Fue la medida más popular del Gobierno para paliar el daño a los consumidores de las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, además de la crisis de inflación que exacerbó.

Se trata de una investigación de los economistas Juan Luis Jiménez, Jordi Perdiguero y José Manuel Cazorla-Artiles y que ha ido mejorando su metodología en los últimos dos años. Sus cálculos definitivos (publicados en este artículo académico) concluyen que las gasolineras “se apropiaron” de, al menos, 850 millones del descuento en el diésel. Una medida que el Gobierno mantuvo entre abril y diciembre de 2022 y que tuvo un coste total para las arcas públicas de alrededor de 4.250 millones, según las cifras de estos mismos expertos.

“Hemos mejorado las estimaciones anteriores, no sólo por la ampliación de la base de datos y las propias estimaciones, sino también por el intenso y muy constructivo proceso de evaluación que ha pasado nuestro artículo”, explican. La investigación recopila y compara datos de los precios de la gasolina y el diésel antes del despliegue del descuento, del periodo en el que estuvo vigente y de los meses posteriores, en España y en otros países que no aplicaron esta bonificación (Austria, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, y Eslovaquia). Además, los cruza con la cotización del barril de petróleo Brent en los mercados financieros.

La primera conclusión que obtiene el estudio es que “el precio del diésel aumentó debido a la existencia del subsidio”. La segunda que, “tras eliminar el subsidio [a partir del 1 de enero de 2023], las diferencias de precios volvieron a ser las mismas que había antes del subsidio, lo que confirma el primer resultado”.

“De hecho, este aumento de precios supera los 5 céntimos de euro, con lo que para los consumidores de diésel llegó menos de 15 de los 20 céntimos que debió bajar el precio de este combustible”, observan los economistas.

“¿Qué supone esto? Por un lado, que una parte de los más de 4.250 millones de euros públicos que costó la medida fue a parar a los beneficios de las estaciones de servicio y petroleras. Directamente. Y por otro lado, que otra parte retornó al Estado vía IVA, al encarecerse el precio y, por tanto, ser mayor la recaudación por litro consumido”, continúa estos expertos, que también han divulgado su investigación en el blog especializado 'Nada es gratis'.

Su metodología, explicada con detalle en el artículo académico, demuestra “que más de 1.073 millones de euros no llegaron a los consumidores, yendo 857 millones a las empresas y 216 a los ingresos públicos”. Los 857 millones que engordaron los beneficios de las petroleras son “un mínimo”, porque se ciñen al caso del diésel.

La investigación también encuentra efectos en los precios de la gasolina, “que aumentaron dos céntimos debido al subsidio”, pero la metodología en este caso ofrece un margen de error elevado que impide obtener más certezas.

Lo que sí defienden Juan Luis Jiménez, Jordi Perdiguero y José Manuel Cazorla-Artiles es que las evaluaciones para Alemania, Francia o Italia muestran traslados de la política a precios del 100%, pero en España habría sido del 73%. La principal razón es que, en nuestro país tenemos “un mercado con severos problemas de competencia en todos los eslabones de la cadena productiva”.

Las críticas a esta medida no acaban aquí. El Gobierno defendió que el descuento a los carburantes fue responsable de un punto de los cerca de cuatro que el conjunto de políticas adoptadas para aliviar la crisis de precios contuvo la inflación en 2022, que superó el 8% de media, un récord asfixiante, que España no sufría desde la década de los 80.

Pero la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) advirtió a finales de ese mismo año de que el tercio de familias más ricas de nuestro país se aprovechó de casi un 40% del dinero total destinado por el Gobierno al descuento de 20 céntimos a los carburantes. El tercio de familias más pobre, apenas de un 20%.

Principalmente, porque los ricos pueden y porque tienen más vehículos y más grandes. Mientras, la medida favoreció un mayor consumo en plena crisis energética y con emergencia climática.

“Tal y como varios organismos apuntaron, esperemos que en futuras ocasiones se opte por ayudas focalizadas, en función del nivel de renta, en lugar de este tipo de políticas”, finalizan Juan Luis Jiménez, Jordi Perdiguero y José Manuel Cazorla-Artiles.