Cuando la familia de Cristina se instaló en la calle Antonio López, casi a orillas del Manzanares, en Madrid, ella tendría unos 6 o 7 años.

El drama inmobiliario comenzó con una llamada. “El fondo buitre me dijo que había comprado el 61% de mi casa y que a mí me quedaba el 39%. En ese momento me advirtieron que tendría que comprar su parte o que lo subastarían. Me quedé boquiabierta”, explica. Ante esa situación, Cristina ni siquiera pudo ejercer su derecho de tanteo. “No lo tuve, no me lo dijeron”, lamenta.

“Siempre hemos oído hablar de empresas de proindivisos, que compran trozos de deuda y de casas y que terminan echando a los inquilinos. En nuestros barrios y ciudades estamos viendo muchas formas de inversores o buitres, desde los grandes, que ya conocemos, hasta inversores de medio pelo”, explica la activista por el derecho a la vivienda y miembro de diversos movimientos sociales, Mercedes Revuelta. Ella recuerda que cuando estas empresas quieren quedarse con una casa en la que habita alguien, la única forma que tienen de hacerlo es “extorsionando”, de una forma o de otra. “Siempre”.

En marzo de 2017, la compañía Elite Invergest S.L. presentó un procedimiento para dividir el inmueble. En aquel momento, el juzgado declaró la indivisibilidad de la vivienda, acordó la disolución del proindiviso y ordenó la venta en subasta pública. Este procedimiento se detuvo, pero en enero de 2020, el fondo reclamó a Cristina la cantidad equivalente al alquiler que no había podido cobrar por el inmueble. La empresa había estimado la renta media de la zona, en pleno auge de los alquileres en la ciudad de Madrid, y consideró que por su 60% la mujer, que entonces tenía 73 años, debía pagarle 21,71 euros al día. Más de 650 euros la mes. Cuando salió la sentencia, el montante superaba los 15.500 euros, que han continuado incrementándose jornada a jornada.

Cristina alegó entonces que esa vivienda había sido su domicilio familiar “prácticamente desde su nacimiento” y que la empresa, que se dedica profesionalmente a la compraventa de inmuebles, está haciendo un “ejercicio antisocial y abusivo del derecho”. Según esta sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, Elite Invergest SL, que adquirió el 61% de la propiedad por 36.000 euros, que después tasó en 253.498 euros, había propuesto a la mujer que se fuera de la casa durante el tiempo del año correspondiente a ese porcentaje, es decir 8 meses.

El juzgado dio razón al fondo: el uso “en exclusiva y excluyente” era “ilegítimo” y Cristina debía pagar 15.500 euros a Elite Invergest SL. La subasta nunca llegó a celebrarse, pero la deuda de Cristina siguió engordando. Hoy supera los 40.000 euros. Y es entonces cuando se ha reactivado la subasta. “Esperan que te endeudes hasta los ojos, porque no te puedes ir, y luego se lo quedan por nada, porque como les debo, me van a dar 1.000 o 5.000 euros y a la calle”, lamenta Cristina.

“Es un engranaje. Esto comienza en 2017, cuando el fondo buitre se entera de la situación y se hace con el 60% de la casa. Ahí empieza la ingeniería jurídica: a la empresa le interesa liquidar la casa y, como es un bien indivisible, solicita que se saque a subasta. Paralelamente, inician otro procedimiento un tiempo después. Durante año la cargaron de deuda y, ahora que es alta, instan la subasta que tenían en stand by”, explica Mario Álvaro, del despacho Cano&Sánchez abogados, dirigido por Santiago J. Cano, que ha llevado el caso.

La cuestión es que, más allá de consideraciones morales, el procedimiento se basa en la legalidad. “Otra cosa es que vayan a sacar a una persona mayor de su vivienda, con operaciones a sus espaldas y con bastante malicia”, considera Álvaro.

“El entramado que se está generando es cada vez más amplio y complejo”, explica el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Juanjo Ramón, que lamenta que no haya “ningún tipo de voluntad ni medida para evitar que se puedan hacer cosas como esta”. “Tienen el dinero y el poder y puede llegar a situaciones como estas, a meterse en temas de herencias, a una subasta y, por cuatro duros, quedarse con la vivienda sin importar lo que le pase a terceros propietarios”.

La situación es aún más perversa y recuerda a episodios vividos tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Si una subasta de este tipo queda desierta, los propietarios pueden acceder a la compra del inmueble por el 75% de su valor de tasación. “Es una práctica muy antigua, que utilizan los bancos. Cuando las subastas de los pisos que embargaban se quedaban desiertas, la ley les permitía quedársela al 75%, pese a que una parte ya la hubiera pagado la familia”.

En plena burbuja, Cristina consiguió una hipoteca para comprar una vivienda a la que poder ir cuando faltase su padre, pese a que continuó en la casa familiar. “Dejé ahí todos mis ahorros, 80.000 euros”, explica. Era una época en la que el crédito fluía, a la vista de los resultados, con poco control. En 2013, la Comunidad de Madrid aprobó su plan de jubilación forzosa de sanitarios y esta enfermera, que pretendía seguir en el hospital hasta los 70, se quedó sin trabajar. “Mi trabajo siempre ha sido mi refugio y mi calma”, recuerda con nostalgia. También se vio impedida para hacer frente a la hipoteca. Dejó de pagar. Sobre esa vivienda, que se encuentra en situación de abandono al no poder hacer frente a las cargas, pesa un procedimiento de ejecución hipotecaria.

“No tengo donde ir”, repite con voz firme, pero horrorizada por su situación habitacional y de salud. “Como no lloro, lo he ido somatizando”. El mes pasado acudió a urgencias con un dolor muy fuerte en el costado. “Tenía una mancha en el pulmón izquierdo”. Después, un neumólogo. “Y un nódulo en el riñón derecho”. Ahora espera el resultado de un TAC con el temor a un diagnostico oncológico. “Me han dicho que tal vez me tienen que quitar el pulmón y ¿qué hago yo, enferma y en la calle?”.