La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha cerrado este jueves la jornada “La reforma fiscal pendiente”, organizada por su partido, Sumar, en el Congreso y ha asegurado que “estamos muy distanciados de la otra parte del Gobierno de coalición, del PSOE”, porque “no quiere una reforma fiscal integral”.

Díaz considera que España necesita aumentar los ingresos públicos, pero aclara que “no va de bajar o subir impuestos, sino de quién los paga”, en referencia a que deben ser las grandes empresas y los más ricos los que más tienen que contribuir.

La vicepresidenta ha recordado que España tiene una brecha de contribución fiscal (el peso de los impuestos y las cotizaciones respecto al PIB) de cerca de cinco puntos con respecto la UE.

Esta contribución fiscal se quedó algo por debajo del 37% en 2023 en España, lo que deja un espacio de “80.000 millones para abordar la reformar fiscal que nuestro país tiene pendiente desde la Transición”, según ha incidido la ministra de Trabajo.

Este martes, en el Plan Fiscal y Estructural que exige las nuevas reglas fiscales de la UE a cada país de la UE, el Gobierno se comprometió con la Comisión Europea a realizar una reforma fiscal (de los impuestos) “adicional” para reducir el déficit (el desequilibrio entre los ingresos y los gastos públicos)“. Aunque el documento prácticamente no aporta detalles.

En la misma línea de la “reforma fiscal adicional”, este documento incluye el objetivo de “promover la convergencia” de la recaudación de impuestos de nuestro país a la media de la UE.

Sin embargo, Yolanda Díaz ha recalcado este jueves que “sabemos que el PSOE no quiere una reforma siguiendo el Libro Blanco” para la reforma del sistema de recaudación que un grupo de expertos realizó hace apenas unos años por encargo del anterior Gobierno de coalición, y que se ha quedado en un cajón prácticamente en su totalidad.

En estos momentos, el Ejecutivo está negociando los Presupuestos Generales de Estados (PGE) de 2025. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este mismo martes, el encargado de la cartera de Economía, Carlos Cuerpo, confirmó que la transformación en impuestos permanentes de los gravámenes temporales a la banca y a las energéticas es parte de esa “reforma fiscal” que está reflejada en el documento remitido a Bruselas.

Eso sí, por ahora, el Gobierno no ha podido aprobar ni la senda de déficit de los PGE de 2025, tras romper Junts el bloque de la investidura en la Cámara Baja en julio. Un tropiezo parlamentario que no ha impedido la elaboración del Plan Fiscal y Estructural enviado a la Comisión Europea, pero que sí hace peligrar los Presupuestos, después de que ya fueran prorrogados este año los de 2023.

El documento que evaluará la Comisión Europea durante las próximas seis semanas no detalla nada más de “la reforma fiscal” adicional, aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en su discurso de inicio de curso (a principios de septiembre) su intención de elevar los impuestos a los más ricos.

La mayoría de expertos considera que una reforma fiscal es imprescindible. Sobre todo, como paso previo necesario si se pretende abordar también una reforma de la financiación autonómica, según se desprende del acuerdo entre el PSC y ERC sobre la “singularidad de Catalunya” que permitió investir a Salvador Illa como president de la Generalitat, y que se podría extender a todo el Estado.

Por otra parte, la oportunidad se muestra irrenunciable para “mejorar la suficiencia del sistema fiscal y para cumplir con los compromisos de la Unión Europea (UE) [de reducción de los desequilibrios presupuestarios y la deuda pública] sin perder el tren del progreso, en plena transición verde y digital, que necesitan de inversión”, según comenta Carlos Martín Urriza, portavoz de Economía y Hacienda del grupo parlamentario Sumar en el Congreso de los Diputados. 

El Plan Fiscal y Estructural sí que tiene en cuenta, como medida ya tomada, el tipo mínimo del 15% a las multinacionales, que es la trasposición de una directiva europea y que está desarrollándose en el Congreso. Desde el Ministerio de Hacienda defienden que los gobiernos de coalición ya han realizado otros cambios importantes “siguiendo la premisa de que quien más tiene más debe contribuir”. Según enumeran: “El impuesto de solidaridad de las grandes fortunas y la subida del IRPF para las rentas más altas, como son las superiores a 300.000 euros. A eso se suman otras medidas como la creación del impuesto sobre determinados servicios digitales o el impuesto a las transacciones financieras”.