Todos están pendientes de lo que decida la compañía, tras las renuncias de Adeslas y DKV a presentarse al concierto con el que el Ministerio de Función Pública quería resolver, temporalmente, la crisis del sistema.

Hasta el momento, las tres aseguradoras que prestan servicio a los funcionarios de Muface son estas: Adeslas, DKV y Asisa. Las dos primeras, que en conjunto prestan asistencia a unos 700.000 beneficiarios, han descartado ya renovar el contrato por tres años más. Estas compañías consideran que el modelo está “infrafinanciado” y es “económicamente insostenible”. Adeslas ha estimado que, con las condiciones del nuevo concierto, que suponen unos 4.500 millones de euros hasta 2027, perdería 250 millones. En el caso de DKV, serían entre 70 y 100 millones de euros.

Pero el caso de Asisa es diferente. De las tres compañías que prestan el servicio, esta es la única que, además de operar como aseguradora, cuenta con una red asistencial propia. Tiene 18 hospitales y 38 centros médicos. Además, su único accionista es la cooperativa médica Lavinia, integrada por unos 9.000 médicos. La sociedad fue fundada en 1976, “sin ánimo de lucro”. “Al ser una cooperativa, no tienen que repartir dividendos, ni tienen accionistas que les estén presionando, como las otras aseguradoras, que pueden tener bancos o grandes grupos por encima”, explica un directivo del sector, ajeno a la compañía. Adeslas está integrada en el Grupo Mutua Madrileña y participada por CaixaBank y DKV pertenece al grupo alemán ERGO.

Fuentes de Asisa volvían a asegurar este jueves que siguen analizando los pliegos y evaluando todos los escenarios. Y uno de esos escenarios es cómo podría afectar el fin de Muface a su red asistencial. “Es un de los elementos que tenemos en cuenta”, confirman. Según el informe 'Impacto de las mutualidades en el Sistema Sanitario', el fin de este modelo podría poner en peligro hasta un total de 21 hospitales privados. La estimación, no obstante, se hace sobre la hipótesis de que se extinguieran tanto Muface como las mutualidades del funcionariado de Justicia, Mugeju, y las Fuerzas Armadas, Isfas, que actualmente no parecen en peligro.

La Fundación IDIS es uno de los lobbies del sector sanitario privado. Su presidente es Juan Abarca, que es, a su vez, presidente de HM Hospitales. Este jueves, analizaba un hipotético fin del mutualismo administrativo en los siguientes términos: “El equilibrio de nuestro modelo sanitario basado en la provisión pública y privada va a hacer que el desplazamiento de ese medio millón de funcionarios a la sanidad pública impacte de forma directa sobre decenas de hospitales —sobre todo en provincias— que tienen un porcentaje de actividad muy dependiente de los funcionarios, que se van a ver obligados directamente al cierre”. Esto, escribía en su cuenta de LinkedIn, tendrá un impacto sobre el empleo y sobre el sistema público, “que utiliza estos hospitales para tratar a través de los conciertos”.

Esta hipótesis es compartida por otro de los gigantes de la sanidad privada en España. “Habrá zonas en las que no tengamos problemas, aunque haya menos pacientes, y otros sitios en los que algunos servicios lo puedan notar más que otros”, señalan fuentes del grupo QuirónSalud. Desde esta empresa, que recibe cada año cientos de millones de dinero público de la Comunidad de Madrid, indican que en esta región, también notaría un hipotético fin del mutualismo por el lado de la demanda, porque una parte de los funcionarios que pasen a la sanidad pública acabarían en sus hospitales a través de derivaciones y conciertos. Esto es algo que señalan también otras fuentes del sector. “Es posible que, ante la llegada de miles de mutualistas, algunas comunidades concierten el servicio, porque nosotros ya tenemos la red y es más rápido que montarla”, explican.

Pese al supuesto colapso del sistema público de salud que pronostican los defensores del modelo de colaboración público-privada, algunos expertos consideran que “en términos relativos no sería catastrófico” aunque, a corto plazo, habría un problema “de transición”, concedía la catedrática e investigadora en Economía de la Salud Beatriz López-Valcárcel. El Ministerio de Sanidad calcula que incorporar a la sanidad pública a todos los funcionarios de Muface supondría incrementar el volumen de población atendida en un 3,7% en la franja de 64 a 79 años y un 2,35% en la de mayores de 80, quienes más gasto hacen.

“Lo más probable es que tuviera un impacto doble. Por un lado, que aumentara la contratación en el ámbito público, al suponer una mayor carga asistencial, pero también una mayor capacidad financiera. Y, por otro, que en algunos lugares, especialmente en provincias en las cuales la dependencia de Muface o de aseguradoras concretas sea mayor, se puedan cerrar hospitales privados”, explica el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla.

“Una estrategia arriesgada”

Todas las voces consultadas coinciden en señalar que esta no es una cuestión de blancos o negros y que influyen muchísimos factores. Hay uno fundamental, pero difícil de estimar: de quedarse sin seguro privado pagado con dinero público, ¿cuántos funcionarios que a día de hoy optan por este modelo, estarían dispuestos a pagárselo de su bolsillo? “Es el cálculo principal que están haciendo las aseguradoras hacia adentro, porque hay un porcentaje de gente que, en el caso de irse a la pública, seguramente contrataría un seguro privado. De hecho, es muy probable que las aseguradoras hicieran una ofensiva con esos antiguos mutualistas para ofrecerles algún tipo de promoción”, considera el número dos del Ministerio.

El experto en gestión sanitaria José Ramón Repullo se muestra sorprendido por la desbandada de Adeslas y DKV. “Posiblemente estén apostando por el seguro complementario (el que pagan cualquier ciudadano y que le habilita para ir a un centro privado, sin merma de la atención en la sanidad pública) y no el sustitutorio (como Muface), porque es el que deja más margen”, indica. Esto, no obstante, podría suponer un perjuicio para compañías como Asisa, no tanto en su labor aseguradora, sino como proveedora de servicios sanitarios. “Es una estrategia arriesgada, porque nadie está dispuesto a desprenderse de 600 o 700 euros al año así como así”, añade Repullo.

Fuentes de DKV indican a esta redacción que no hay ninguna campaña en marcha: “Si alguno (de los asegurados mutualistas) tiene interés y pregunta, le ofreceremos las mismas condiciones que al resto de ciudadanos que piden conocer nuestros productos”.

A la espera de la respuesta definitiva de Asisa o de que alguna otra aseguradora opte por presentarse, algo que desde el sector consideran improbable, el ministro de Función Pública, Óscar López, se mostraba este jueves optimista sobre la resolución de la licitación: “El plazo termina pronto, pero yo tengo esperanzas todavía. Estamos hablando con las aseguradoras y espero, confío y deseo que se pueda renovar con toda normalidad el concierto como se ha hecho siempre”. De momento, el Ministerio anunció el pasado viernes que ampliaba en casi dos semanas el plazo para que las aseguradoras se presenten a la licitación para prestar asistencia sanitaria a los funcionarios mutualistas de Muface, que terminaba el 15 de enero. Sea cual sea el resultado, tanto la evolución del modelo como lo que traiga el fin de la mutualidad está rodeado de incertidumbres.