Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han anunciado este lunes que exigirán a la Administración General del Estado la equiparación salarial del personal laboral con los funcionarios.

Los trámites para la negociación del nuevo convenio, el quinto, se iniciarán el próximo 4 de noviembre con la denuncia del acuerdo anterior, con el que los sindicatos consideran haber alcanzando “el objetivo básico fundamental, que era una nueva clasificación profesional moderna, que encajase tanto en el actual sistema educativo como con el estatuto del empleado público”.

“Homologando la clasificación profesional en el anterior convenio, ahora tenemos que dar este segundo paso, que es la equiparación retributiva”, ha insisto la portavoz del sector de UGT-Servicios Públicos en el IV Convenio Único, Elena Tarjuelo, que ha señalado que esa equiparación es una cuestión de “justicia”. “Ha igual requisito de titulación, igual salario base”, ha reclamado antes de señalar que, en algunos supuests, como en el caso de los agentes forestales o los mecánicos de aviones del Ejército del Aire —el Ministerio de Defensa es uno de los departamentos que cuenta con mayor número de personal laboral—, esta diferencia supera los 3.000 euros anuales.

La diferencia salarial que los sindicatos quieren remediar no es solo entre funcionarios y personal laboral. “Llevamos años de retraso acumulado con relación a otras administraciones públicas. Los datos son tozudos y, en la comparación con otras comunidades autónomas, como Madrid, las diferencias salariales se cifran en torno a una media de entre el 8 y el 11%”, ha indicado el protavoz de CCOO en el anterior convenio, Vidal Cruzado, que ha denunciado que “el personal laboral está por debajo y maltratado económicamente en relación al conjunto de otras administraciones”. Además, ha indicado que estas diferencias no son solo sobre el salario base. “Incluso en un concepto como la antigüedad, matemáticamente objetivo, vemos una diferencia muy notable en el valor del trienio”.

En la nueva negociación, UGT y CCOO esperan mejorar las condiciones salariales, pero también de promoción, de los cerca de 40.000 trabajadores públicos. En ese sentido, las organizaciones han lamentado que la carrera horizontal, que premite una progresión de los trabajadores y las trabajadoras en su puesto de trabajo, “en vigor en muchas comunidades autónomas”, todavía no ha sido implementado en la Adminsitración General del Estado, tampoco para los funcionarios.

La secretaria general del sector en CCOO, Esther Abajo, ha reclamado al Ministerio de la Función Pública que la negociación sea “dinámica” y se produzca “en un plazo razonable” para que “permita mejorar las condiciones del personal que presta servicio en la Adminsitración General del Estado y que además hagan atractivas las plazas de turno libre y no que no se queden vacantes, lo que redundará en una mejor calidad de los servicios públicos”.

En concreto, los sindicatos cifran en unas 10.000 las vacantes de personal laboral en el sector, que derivan de las políticas de recorte producidas “a raíz de la crisis financiera” y la reducción de ofertas de empleo público y la “externalización del servicio”, ha explicado Álvarez, que ha señalado que la mayoría de esas plazas ya han sido convocadas en 2021 y 2022 y en la próxima oferta de empleo de 2023 y 2024. “Entendemos que se va a recuperar empleo, pero eso redunda en que puedan cubrir los puestos, por lo que tenemos que hacer atractiva la oferta”, ha señalado, para recordar que, en este caso, la administración compite por la captación de talento tanto con otras administraciones como con el sector privado.

Desde la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) han lamentado la “precipitada denuncia del IV Convenio”, al considerar que podría perjudicar a “la negociación y el desarrollo de las mejoras en las condiciones laborales”. No obstante, desde la organización consideran “urgente” negociar un nuevo acuerdo marco salarial, “tras la pérdida del 5% de poder adquisitivo que se ha producido tras el acuerdo que se firmó hace dos años entre Función Pública, CCOO y UGT”.