El acuerdo alcanzado entre PSC y ERC para facilitar la investidura de Salvador Illa, siempre que las bases republicanas lo avalen, incluye un pacto para avanzar hacia un nuevo modelo fiscal y de financiación para Catalunya.

Pero, ¿qué significa recaudar todos los impuestos? ¿Y qué es exactamente el llamado “régimen común”? A continuación respondemos algunas de las preguntas que han surgido a raíz del acuerdo en Catalunya y que seguirán dando que hablar en las próximas semanas.

En España existen dos modelos de financiación de las Comunidades Autónomas, que entre sus competencias cuentan con algunos de los servicios públicos más importantes del estado de bienestar, como la sanidad, la educación o la vivienda. Estos modelos son el “régimen común” y el “régimen foral”. Dentro del primero, Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla tienen tratos excepcionales por cuestiones históricas y geográficas. Dentro del segundo están los conciertos de Euskadi y Navarra, por razones históricas.  

Junto con los recursos que el sistema de financiación proporciona a las Comunidades Autónomas, hay que añadir el resto de recursos de que estas disponen: tributos propios, transferencias de los Presupuestos Generales del Estado, fondos de la Unión Europea… De igual manera, las Comunidades Autónomas pueden obtener financiación acudiendo al endeudamiento, aunque con unos límites diseñados por el Estado.  

La diferencia entre el “régimen común” y el “régimen foral” es que en el primero la Administración central recauda una gran parte de los impuestos (no todos, porque algunos están cedidos plenamente como sucesiones, patrimonio... otros parcialmente como el IRPF y algunos son propios o de las Administraciones Locales) y después los reparte entre las Comunidades Autónomas para que financien sus competencias y algunas inversiones, según “un principio de solidaridad” entre las más ricas y las pobres. Es cierto que este régimen está caducado y está a la espera de ser reformado desde hace años para ajustarse a la realidad actual de cada región, y no a la de 2009 sobre la que está formulado.

En el segundo, la Comunidades Autónomas recaudan la mayor parte de los impuestos, financian todas sus competencias e inversiones y pagan una aportación al Estado (el conocido como 'cupo vasco' en el caso de Euskadi por los servicios que se pagan desde la Administración central más una contribución al Fondo de Compensación Interterritorial). Una versión de este “concierto” o “régimen foral” es lo que está plasmado en el acuerdo entre PSC y ERC.

La preocupación por la infrafinanciación de la Generalitat viene de atrás y está muy extendida en la sociedad catalana, mucho más allá del independentismo. Tanto el PSC como los comuns sostienen que Catalunya recibe un trato injusto en la asignación de recursos e incluso el PP catalán considera que debe mejorarse la fórmula, una opinión que también sostienen los responsables regionales de sindicatos mayoritarios, las patronales y la mayoría del mundo académico catalán.

Los republicanos retomaron en esta última legislatura el proyecto para dotar a Catalunya de una nueva financiación autonómica que, a su entender, debe ser negociada bilateralmente con el Estado y dar a la Generalitat herramientas de soberanía. Para cumplir con este requisito, en opinión de ERC, el único modo es que haya un encaje singular para Catalunya, como ocurre con las tres provincias vascas y Navarra, pese a las grandes diferencias de población, economía y renta que hay entre estas comunidades y las implicaciones que podría sufrir la solidaridad entre las autonomías por salir del régimen común que establece la ley de financiación.

Absolutamente. La fórmula propuesta por ERC, de hecho, copia el pacto del primer tripartito entre PSC, ERC e ICV, en el año 2003, y también lo que se acabó plasmando en la primera versión del Estatut reformado que salió del Parlament en septiembre de 2005.

De hecho, algunos de los párrafos clave del documento firmado ahora por PSC y ERC son calcados a los que incorporaba aquella primera versión estatutaria, que acabó rebajada en el Congreso y, sobre todo, en el Tribunal Constitucional.

Pero, antes de eso, ya en tiempos de José María Aznar y Jordi Pujol el sistema de financiación era fuente de conflicto, por la pretensión del president de que se traspasara a las comunidades el 50% del IRPF, como acabó ocurriendo en el año 1997. Aunque Jordi Pujol se negó a aceptar el cupo para Catalunya que hoy se propone cuando se establecieron inicialmente los sistemas de financiación autonómicos.

En tiempos más recientes, uno de los momentos de génesis del proceso independentista fue la malograda pretensión de Artur Mas ante Mariano Rajoy para alcanzar algún tipo de pacto fiscal para Catalunya. El rechazo del presidente del Gobierno del PP a la propuesta del representante de CiU, en septiembre de 2012, fue respondida en la Diada de aquel año con la primera manifestación multitudinaria del independentismo. 

La salida de Catalunya del llamado régimen común es una operación legislativa de gran envergadura que requiere, al menos, de la modificación de la ley de financiación autonómica, LOFCA, que tiene rango de orgánica, además de la ley de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común o de la ley de cesión de tributos. 

Estos cambios exigen, al menos, una mayoría absoluta en el Congreso dispuesta a apoyar el concierto para Catalunya que, por ahora, parece muy difícil de conseguir.

Pero, además, algunas cuestiones pueden plantear dudas de carácter constitucional. La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de 2010 ya redujo el perímetro de la soberanía fiscal de Catalunya al considerar que no podía condicionar su aportación a la progresividad fiscal del resto de comunidades.

Uno de los argumentos (o el principal) sobre el que se sostiene la exigencia de “un concierto” o “régimen foral” para Catalunya es el déficit fiscal. Hay que entender que la balanza fiscal de un territorio es la diferencia entre lo que aportan sus habitantes y empresas a través de impuestos y lo que les llega de vuelta en gasto público del Estado. Los expertos hablan de esta balanza como un modelo que debe dar información no tanto sobre el modelo de financiación autonómica sino de redistribución del sistema fiscal. 

Es por ello que los territorios más ricos suelen tener un resultado negativo y los menos ricos, positivo. “Pueden ser una herramienta útil, también como un ejercicio de transparencia, para conocer de dónde vienen y a dónde van los recursos”, explicó Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, a elDiario.es hace algunos meses. “Para lo que no debe de servir es para abordar la financiación autonómica”, apunta en una idea en la que coinciden otros expertos consultados por este medio. 

Balanzas fiscales y financiación autonómica, aunque a menudo se aborden como temas paralelos, solo están indirectamente relacionados. Lo que explicado brevemente puede ser una magnitud simple, una mera resta o un saldo, en realidad no lo es. Durante años se ha considerado muy complejo calcular cómo repartir por territorios el gasto y concluir quiénes son los beneficiarios del mismo. Los hay que son muy fáciles. Por ejemplo, una carretera construida por el Gobierno central que una dos localidades de una misma comunidad. Otras, no lo son tanto. Como ejemplo, el gasto en Defensa. Se supone que es un servicio del que se benefician todos los habitantes sean del territorio que sean, pero puede que alguna inversión o gasto sea ejecutado en una comunidad concreta, por ejemplo, donde haya un cuartel del Ejército o una fábrica de armamento.  

Las balanzas fiscales se dejaron de publicar en 2017, con datos del ejercicio de 2014. En marzo de este año, el Ministerio de Hacienda publicó los datos para poder calcularlas, un compromiso que había asumido el Gobierno de Pedro Sánchez, en este caso con Junts. Pero no ofreció cifras más concretas. 

En otoño, la Generalitat ya había hecho su propia estimación de “déficit fiscal”, que concluía que los catalanes pagan 20.000 millones de euros en impuestos que no retornan a la región. Los partidos catalanes, incluido el PSC, utilizan los cálculos de la propia Generalitat para remarcar que su Comunidad Autónoma es “la tercera en aportar recursos, y la decimocuarta en recibir recursos”, en palabras de Salvador Illa. Sin embargo, otros expertos rebajan ese déficit y señalan que no existe ese trato injusto con Catalunya.

No hay que confundir este saldo (este déficit fiscal) con el saldo de la financiación autonómica, que sí se publica de manera centralizada cada año. Es decir, las balanzas fiscales no es lo mismo que el resultado final, cada año, del actual sistema de financiación autonómica del régimen común.

En este sistema (el actual), a todas las comunidades les corresponde un porcentaje de los tributos, un 75% de esa recaudación se deriva a un fondo que se reparte entre las comunidades en función de un sistema de cálculo. A ello se añaden otras herramientas para que todas puedan cubrir los servicios públicos que tienen cedidos (sanidad o educación, principalmente). Es por ello que a Catalunya, Madrid o Balears, más ricas y con mayor capacidad de recaudación, les vuelve menos dinero del que aportan al sistema.  

Si bien son distintas magnitudes (balanzas fiscales y sistema de financiación autonómica), estos tres territorios son igualmente los que tienen un saldo negativo en las balanzas fiscales si acudimos a los últimos estudios que hizo el Ministerio de Hacienda. Esto se debe a que son las comunidades con mayor población de rentas altas o empresas más grandes. En un sistema redistributivo, son estas personas y sociedades las que más aportan fondos de los que se benefician el resto.

La mayoría del resto de Comunidades del “régimen común” cargan con la propuesta de ERC y PSC. Mientras, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señaló desde Palma, tras su encuentro con el Rey, que “es un acuerdo bueno para Catalunya y es un acuerdo bueno para España” que recoge un “compromiso de la solidaridad interterritorial, de la cohesión de los servicios públicos y de la igualdad de los españoles”. Sánchez restó relevancia a la reforma de la financiación autonómica: “Lo importante es contar con gobiernos, tanto a nivel nacional como autonómico, que crean en la fortaleza de los servicios públicos”. En ese sentido, el presidente subrayó que no va a aceptar “ninguna lección” al respecto del PP, “que recorta servicios públicos”. En 2017, Pedro Sánchez rechazó este cupo catalán como solución al sistema de financiación autonómica en una entrevista en TVE.

El Ministerio de Hacienda de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, dicen respetar el acuerdo y guardan silencio. Desde Hacienda ni siquiera entran en si el cálculo de la balanza fiscal de la Generalitat es “controvertido”, según preguntó elDiario.es. Hace 15 días Montero aseguró que no se pondría en marcha un sistema de cupo catalán.

La Ejecutiva Federal del PSOE aprobó este martes una resolución en la que “respalda plenamente” el preacuerdo y “se compromete a impulsarlo y hacerlo efectivo en aquellos puntos donde su materialización dependa de las instituciones de carácter estatal en las que este partido tiene representación”, sin embargo, destacan las voces regionales contra el pacto que llegan desde filas socialistas. “Un acuerdo para Catalunya no puede perjudicar a Andalucía. No voy a permitir ni agravios ni privilegios que perjudiquen a Andalucía. Esto es de primero de Catón. Quiero para Andalucía todo lo bueno que haya en el acuerdo para Cataluña. La línea capital de defensa de Andalucía, siempre dentro de la Constitución, es que esté garantizada la financiación justa de las competencias autonómicas que sustentan el Estado de derecho”, dijo este martes el secretario general del PSOE andaluz y portavoz socialista en el Senado, Juan Espadas.

Por su parte, la portavoz de Compromís en el Congreso de los Diputados, Àgueda Micó, ha advertido este martes de que solo darán el voto de sus dos diputados (integrados en Sumar) a una reforma de la financiación autonómica si aborda la “infrafinanciación” de la Comunitat Valenciana. En la misma línea, el portavoz en el Congreso de la Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, también integrado en Sumar, remarcó: “Solo apoyaremos una reforma de la financiación si Aragón se ve generosamente compensado”, mientras que el diputado del BNG, Néstor Rego, recordó que el acuerdo de investidura entre los nacionalistas gallegos y el PSOE establece que “Galicia tendrá el mismo trato que Euskadi y Cataluña” y exigió el compromiso para garantizar un sistema de financiación justo para Galicia.

El presidente del PP Catalunya, Alejandro Fernández, ha calificado el preacuerdo de ERC-PSC como “un pacto procesista más, que les mantiene a todos en la poltrona”.

“La Agencia catalana está dimensionada para la gestión de los impuestos cedidos y propios con 852 personas empleadas, de ellas realizan funciones de control tributario 23 inspectores y 269 técnicos tributarios autonómicos. Lo que contrasta con la plantilla de la Agencia estatal tributaria en la región, de 3.939 funcionarios estatales y el resto sería personal laboral, de los que ejercen funciones superiores 364 inspectores y 1.365 técnicos de Hacienda”, detallan los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA).  

Además, en un supuesto régimen foral, “se aumentaría la evasión en Catalunya por la falta de experiencia de la Agència Tributària de Catalunya en la gestión y control tributario de todos los impuestos”, recalcan desde este sindicato. 

“La puesta en marcha de esta barbarie implicará consecuencias terribles para todos los españoles y entre ellos, y de forma especial, para quienes residen en Cataluña. La coordinación del sistema tributario se rompería con el consiguiente aumento del fraude fiscal, el coste para todos los ciudadanos también se vería incrementado, innecesaria e ineficazmente y, por supuesto, la gran mayoría de los servicios públicos que recibe la sociedad se verían gravemente dificultados, afectando fundamentalmente a quienes menos recursos tienen”, señala la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado.

Por otro lado, distintos trabajadores de la Agencia Tributaria consultados por elDiario.es alertan de que “si cada región recauda sus propios impuestos” también se eleva el riesgo de “competencia fiscal” a la baja, que beneficie nuevamente a los más ricos. Esta competencia fiscal ya la ejercen gobiernos autonómicos como el del PP de Isabel Díaz Ayuso gracias a los impuestos cedidos y a las competencias normativas. Unas decisiones que perjudican directamente a la sanidad o a la educación en Madrid, en todo el Estado, pero sobre todo en Andalucía, Extremadura o Castilla-Mancha.

Por último, los sindicatos llevan semanas mostrando su inquietud por el futuro de los trabajadores de la Agencia Tributaria estatal en Catalunya. “En ningún momento se ha informado a los representantes de los trabajadores, ni se ha tratado en ninguna reunión, ningún aspecto relativo a la creación de una nueva Agencia Tributaria catalana, ni de la situación en que hipotéticamente quedarían los trabajadores”, denuncian desde UGT. “No nos sorprendería que dejasen tirados a los trabajadores de la Agencia Tributaria estatal en Catalunya. Su máxima es cualquier fin que consideren bueno para sus objetivos justifica la vulneración de acuerdos sindicales y de la normativa vigente en materia de derechos laborales”, inciden.

“Lo que nunca imaginamos es que, desde la Dirección de la Agencia Tributaria estatal, su personal directivo asumiese y colaborase en el desmantelamiento de este servicio público esencial para el correcto funcionamiento del Estado social y democrático”, denuncia una carta firmada este mismo martes por este sindicato y por el SIAT (Sindicato Independiente de la Agencia Tributaria), a la que ha tenido acceso elDiario.es y que va dirigida a la directora general de la institución, María Soledad Fernández. 

“Solicitamos una reunión con carácter de urgencia con esa Dirección General, en la que se nos informe de los planes de futuro que tiene el Gobierno para los trabajadores de la Agencia Tributaria y se negocie con los representantes legítimos de los empleados públicos cualquier aspecto del pacto suscrito entre el PSC y ERC que afecte a los derechos de los trabajadores”, continúa. “Queremos pensar que desde la Dirección no tendrán la ocurrencia de derivar esta competencia a las Juntas de Personal de Cataluña como ha hecho en otras ocasiones en este concreto ámbito geográfico, hurtando a los legítimos representantes de los trabajadores de la Agencia Tributaria estatal la defensa de sus derechos”, finaliza.