Como ya había anunciado Escrivá este mismo lunes, más de un 10% de plazas en la Administración General del Estado están reservadas para personas con discapacidad. Son un total de 3.147, de las que 629 irán destinadas a personas con discapacidad intelectual que, según ha indicado este martes en rueda de prensa, “siendo uno de los colectivos más vulnerables, es más difícil trabajar en su empleabilidad”.

Del total de 40.146 plazas, 31.465 son para puestos en la Administración General del Estado. Estas dependen del Gobierno y sus diferente organismos, a través de lo que realiza las funciones o presta a la ciudadanía los servicios que dependen directamente del Ejecutivo. Esto incluye, por ejemplo, el Servicio Estatal Público de Empleo, la Seguridad Social o la Dirección General de Tráfico, donde el Gobierno busca un refuerzo. No incluye, por tanto, aquellos trabajadores públicos que dependen de las comunidades autónomas o las corporaciones municipales, como el grueso de sanitario o trabajadores en educación.

De estas más de 30.000 plazas, solo 20.840 son de acceso libre. Es decir, cualquier ciudadano puede optar a ellas. El resto, 10.625 serán de promoción interna, con las que el Ejecutivo pretende configurar un “modelo en el que la trayectoria y las carreras profesionales de los trabajadores públicos se impulsen por distintas vías”.

El ministro Escrivá ha destacado “un porcentaje muy significativo tanto en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como en las Fuerzas Armadas”. Serán, en total, 8.681, el 21,6% del total de plazas ofertadas. La convocatoria va de las 3.158 plazas para guardias civiles a las 2.857 para policías y las 2.666 para militares.

Escrivá ha destacado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el “refuerzo en el ámbito local, con más de 500 plazas a los habilitados nacionales”. A falta de conocer los cuerpos específicos, según los datos del ministerio, estos son los “sectores estratégicos” donde el Ejecutivo quiere incidir

El plan cuenta solo con la adscripción de UGT. Tanto Comisiones Obreras como el sindicato de funcionarios CSIF se había descolgado del acuerdo con Función Pública.

Desde CSIF señalan que esta oferta de empleo público supone un “freno a la renovación de las plantillas”, porque “reduce un 6,10% la creación de empleo neto en la Administración del Estado”. “Hay que tener en cuenta que en los próximos 8 años se jubilará previsiblemente el 60% de la plantilla”, advierten. Además, desde este sindicato recuerdan los “retrasos en los procesos”, que hacen que desde 2019 se acumulen “cerca de 50.000 plazas sin cubrir”, algunas de las cuales “han caducado por una mala gestión y no podrán volver a convocarse”.

El ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública se había marcado como objetivo recuperar el empleo perdido durante la crisis de 2008, unos 80.000 puestos, y acercar los datos a la media de la OCDE, en torno al 18,63%, dos puntos más que en España. Dentro de las medidas para corregir este desajuste, el Gobierno había anunciado la eliminación de la tasa de reposición a partir de 2025, el límite que imponía el Gobierno central a las ofertas de empleo público.