Lo que entre 2012 y 2014 era inaudito, una década después es una realidad palpable: España es la locomotora de Europa.

Este liderazgo tiene una doble relevancia porque el PIB de España es aproximadamente “el 10% del total de la eurozona”, según recuerda Ángel Talavera, economista jefe para Europa de Oxford Economics. Es decir, desde el cuarto puesto de partida, detrás de Alemania (29%), Francia (19%) e Italia (14,5%), nuestro país lleva tres años liderando económicamente a sus socios, especialmente en los últimos dos ejercicios, como se puede observar en el primer gráfico de esta información.

En 2023, el crecimiento del PIB de España multiplicó por casi siete veces el del conjunto de la eurozona, un 2,7% frente a un 0,4%. En 2024, según las previsiones de la Comisión Europea, que no son las más optimistas —el Banco de España lo es incluso un poco más—, el avance de la actividad económica de nuestro país será del 3% frente al 0,8% de todos los socios que comparten divisa juntos, casi cuatro veces más, según está reflejado en el segundo gráfico de esta información.

Estos positivos datos macroeconómicos siempre chocan con dos críticas fundamentales. La primera, y las más importante y certera, que las cifras agregadas y la Contabilidad Nacional esconden historias de precariedad y vulnerabilidad, y que no miden bien la evolución del bienestar de todas las familias y el desarrollo de todas las empresas y autónomos. La segunda, más sesgada, proviene de los partidos de derecha, y busca siempre retorcer esos mismos datos para dar una visión negativa y pesimista de la economía de nuestro país. “Desde el 2008, la renta per cápita real de los españoles crece 10 veces menos que la media de la Unión Europea: un 1% frente a un 11%”, dijo Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular (PP), este mismo viernes, en su discurso de balance de 2024.

La respuesta inicial a ambas críticas la pretendió dar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado lunes 23 de diciembre, en su valoración del ejercicio que ya acaba. “El buen desempeño de la macroeconomía está ayudando a mejorar la vida de la gente, lo que se ve en la recuperación del poder adquisitivo y en el incremento del consumo”, destacó. “No podemos caer en la autocomplacencia”, matizó, al hablar de “tareas pendientes” como “la vivienda” y señalar los “niveles de desigualdad y pobreza, sobre todo de pobreza infantil, absolutamente inaceptables para una economía desarrollada como la nuestra”. Y añadió: “España continúa teniendo una tasa de paro demasiado alta, unos niveles de productividad laboral que tenemos que seguir mejorando y un gasto en investigación todavía reducido si nos comparamos con el resto”.

Efectivamente, el crecimiento del PIB significa una mejora de “la vida de la gente”, aunque el grado de esta mejora y su traducción en una mayor justicia social y una menor desigualdad depende de las políticas de redistribución de la riqueza y de la renta, y de la robustez de la sanidad, de la educación y del resto de servicios públicos. En los últimos años, con los dos gobiernos progresistas de coalición, la reforma laboral y de las pensiones, el incremento decidido del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y otras medidas, como los avances en la transición energética, han tomado el camino del aumento del bienestar social, incluso en un contexto adverso dentro y fuera de nuestras fronteras como el de esta última etapa, con la pandemia, el volcán de la Palma, la DANA en Valencia, o las guerras internacionales y el genocidio en Palestina.

Pero es que, además, el crecimiento económico se transforma en poder político, y en influencia como actor regional. Por ejemplo, la posición de España es muy diferente hoy que hace una década respecto al examen de las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea (UE), que limitan el incremento anual del gasto público para rebajar el déficit (el desequilibrio presupuestario entre los ingresos y los gastos) y la deuda. Con Francia o Italia en verdaderos problemas, se puede asegurar que nuestro país cuenta con margen de maniobra en Bruselas. Ninguna institución duda en estos momentos de que España cumplirá con los objetivos de reducción de los desequilibrios fiscales.

Desde el Ministerio de Economía no se cansan de repetir lo mismo: el avance del PIB de España “es equilibrado, y estamos haciendo compatible un elevado crecimiento económico, con la protección y apoyo a familias y empresas y el mantenimiento de la responsabilidad fiscal”. El propio aumento de la actividad económica ensancha la capacidad de gasto público, porque tanto el déficit o la deuda se miden respecto al PIB, por un lado, y porque conlleva automáticamente más recaudación tributaria y más ingresos.

Sobre las advertencias de Feijóo y el PP sobre el estancamiento del PIB per cápita en España desde 2008 para negar el robusto crecimiento económico de los últimos años surgen dos argumentos que cuestionan esta crítica. El primero es el marco temporal elegido. Arranca en el pico de la burbuja inmobiliaria, en el que la actividad económica se hinchó sobre múltiples desequilibrios, y aborda un periodo en el que su partido gobernó durante la mitad de los ejercicios, aplicando políticas de austeridad y recortes y en los que la desigualdad, el paro, la precariedad y los desahucios alcanzaron máximos insoportables.

El segundo argumento tiene que ver con la ratio escogida, el PIB per cápita. Una medida más ligada con la productividad que con el crecimiento, y refleja todavía peor la evolución del bienestar de una sociedad. Por ejemplo, el PIB per cápita puede incrementarse en una sociedad que obliga a sus ciudadanos a emigrar porque no encuentran oportunidades laborales. Y, al contrario, esta ratio aumenta menos que el PIB agregado si crece la población, como efectivamente está ocurriendo en España por la llegada de inmigrantes. Una tendencia que, por cierto, supone una ventaja comparativa de nuestro país respecto a sus socios europeos “por nuestra capacidad de absorción sin generar problemas”, según defienden distintos expertos consultados por elDiario.es.

Una forma de verlo es que “un país cuya población crece es un país vivo”, y todos los economistas coinciden en que la inmigración “ha permitido el crecimiento tras la pandemia en España”, sobre todo aliviando la escasez de oferta de trabajadores y trabajadoras en sectores clave como la hostelería o los cuidados. Este mismo viernes, el centro de análisis Funcas seleccionó como “dato del año” que la inmigración “aporta el 84% del crecimiento de la población española”. Desde 2022 hasta octubre de 2024 (último dato conocido), 1,2 millones de personas, frente a 232.000 españoles más.

“La población extranjera ha pasado de representar el 11,6% de la población total al inicio del periodo considerado a suponer el 13,8%. Esta tendencia es relevante en tanto que ha sostenido el crecimiento de la economía y la creación de empleo, en especial en los sectores más afectados por la escasez de mano de obra”, incide el equipo de analistas de Funcas. Exactamente, los inmigrantes han ocupado el 40% de los nuevos empleos.

“Estamos creando más empleo que Italia y Alemania juntos, para ponerlo en perspectiva”, resaltó el presidente Sánchez en su balance de 2024. Desde que empezó el año hasta noviembre, hay 460.000 afiliados más a la Seguridad Social en nuestro país, hasta superar los 21,3 millones de personas trabajando, un récord histórico, que se compatibiliza con una temporalidad en mínimos, y con una menor precariedad en general, gracias al efecto de la reforma laboral y a la subida del SMI.

“España está logrando reducir la desigualdad”, añadió Sánchez. “En los últimos seis años, la renta disponible en términos reales ha crecido un 9%”, puntualizó. Un crecimiento que, dijo, ha sido “progresivo” ya que “ha aumentado casi tres veces más en los hogares de clase trabajadora que en los privilegiados”. La renta disponible real de las familias es una de las formas de observar el traslado del crecimiento del PIB a la vida de la gente. Este dato refleja el dinero que tienen los hogares para gastar o ahorrar después de pagar impuestos, y se eleva si se incrementan los salarios u otros ingresos, pero también si se modera la inflación y si hay más personas trabajando en la misma familia, o si los empleos son más estables y si las jornadas tienden a ser completas.

La renta disponible real de los hogares ha remontado un 19% desde el suelo del segundo trimestre de 2014. La crisis de precios que siguió a la pandemia le dio un duro golpe, pero se recuperó y ha seguido aumentando. Este comportamiento no ha sido diferencial en España respecto a la eurozona, pero ha apoyado el gasto de las familias en 2023 y en este 2024, y todos los informes de previsiones confían en que seguirá mejorando. Un argumento que sitúa al consumo como uno de los mayores impulsores del avance del PIB en 2025, que será del 2,5%, según el Banco de España, de nuevo a la cabeza de la eurozona. La moderación de la inflación y las bajadas de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) son claves en esta tendencia.

Mientras, el encarecimiento de la vivienda, sobre todo en los lugares donde se concentra más empleo, es la mayor amenaza, sobre todo porque ahoga a las familias más vulnerables, pese a que sus ingresos se hayan elevado más en los últimos años por la reforma laboral y el SMI, como se explica en este reportaje. “Un análisis de los datos de la Encuesta Financiera de las Familias (EFF) sugiere que la propensión marginal a consumir habría descendido de forma apreciable en nuestro país entre 2017 y 2022, un fenómeno que habría sido más acusado entre los hogares de mayor renta y en aquellos sin vivienda en propiedad”, observa el Banco de España.

La renta disponible real de las familias no es una ventaja comparativa de España. Sigue siendo inferior a la de Alemania, Francia, Italia y a la del conjunto de la eurozona. Sí lo es que la actividad en España se está beneficiando de unos costes energéticos menores que en el resto de la eurozona por el mayor peso de las renovables, que impulsa a todos los factores y a todos los sectores, y a su competitividad.

Ángel Talavera opina que otra ventaja importante es “la estructura económica, con una industria relativamente pequeña, lo que limita el impacto de la crisis del sector, y uno de servicios, especialmente turísticos, grande”.

Asimismo, las mejores previsiones de España frente al conjunto de la eurozona y los principales socios descansan en la reactivación de la inversión de las empresas, gracias sobre todo al despliegue del Plan de Recuperación. También en el gran cambio en el sector exterior, con el inédito aumento de las exportaciones de servicios de alto valor añadido, más allá del turismo, cuyo 'boom' de los últimos años está tocando techo.

“En el ámbito internacional, la principal fuente de riesgo emana de un posible giro en las políticas económicas por parte de la nueva Administración estadounidense en los próximos meses. Un giro sobre el que no existen suficientes detalles como para realizar una valoración precisa, pero que previsiblemente incidiría a la baja sobre la actividad económica mundial, europea y española”, avisa el Banco de España en su último informe de proyecciones.

“También continúa siendo relevante la incertidumbre procedente de los conflictos bélicos en Ucrania y Oriente Medio y, además, estarían ganando relevancia los riesgos asociados con la inestabilidad política y la debilidad económica en algunos países europeos, como Francia y Alemania”, prosigue el informe del regulador.

En el ámbito nacional, al margen de la mencionada crisis de vivienda, “cabe destacar la incertidumbre sobre la velocidad con la que el proceso desinflacionario discurrirá a lo largo del horizonte de proyección y sobre la senda de recuperación de la inversión empresarial, una rúbrica fundamental para sustentar el crecimiento económico y que ha venido sorprendiendo a la baja de forma persistente en los últimos trimestres”, continúa.