La publicación, una de las más prestigiosas del mundo, tiene en cuenta el PIB, la inflación, la bolsa, el desempleo y los desequilibrios presupuestarios, y refrenda con su ránking la política económica del Ejecutivo de coalición. Sin embargo, los datos macro no tapan una realidad cada vez más palpable: el impacto de la crisis de la vivienda en las economías familiares. Carmen, una vecina de Madrid, que tuvo que mudarse a Móstoles con su marido y sus cuatro hijos para poder hacer frente al alquiler, no ha podido encender el gas en todo el invierno. “Vamos por casa como pingüinos”, lamenta.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, reconocía durante la presentación de la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social que “la responsabilidad de un Gobierno no es disimular los problemas, sino afrontarlos”. “La crisis de precios (de la vivienda), tanto en alquiler como en compraventa, se encuentra detrás del hecho de que los grandes avances macroeconómicos, laborales y sociales no hayan conseguido permear como debieran hacia las mayorías trabajadoras en España”, admite a elDiario.es.

La crisis sanitaria de 2020 frenó de golpe la evolución descendente del índice Arope, que mide el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social. Y, aunque después de 2021 volvió a caer, no ha sido capaz de recuperar los niveles previos a la pandemia.

Para elaborar la gráfica anterior, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN España), tiene en cuenta tres indicadores: la pobreza relativa, la baja intensidad en el empleo y la privación material y social severa. Es en este último punto donde las estrategias se dan de bruces con el drama residencial y el que tira para arriba de ese porcentaje, tras el que se encuentran ya más de una de cada cuatro personas.

“La pobreza baja, la baja intensidad de empleo baja, incluso estamos en el objetivo, sin embargo, vemos que tanto el coste como los suministros de la vivienda son un elemento que ha influido mucho en que la tasa general haya subido medio punto”, explica el presidente de EAPN España y Europa, Carlos Susías. Del último informe de la Red, con datos de 2023, se extrae que casi la mitad de la población, el 48,7%, tiene alguna dificultad para llegar a fin de mes, 0,9 puntos más que el año anterior.

En casa de Carmen entran dos sueldos, el suyo, que trabaja en el departamento de atención al cliente de una gran multinacional, y el de su marido, que tiene un contrato en una empresa de coches eléctricos. Pero no llegan a fin de mes. “Vivíamos en el barrio de Cortes, en Madrid, pero los precios se dispararon y nos fuimos a Móstoles”, explica. Con cuatro niños, de 3 a 12 años, y un alquiler de 890 euros, tiene que hacer malabares para mantener la economía familiar. “He dejado de pagar el gas con la subida (de la renta) porque entre comer y tener calor, decidimos comer”, señala.

La mudanza le permitió ganar una habitación y algo de espacio, pero la ató a más gastos de transporte, a las extraescolares de los niños a los que no llega a recoger a la salida del colegio y a una factura en tiempo. “Ser pobre es tremendamente caro”, recuerda Susías, porque “con las subidas del alquiler y dependiendo de dónde te vayas a vivir, tienes más gasto en transporte, disponibilidad de tiempo, calidad de vida... Además, el encarecimiento de los precios es igual para todos, pero en las economías más castigadas supone un porcentaje mayor y también consumes más energía, porque tu casa está peor aislada o tus electrodomésticos son más viejos o menos eficientes”, desarrolla.

Manifestación por una vivienda digna en Madrid este domingo

La reconfiguración de la estructura del régimen de tenencia en España es un factor fundamental para entender cómo se distribuye la pobreza. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el lunes, durante la presentación de un paquete de 12 medidas destinadas a paliar la crisis residencial que sufre el país, que la población se enfrenta a la disyuntiva de “no convertirse en una sociedad dividida en dos clases, los propietarios ricos y los inquilinos pobres”. La cuestión es si eso no ha ocurrido ya, porque la renta de los caseros ya duplica a la de los inquilinos.

Esa situación por la que los propietarios de viviendas se enriquecen a costa de quienes no tienen capacidad de ahorro para acceder a una en propiedad es lo que desde movimientos como la PAH catalogan como “economía vampírica”. “Consiste en extraer los recursos de la clase trabajadora e inyectarlos en las más poderosas”, indica su portavoz estatal, Paco Morote. “De poco sirven las subidas del SMI o las mejoras de convenio, porque se las comen los precios de la vivienda. Es imprescindible poner coto a estos desmanes”, considera, en plena negociación para la subida del salario mínimo, que tanto Trabajo como Economía sitúan en el entorno de los 50 euros, hasta los 1.184 al mes.

“La vivienda se ha convertido en un mecanismo extractivo para acumular riqueza en unas pocas manos a costa de las condiciones de vida de las familias trabajadoras”, indica Bustinduy, que defiende que “intervenir el mercado de la vivienda es determinante en la lucha contra la pobreza y la exclusión social”. El ala de Sumar en el Gobierno considera que las medidas anunciadas por Sánchez son “parches y medias tintas”.

“Defendemos una intervención decidida en el mercado de la vivienda, que fuerce la bajada de los precios del alquiler en zonas tensionadas, amplíe un parque público de vivienda que no pueda ser revertido al mercado, y prohíba de forma efectiva la compra de inmuebles con fines especulativos”, indica el ministro de Derechos Sociales, que hará de la prestación universal por crianza uno de los ejes de sus reivindicaciones para negociar los próximos Presupuestos Generales del Estado.

Lucas tiene 31 años y vive desde hace cuatro con su pareja en el céntrico barrio del Carmen, en Murcia. “El piso está viejo, las ventanas ni cierran, y nos planteamos cambiarnos, pero los precios de los alquileres son muy elevados, prohibitivos”, explica. Lo que antes era una intención, ahora es una cuenta atrás: la propietaria ha vendido el piso y la compradora quiere entrar a vivir. Tienen que dejar su hogar, por el que pagan una renta de 400 euros, en febrero. “A nivel psicológico, no encontrar un alquiler asequible ha sido bastante duro”, explica.

Finalmente, han optado por volver a la casa del pueblo de su pareja y quedarse allí, “el tiempo que haga falta”, mientras encuentran algo para comprar. ¿Por la bajada del euríbor? “No, la razón fundamental ha sido no encontrar un alquiler asequible. Nos sale más barata la hipoteca”. Las previsiones tampoco son halagüeñas para quienes optan por la propiedad. Las principales tasadoras estiman un aumento de la demanda que encarecerá la vivienda hasta un 7% y hasta un 12% en el caso del alquiler.

Al límite del índice de pobreza y de riesgo de exclusión social hay una línea muy fina, casi transparente. “Quien está un euro por encima, no se considera en pobreza, pero su situación es la misma que el que está un euro por debajo”, explica Susías, que apunta a una situación de “empobrecimiento” general de la población en alquiler. Según el informe de EAPN España, el 22,5% de la población surfea como puede ese límite: “Cualquier elemento, como perder el empleo, dejar de recibir determinado tipo de rentas o una subida especial de la vivienda te puede llevar a situaciones de pobreza”.