La segunda petrolera del país echa un pulso al Gobierno tras asegurar que "está valorando el impacto que puede tener un incremento de su fiscalidad si se aprueba un nuevo impuesto permanente"
Montero admite que los impuestos a la banca y a las energéticas están en el aire
La compañía petroléfera Cepsa amenaza con “ralentizar las inversiones previstas en España y dar prioridad a proyectos de hidrógeno verde en otros países” si el impuesto extraordinario a las energéticas se convertierte en un gravamen permanente, como está recogido en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar, según ha adelantado Expansión y ha confirmado elDiario.es.
Fuentes de la compañía, la segunda petrolera del país, indicaron que “está valorando el impacto que puede tener un incremento de su fiscalidad si se aprueba un nuevo impuesto permanente”. Las mismas fuentes señalan que si la permanencia del impuesto se materializa, “provocaría un efecto muy relevante sobre la rentabilidad de los proyectos de hidrógeno, por lo que tendría que ralentizar las inversiones previstas en España y dar prioridad a proyectos de hidrógeno verde en otros países que, inicialmente, tenía planificados en una expansión internacional para una segunda fase del plan estratégico 'Positive Motion'”.
El grupo controlado por Mubadala, el fondo soberano de Abu Dabi, y el fondo de inversión estadounidense Carlyle cuenta como proyecto emblema con el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, que está previsto que se erija en uno de los mayores centros de producción de hidrógeno verde de Europa. Este proyecto prevé una inversión de 3.000 millones de euros.
Las mismas fuentes precisaron que la transformación en marcha de Cepsa “es irreversible para lograr que más de la mitad de su beneficio provenga de actividades sostenibles en 2030”. Cepsa tiene ya identificados proyectos en Argelia, Marruecos, Brasil y Estados Unidos que van a acelerarse si finalmente quedan liberados recursos en España.
La pasada semana, el Gobierno anunció que incluía entre los compromisos remitidos a Bruselas el mantenimiento de “manera permanente” de los gravámenes extraordinarios sobre las energéticas y la banca.Inicialmente aprobados para dos ejercicios -2023 y 2024- debido al impacto por la crisis por la guerra en Ucrania, el Gobierno ha ingresado más de 2.400 millones de euros del sector energético en estos dos años.
Rechazo del sectorEste jueves, la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) -la patronal de las grandes petroleras de la que forman parte la propia Cepsa, Repsol, Galp, Disa o BP, entre otras- ya mostró su rechazo a un impuesto permanente al sector energético. La patronal petrolera advirtió de que este gravamen o la falta de claridad sobre el horizonte fiscal podía “desalentar las inversiones en el país”, poniendo en peligro los 16.000 millones de euros que prevé abordar el sector para su descarbonización hasta 2030.
Además, Cepsa sigue así los pasos de Repsol en su oposición frontal a la posibilidad de que este tributo pueda perpetuarse en el tiempo. La compañía dirigida por Josu Jon Imaz anunció esta misma semana su decisión de invertir 15 millones de euros en un nuevo proyecto de hidrógeno renovable en su Complejo Industrial de Sines, en Portugal.
Ya hace un año, había dejado clara su amenaza de situar en 'barbecho' las inversones en algunos de sus proyectos industriales en distintas zonas del territorio español hasta contar con “unas condiciones estables y suficientemente atractivas para garantizar la rentabilidad”.