El Ministerio para la Transición Ecológica presiona a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que apruebe una fuerte subida de la retribución de las redes eléctricas, como reclama el sector, pese a que la ley prohíbe a Competencia recibir “instrucciones” externas.

El Ministerio publicó el 31 de octubre unas “orientaciones” de política energética a la CNMC inusuales, por específicas. A diferencia de las otras tres emitidas desde 2019, son muy concretas: se refieren a la circular que prepara el organismo para aprobar la metodología de cálculo de la tasa de retribución financiera de las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica, y regasificación, transporte y distribución de gas natural para el periodo 2026-2031.

La CNMC prevé aprobar esa circular dentro de un año (en principio, octubre de 2025), tras la correspondiente consulta pública. Las orientaciones del Ministerio le dan algunas sugerencias de cómo calcular esa tasa, que es el tipo de interés que cobran los activos regulados que los consumidores pagan en los peajes de acceso: la parte de la factura que financia las redes de distribución y el transporte, que son el 17% de los costes totales del sistema eléctrico.

La actual tasa de retribución financiera se fijó en noviembre de 2019, tras ceder el Gobierno a la CNMC esas competencias por exigencia europea, con la amenaza de un expediente de infracción para España. Entonces se fijó en el 5,58% durante seis años. Ahora las empresas reclaman una fuerte subida para el próximo periodo regulatorio.

La patronal Aelec, a la que pertenecen Endesa, Iberdrola o EdP, defiende que las inversiones extra para atender al crecimiento previsto de la demanda “no son un coste”, porque “esa nueva demanda paga sus correspondientes peajes”, y estos son entre cinco y diez veces superiores al coste que esa nueva red supone para la tarifa, “incluyendo una subida de la tasa de retribución financiera hasta una horquilla del 7,5%-8%”.

Estas cifras se acercarían a los niveles de Italia, Noruega o Grecia, con tasas de retribución financiera del 8,9%, 8,2% o 6,7%, respectivamente, muy por encima de lo que, según las empresas, plantea la CNMC, en el entorno del 6,5%.

Según Aelec, una tasa del 7,5% supondría unos 700 millones de euros anuales, “aproximadamente el 1,7% del coste total”. En sus orientaciones, el ministerio no menciona qué rentabilidad debe aplicarse, pero pide a la CNMC “atender no solo a los objetivos establecidos para España, sino también el contexto de competencia a nivel europeo e internacional por los recursos financieros y las inversiones en transición energética, con efecto tractor por su capacidad de permitir a su vez nuevas inversiones en renovables, en descarbonización o industrialización”.

“La fórmula deberá tener en cuenta que las inversiones en infraestructuras se producen en un contexto de aceleración de la transición energética a nivel global, en particular en Europa, con una alta competencia para el acceso a los mercados de capitales”, señala Transición Ecológica.

La orden firmada por la todavía ministra Teresa Ribera baja al detalle y dice que en el diseño de esa fórmula “se considerará la posibilidad de modificar la metodología de cálculo de la rentabilidad libre de riesgo, así como la metodología de cálculo del coste de la deuda, especialmente”. El objetivo es “suavizar el efecto de los eventos excepcionales del pasado (2018-2023) en la determinación de la rentabilidad libre de riesgo y del coste de la deuda durante el periodo regulatorio futuro (2026-2031)”.

Un planteamiento que Aelec considera “acertado” y que, según el ministerio, permitirá “las señales adecuadas para incentivar las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica, en especial para atender la creciente demanda eléctrica vinculada a la movilidad libre de emisiones, la electrificación de la industria y el despliegue de los nuevos vectores energéticos, al mismo tiempo que facilite la integración de energía renovable para dar cobertura a esa nueva demanda”.

Detrás está la necesaria rentabilidad para las inversiones que deberían realizarse en los próximos años para hacer viable el despliegue renovable y dar respuesta a la demanda eléctrica actual y la que quiere incorporarse en los próximos años, a través, por ejemplo, de los famosos centros de datos. En un país a la cola de Europa en el despliegue del coche eléctrico, estos centros pueden ser decisivos para consolidar la tímida recuperación del consumo eléctrico, que el año pasado cayó a mínimos de 20 años.

El ministerio, que no comenta este asunto, subraya en su orden que sus orientaciones “pueden abarcar cualquier aspecto que guarde relación directa con las competencias del Gobierno en materia energética”. Pero en el sector hay quien las define como “instrucciones”, algo que Competencia no puede recibir.

La Ley de Creación de la CNMC señala que este organismo “actúa con plena independencia del Gobierno, de las Administraciones Públicas y de cualquier interés empresarial comercial”. Y que “sin perjuicio de la colaboración con otros órganos y de las facultades de dirección de la política general del Gobierno”, en el desempeño de sus funciones, ni su personal ni sus órganos de decisión “podrán aceptar ni solicitar instrucciones de ninguna entidad pública o privada”.

Un portavoz de Competencia indica que “respecto a la tasa de retribución, actualmente no es posible adelantar un valor concreto, ya que los equipos técnicos de la CNMC están en pleno proceso de análisis y evaluación. El valor final propuesto pasará por un proceso de consulta pública previo a su publicación oficial, con el fin de garantizar la transparencia y la participación de los interesados”.

Técnicamente, la tasa de retribución del capital se define como el coste de oportunidad del capital invertido, basada en el denominado WACC (Coste Medio Ponderado de Capital, por sus siglas en inglés). Antes de 2019, se calculaba basándose en el rendimiento del bono del Estado español a 10 años más un diferencial, pero se sustituyó por una metodología específica de la CNMC para garantizar una “rentabilidad razonable” a las empresas. Entre otras cosas, se tiene en cuenta al coste promedio del ciclo anterior.

Fuentes del sector muy críticas con las orientaciones del ministerio señalan que, del mismo modo que en el anterior periodo regulatorio la CNMC tuvo que incluir determinados factores que hacían que la tasa de retribución subiera, ahora no puede excluir otros que hacen que descienda. Esto es lo que reclama Transición Ecológica al pedir “suavizar el efecto de los eventos excepcionales del pasado”.

La orden de Ribera recuerda a la CNMC que esta tasa es “clave” en la transición energética, “al contribuir al despliegue de la infraestructura necesaria para integrar en el sistema las nuevas demandas y la nueva generación renovable”. Se hace eco de los informes de los ex primeros ministros italianos Enrico Letta y Mario Draghi, que señalan “la importancia de las inversiones en redes para avanzar en la electrificación de la economía y evitar los cuellos de botella, y de movilizar inversiones masivas en las redes de infraestructuras energéticas europeas”.

Si Transición Ecológica considerase que la propuesta de Circular que finalmente publique la CNMC no se ajusta a sus orientaciones, las partes pueden convocar una Comisión de Cooperación para buscar un “entendimiento” y como “mecanismo de conciliación previa” para una solución consensuada. Esa comisión la formarían tres representantes de la Secretaría de Estado de Energía y tres de la CNMC, con rango de subdirección general.

De no haber acuerdo, la CNMC puede no seguir esas orientaciones y decir que las aprueba “oído el ministerio”. Para entonces sus competencias las podría haber asumido ya la futura Comisión Nacional de la Energía (CNE). Y es que estas orientaciones se han publicado en un momento de cierta interinidad, con Ribera de salida hacia la Comisión Europea y un proyecto para recuperar la extinta CNE, que arrebataría la supervisión del sector a la CNMC, aunque está por ver cuándo y cómo se concreta la escisión, dados los precarios apoyos parlamentarios del Gobierno.

El momento es muy relevante, ya que en los próximos años van a ser necesarias nuevas redes para permitir la esperada electrificación de la economía, absorber nueva demanda y cumplir los ambiciosos objetivos de penetración de renovables para 2030 que contempla el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), cuya última revisión remitió el Ejecutivo a Bruselas en septiembre.

Aelec cree que estas orientaciones son “un buen paso, ya que tiene en cuenta la gran competencia que existe en los mercados de capitales, por lo que es importante ofrecer una tasa atractiva” para atraer inversiones, avanzar en la electrificación y “competir con otros países”.

“Estamos seguros de que la CNMC, consciente de las tasas que están fijando los países de nuestro entorno, sabrá situar a España a la altura del reto”. Con estas orientaciones, “será posible contar con una tasa de retribución financiera para las inversiones en redes acorde con la que ya están implantando otros países de la UE” y convertir a España en “el hub industrial de Europa”. 

Las eléctricas aseguran que no se trata de subir los peajes, sino de “lograr un nivel de inversión suficiente para facilitar el acceso y conexión de la demanda que hoy está solicitando, manteniendo la sostenibilidad económica del sistema eléctrico, así como el impacto en el consumidor”. Defienden que esto “llevaría a una bajada sostenida de los peajes” y que “no existe riesgo de sobreinversión”, puesto que las inversiones en transporte dependen de una planificación vinculante del Gobierno.

La patronal europea Euroelectric cifra en su informe Grids for Speed la necesidad de inversiones en redes de distribución en España en unos 4.300 millones anuales. Sería el quinto país europeo que más esfuerzo requeriría, según ese lobby europeo.