Los tambores de los recortes vuelven a atronar en la Unión Europea (UE). Las peores pesadillas de las políticas de austeridad que siguieron a la gran crisis financiera de 2008 recorren el Viejo Continente.

Este aviso, que incluye la amenaza de recesiones, destrucción de empleo y turbulencias políticas y financieras, llega apenas unos días antes de que los socios europeos tengan que enviar sus primeros planes fiscales de la era pospandemia a Bruselas. El Gobierno de España “tiene el compromiso de presentar el plan fiscal estructural de medio plazo el 15 de octubre”, según recordó este mismo lunes el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.

El economista austriaco Philipp Heimberger, quien firma la investigación que se titula “La consolidación fiscal y sus efectos sobre el crecimiento en los países de la eurozona: perspectivas pasadas, presentes y futuras”, ha calculado cuántos miles de millones tendrán que “ajustar” o “sanear” sus presupuestos —un par de los eufemismos de la jerga fiscal, junto a “consolidación”, para hablar de recortes y subidas de impuestos— los principales países de la UE en los próximos cuatro años para cumplir con los “renovados” límites al crecimiento del gasto público y con los objetivos de reducción de deuda.

“Con toda probabilidad, el marco reformado subestima los efectos negativos de la consolidación fiscal sobre el crecimiento. [En la investigación] concluyo que la aplicación de los ajustes fiscales plurianuales necesarios para cumplir las normas de la UE puede no reducir los ratios de deuda pública en todos los países miembros de la UE, como espera la Comisión Europea, y que las implicaciones económicas y políticas de la austeridad pueden complicar la gobernanza de una UE frágil”, señala Heimberger en el resumen de 'paper' académico, que todavía está en fase de revisión.

Según este investigador, los “ajustes” presupuestarios en nuestro país tendrán que alcanzar los 3,6 puntos del Producto Interior Bruto (PIB) entre 2025 y 2028. Esta cifra es algo menos de la mitad de todos los recortes que se realizaron entre 2011 y 2014, como se puede observar en el gráfico. La estimación es similar a las realizadas previamente por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) o por el Banco de España.

Esta vez, España parte de una posición privilegiada respecto al resto de grandes economías de la UE. La recuperación del shock de a COVID ha sido más intensa en nuestro país por el 'tirón' del turismo, la fortaleza de exportaciones de otros servicios y, sobre todo, por las políticas de protección de las rentas de las familias y de las empresas (incremento del SMI, financiación de los ERTE, medidas anti inflación...) y por las transformaciones estructurales positivas en el mercado de trabajo gracias a la reforma laboral.

La mayoría de las medidas que han apoyado la salida de la pandemia han sido posibles precisamente porque, ante el golpe sanitario, social y económico que se sufrió en 2020, la Comisión Europea levantó las reglas fiscales y permitió que los gobiernos dispararan sus desequilibrios presupuestarios (el déficit) y sus deudas para financiar el incremento del gasto —la sostenibilidad de ambos se mide en relación al PIB—.

Tras alcanzar máximos en 2020, estas ratios de déficit y deuda pública se han reducido rápidamente en España gracias al ritmo récord de creación de puestos de trabajo y al crecimiento económico —al aumentar el PIB, se reducen automáticamente los desequilibrios y así ocurrió con la última corrección al alza de la Contabilidad Nacional del INE, como se observa en segundo y el tercer gráfico de esta información—.

Ahora, el Gobierno tiene que presentar a la Comisión Europea un plan de cuatro años que prolongue esta reducción de la ratio de deuda pública y que se comprometa a limitar el crecimiento del gasto público (el déficit tiene que ser inferior al 3%, pero ha dejado de ser la principal referencia en las nuevas reglas fiscales). Es decir, en las próximas va a quedar definido el corsé al que tendrán que ceñirse los presupuestos públicos.

Las proyecciones de avance del PIB, que superan el 2% tanto para 2025 como para 2026, favorecen la tarea para nuestro país. Pero el Gobierno tiene más problemas en el plano político: la falta de apoyos en el Congreso para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025 va a impedir que España incluya “el plan presupuestario” en el envío del plan estructural del 15 de octubre a Bruselas.

“En un entorno normal, para el cual el 15 de octubre no tenemos ese borrador de Presupuestos Generales del Estado, no vamos a presentar un plan presupuestario porque la Comisión ha pedido que se presenten planes con medidas de política económica”, explicó este lunes el ministro Cuerpo a su llegada Luxemburgo, donde participó en una reunión con sus homólogos de la eurozona (Eurogrupo).

Esta incertidumbre política no es ajena tampoco a Francia y a Italia, donde además las exigencias de recortes de las nuevas reglas fiscales son mayores incluso que en los años de la austeridad posteriores al estallido de la burbuja inmobiliaria, según se puede ver en el primer gráfico de esta información. Para el investigador Heimberger, “la consolidación fiscal [prevista en las nuevas reglas fiscales de la UE puede dar lugar a recesiones económicas o al menos a un estancamiento, lo que puede desencadenar un aumento mayor de lo previsto de los ratios de deuda pública a corto plazo”.

Bruselas “utiliza hipótesis de base (excesivamente) optimistas sobre la rápida disipación de los efectos negativos de la austeridad sobre el crecimiento y la inexistencia de efectos indirectos entre países”, prosigue este economista en su informe. En su opinión, los riesgos de fondo son el aumento de las desconfianza de los ciudadanos en los gobiernos y de turbulencias en los mercados financieros.

En las conclusiones de su investigación, Heimberger recuerda que en abril de 2023, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya llegó a la conclusión de que “la consolidación fiscal [la austeridad o, lo que es lo mismo, los recortes en el gasto público] tiene efectos insignificantes de media en el endeudamiento [de los estados]”.

“Las consolidaciones fiscales en el momento adecuado (durante las expansiones económicas) y diseñadas adecuadamente (más basadas en el gasto que en los ingresos) tienen una alta probabilidad de reducir de forma duradera el endeudamiento” de los Estados, según detalló el FMI. Pero, “si estas condiciones no acompañan, y en parte porque la consolidación fiscal tiende a desacelerar el crecimiento del PIB, [la austeridad] de media tiene efectos insignificantes sobre el endeudamiento”. 

“Las renovadas reglas fiscales de la UE no garantizan ni un entorno económico favorable ni una combinación adecuada de consolidación fiscal”, lamenta Heimberger.

En mayo, el Consejo Económico y Social (CES) de nuestro país publicó un informe en el que también apuntó que las reglas fiscales “agravarán las consecuencias de las recesiones”, como ocurrió tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, pese a que el nuevo marco “supone un avance respecto al marco de supervisión fiscal hasta ahora vigente porque lo simplifica bastante, se focaliza en el medio plazo, favorece la implicación de los Estados al tener en cuenta las características de cada país y permite conciliar mejor la sostenibilidad fiscal y el crecimiento al dar más margen fiscal a los países más endeudados para que realicen inversiones y reformas”.

“Sin embargo, no resuelve del todo los principales problemas de los que adolecía el sistema anterior: la complejidad, la prociclicidad y la desprotección de la inversión”, continúa el informe del CES, que preside Antón Costas.

“Se espera que las contracciones fiscales previstas se lleven a cabo de forma más ordenada que durante la crisis del euro, ya que los planes presupuestarios plurianuales negociados entre la Comisión Europea y cada uno de los países miembros aumentan el grado de previsibilidad para los observadores externos a la hora de juzgar los ajustes y desviaciones anuales necesarios. Sin embargo, queda por ver cómo reaccionarán los mercados financieros si los distintos gobiernos tienen dificultades para acordar un plan de ajuste con la Comisión Europea o si los gobiernos no quieren o no pueden cumplir sus planes cuando cambian las condiciones internas o externas”, analiza Heimberger.

“En la actualidad, la UE está mejor preparada para hacer frente a casos de turbulencias a corto plazo debido a las reformas institucionales aplicadas tras la crisis financiera, aunque persisten importantes deficiencias. Es importante destacar que el BCE es ahora un respaldo más creíble de los mercados de deuda pública de lo que era al principio de la crisis del euro. Mientras los inversores del mercado sigan creyendo que el BCE hará 'lo que sea necesario' para estabilizar los mercados financieros, es posible que se eviten grandes picos en los rendimientos de los bonos [el coste de la deuda en los mercados financieros] para los distintos países miembros que tengan que embarcarse en ajustes fiscales políticamente difíciles y económicamente dolorosos”, explica el economista austriaco.

“Dado que el BCE sólo puede realizar compras de deuda pública en el marco de su TPI (Instrumento para la Protección de la Transmisión de la política monetaria) si el país miembro en dificultades cumple las normas fiscales de la UE y cuando la deuda pública se considera sostenible, puede resultar difícil para el banco central actuar como un respaldo creíble si un gobierno actúa de tal manera que la Comisión Europea y los países miembros pierden la confianza en las ambiciones de ese gobierno para cumplir con la consolidación fiscal”, finaliza Heimberger.