Nuevo récord de pérdidas para Orbis Properties, inmobiliaria en la que tiene una participación minoritaria la familia de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre y que es casero del gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

La empresa, dedicada al alquiler de oficinas en Madrid, perdió el año pasado 25,9 millones de euros, un 73,8% más, tras apuntarse nuevos deterioros millonarios en el valor de sus inmuebles.

El año pasado la facturación de Orbis creció un 4,3%, hasta 16 millones, según sus cuentas, que acaba de remitir al mercado francés Euronext, donde están admitidos a cotización sus títulos.

El aumento de las ventas “pudiera deberse principalmente al mayor porcentaje de ocupación de los activos por la entrada de nuevos inquilinos aun considerando la implementación parcial del teletrabajo o la inflación derivada de los conflictos bélicos”, dice en su informe de gestión.

Y hasta ahí el optimismo, porque la empresa batió otro récord de números rojos, al dotar nuevos deterioros en el valor de sus activos por importe de otros 23,3 millones. Además, con el Euríbor disparado, los gastos financieros se duplicaron con creces hasta más de 11,1 millones.

Con ello las pérdidas acumuladas desde la creación de Orbis en 2018 rondan ya los 70 millones. La empresa, que nunca ha declarado beneficios, es una inmobiliaria cotizada (socimi) sin empleados que cotiza en París, aunque sus títulos no tienen liquidez porque su socio único es una empresa de Luxemburgo. Tiene su sede en Madrid, donde están todos sus activos.

Orbis opera en un sector sometido a una fuerte incertidumbre desde el estallido de la pandemia. De hecho, el gobierno madrileño presentó en febrero un “plan de choque” que prevé la reconversión de oficinas en desuso en viviendas para alquiler asequible.

La socimi reconoce en sus últimas cuentas que las circunstancias del mercado pueden “ralentizar la reversión del deterioro de las inversiones inmobiliarias deterioradas”. El año pasado el valor neto contable de estos activos (siete edificios de oficinas en la capital) se recortó en 25 millones, hasta 206 millones.

La empresa tuvo que volver a apuntarse esos deterioros por normativa contable, basándose en los análisis de recuperabilidad de las inversiones a partir de las valoraciones de expertos independientes y aspectos como la ocupación, antigüedad, estado o ubicación de los inmuebles.

Esos deterioros afectaron en 2023 a todos sus activos, menos uno: el que Orbis tiene alquilado a la Comunidad de Madrid en la calle Agustín de Foxá, junto a la estación de Chamartín. Este inmueble, el más céntrico de su cartera, y que data de 1975, es la sede de la Agencia Madrileña de Atención Social. Este organismo autónomo se dedica a atender a los colectivos de mayor vulnerabilidad de la región. 

El edificio fue de los pocos de Orbis que aumentaron su ocupación en 2023. Subió tres puntos, hasta el 82,3%. En uno de sus edificios en el parque empresarial Cristalia, a las afueras de la capital, hubo desbandada de inquilinos y la ocupación se desplomó en un año del 83,3% al 41,8%.

Como reveló elDiario.es, los Aguirre se convirtieron en accionistas de Orbis en noviembre de 2020 a través de una sociedad en Luxemburgo, EPISO 4 Rebound Holding, mediante la española La Granjilla de la Fresneda SL.

Esta empresa estuvo años inactiva, hasta que en 2022 empezó a facturar por primera vez desde su creación en 2008. Su administrador único era el consultor inmobiliario Santiago Aguirre Gil de Biedma, hermano de Esperanza Aguirre. Como apoderada figuraba otra hermana de la expresidenta, Piedad Aguirre. En teoría se dedicaba a “la explotación de uso de la finca denominada La Granjilla” en El Escorial (Madrid), perteneciente a la expresidenta y su familia y donde estaba domiciliada.

Sin embargo, ha sido extinguida este mismo año. A comienzos de 2024 La Granjilla de la Freneda SL fue absorbida por Sancrismalu SL. Domiciliada en la calle Serrano de Madrid, esta empresa la administra una cuñada de Esperanza Aguirre, la artista María Avilés. Como apoderado todavía figura su marido y anterior administrador único, Santiago Aguirre.

El hermano de la expresidenta creó Sancrismalu en 2018, año en el que el fundador de la consultora inmobiliaria Aguirre Newman vendió su empresa a la multinacional Savills.

Sancrismalu, que no ha querido hacer comentarios, tiene una web que explica que se dedica a la promoción inmobiliaria y al private equity mediante la inversión en “capital y deuda de empresas inmobiliarias, tecnológicas, restauración y moda”.

Cuando se les llama por teléfono, lo primero que ofrecen al interlocutor es contratar la finca de los Aguirre para una boda en ese privilegiado enclave, que adquirió el tatarabuelo de Esperanza Aguirre a finales del siglo XIX. Diseñado por Juan Bautista de Toledo, primer arquitecto del Monasterio de El Escorial, el monje escurialiense Fray José de Sigüenza describió esa finca como un parque que evocaba el Paraíso.

La web de Sancrismalu no publicita bodas en La Granjilla, pero sí una promoción de viviendas en un elegante edificio de principios del siglo XX en el centro de San Sebastián, en la calle Prim 10. El inmueble se lo compró al Gobierno vasco en subasta pública en 2018 por más de 10 millones otra empresa de Santiago Aguirre, Boyton Invest. En ella era socio el multimillonario mexicano Allen Sanginés-Krause, al que la Fiscalía llegó a investigar por pagar gastos opacos al rey emérito, Juan Carlos I.

Tras una reforma integral, en el edificio en la capital guipuzcoana ya solo quedan sin vender cuatro viviendas. Los pisos de tres habitaciones con dos baños se venden a partir de 1,25 millones, explican desde la inmobiliaria que los comercializa.

La web de Sancrismalu también promociona la firma de moda Romualda, de Cristina y Mariana Aguirre, las hijas de Santiago Aguirre. Lo contaba Vanity Fair en 2023: “Mariana lleva la imagen de marca y Cristina se encarga de la dirección artística y de pintar los tejidos con los que luego crean los sombreros”. “La familia Aguirre presume de ser una piña en la que arte y negocios (y política) van de la mano”, añadía la publicación.

La Granjilla de la Fresneda, ahora absorbida por Sancrismalu, era además de accionista minoritario, prestamista de la dueña de Orbis. A cierre de 2022, esa instrumental de Luxemburgo tenía contraído con la empresa de los Aguirre un préstamo de 261.447 euros. A esa fecha había devengado 15.522 euros en intereses acumulados.

En sus últimas cuentas, Orbis explica que el año pasado dejó de pagar intereses a su dueño luxemburgués. A cierre de 2023, su fondo de maniobra negativo se había multiplicado por 14 respecto a 2022. Ya alcanzaba 65 millones, “debido principalmente a la deuda y los intereses devengados y no pagados” de los préstamos concedidos por esa instrumental del Gran Ducado.

Deudas de 65 millones que en principio vencían el 31 de marzo de este año. Pero el pasado 19 de junio se extendió el vencimiento en 21 meses. Como tiene el apoyo “por escrito” de su dueño, Orbis ha formulado sus cuentas bajo el principio de empresa en funcionamiento. A las deudas con su accionista luxemburgués se suman otros 134,5 millones con las entidades financieras Caixabank y Deutsche Pfandriefbank.

El año pasado, la dueña del edificio que tiene como inquilino al gobierno madrileño fue, con gran diferencia, la filial de Orbis que más incrementó sus rentas anuales, según sus cuentas. Estas subieron un 8,6%, hasta 1,8 millones. Fue también la que menos pérdidas aportó al resultado de la socimi, algo más de 248.000 euros. 

Como comprobó elDiario.es tras una petición de información al amparo de la Ley de Transparencia, los contratos adjudicados a Orbis por la Comunidad de Madrid se pactaron a precios superiores a los del mercado en ese momento. La empresa de los Aguirre se convirtió en accionista tras ampliar el Gobierno de Ayuso la superficie alquilada a esta socimi en 2020. En pleno confinamiento y en lo peor de la pandemia.

Orbis había comprado el edificio al casero original, Colonial. El penúltimo día de 2021 la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid, que entonces dirigía Javier Fernández-Lasquetty, ex pupilo de Aguirre, refundió los contratos anteriores y pactó una subida de la renta del 20% respecto al contrato firmado en 2016 con Colonial. Eso no impidió que en 2022 Orbis se anotase unas pérdidas récord. Hasta ahora.

El contrato de Lasquetty, uno de los de mayor importe que ha firmado la Comunidad de Madrid como inquilina durante el mandato de Ayuso, estaba valorado en 2,8 millones. Se adjudicó por el procedimiento negociado sin publicidad, lo habitual en este tipo de contrataciones con la Comunidad de Madrid. Comprende el alquiler de 2.242,44 metros cuadrados del edificio de Agustín de Foxá 29. La consejería ocupa este inmueble desde 2010. También tiene oficinas en el número 31.