El coche eléctrico se ha convertido en el símbolo de la guerra comercial de Occidente con China, pero la división por la imposición de aranceles se le está atragantando al club comunitario.

La UE tiene previsto votar este viernes la imposición de los nuevos aranceles de hasta el 36,3% a los vehículos eléctricos fabricados en China. Lo normal es que la decisión salga adelante dado que para tumbarla se necesita el rechazo de al menos 15 países que representen al 65% de la población europea. Las competencias en materia comercial están en manos de la Comisión Europea y por eso el umbral para ir a la contra es tan elevado. Fuentes comunitarias explican, no obstante, que acelerar la decisión, que puede tomarse de forma definitiva hasta el 30 de octubre, tiene como objetivo enviar un mensaje a Pekín al mismo tiempo que tener margen de maniobra para pulir la propuesta en caso de que los gobiernos la rechazaran.

La competencia desleal de los vehículos fabricados en China, cuyos subsidios están permitiendo venderlos por debajo del precio del mercado gracias a la sobrecapacidad de la industria de ese país, desató todas las alarmas en la UE hace tiempo. Con la invasión china de la tecnología solar en la retina, países como Francia presionaron a la Comisión Europea para que tomara cartas en el asunto. “Los mercados globales ahora están inundados de coches eléctricos chinos más baratos. Su precio se mantiene artificialmente bajo gracias a enormes subvenciones estatales. Esto está distorsionando nuestro mercado”, proclamó la presidenta, Ursula von der Leyen, en el debate sobre el estado de la UE hace un año.

Esa investigación concluyó que se está produciendo una competencia injusta en ese sector y la propuesta de la Comisión Europea fue imponer aranceles adicionales al vigente 10% a los vehículos eléctricos procedentes de China de hasta el al 36,3%. Pero esa decisión generó recelos en países como Alemania, que considera que la maniobra es contraproducente para su industria automovilística. También hay empresas, como BMW o Volkswagen, que están en pie de guerra contra los aranceles.

Aún así, la imposición de las nuevas tasas pasó el primer trámite de la UE, cuando una mayoría cualificada de los estados miembros (al menos quince que representan el 65% de la población europea) las avalaron en una votación que no era vinculante. A medida que se acerca la hora de la verdad la presión se ha multiplicado.

En ese maremágnum en el que hay en juego miles de millones de euros, Pedro Sánchez dio un giro a la posición de España al defender que la UE debía “replantear” la decisión sobre los aranceles. Lo hizo en Pekín, donde estaba de viaje oficial, y tras reunirse con el Gobierno chino, en el que España tiene importantes intereses depositados. Además de eludir las represalias que China ha anunciado a la carne de cerdo, que perjudicarían especialmente a la industria porcina ibérica, están en juego las fábricas de marcas como Polestar o MG.

La marcha atrás de Sánchez (España votó a favor de los aranceles en julio) causó un profundo malestar en Bruselas porque el viraje se produjo en plenas las negociaciones con Pekín, por lo que la posición de la Comisión Europea quedaba debilitada. “Seguid el rastro del dinero”, señalaban entonces fuentes comunitarias sobre las razones por las que el Gobierno español cambiaba de parecer. Lo que dicen en el Ejecutivo es que se debe evitar una “guerra comercial”.

La semana después del viaje de Sánchez a China y de su cambio de posición, se produjo una reunión del máximo nivel entre el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, y el ministro ministro chino de Comercio, Wang Wentao, para abordar el asunto. La cita concluyó con buenas palabras, como “voluntad política” e “intensificar los esfuerzos” para llegar a un acuerdo, pero en Bruselas tienen muchos recelos porque la única oferta que Pekín hizo sobre la bocina no era asumible.

Además de que la formuló en el último momento, se trataba de un planteamiento de “precios suelo” para poner un mínimo a los vehículos importados desde China. Sin embargo, lo que busca Bruselas no es sólo eso sino que la sobrecapacidad de producción china no inunde el mercado comunitario, por lo que tendría que conjugar los precios mínimos con una limitación de las exportaciones al mercado europeo. Y mientras se produce ese tira y afloja, la UE quiere llevar a cabo la votación que en este caso sería vinculante para formalizar los aranceles desde el 1 de noviembre, aunque lo que aseguran fuentes comunitarias es que siempre hay espacio para el diálogo y que si se alcanzara un acuerdo más tarde, se podría dar marcha atrás.