los contratos domésticos apunta a su regreso al valor reducido del 10% en julio, con el repunte en el precio del mercado mayorista de la electricidad por encima del listón de los 45 euros por megavatio hora (MWh) en este mes de junio, según contempla el primer decreto anti crisis, de 2021.

A estas medidas, se unen otras decisiones históricas del Gobierno de coalición para proteger las rentas de las familias como el aumento del SMI, la revalorización de las pensiones según el IPC, el diseño del IMV (Ingreso Mínimo Vital) y la financiación de los ERTE en la pandemia para evitar una destrucción masiva de empleos, junto al resto de medidas para controlar el encarecimiento de la energía.