El Ministerio de Hacienda ha enviado este lunes la documentación necesaria para acogerse al Fondo de Solidaridad de la Unión Europea “a raíz de los daños ocasionado por la DANA el pasado 29 de octubre y que afectó principalmente a la provincia de Valencia”.

El pasado 4 de noviembre, pocos días después de las inundaciones, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya comunicó a la entonces comisaria europea de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, que España tenía intención de acogerse al Fondo de Solidaridad.

El reglamento del fondo establece que los Estados miembros podrán adherirse a él, considerando la catástrofe de naturaleza grave, cuando los daños derivados de la catástrofe superan el 0,6% de la renta nacional bruta o 3.000 millones de euros (precios de 2011). “La documentación remitida por el Ministerio de Hacienda refleja que España cumple esta condición”, defiende el Ministerio de Hacienda.

El fondo financia parte de ciertos gastos derivados de catástrofes como la DANA. Los gastos susceptibles de recibir recursos del fondo europeo son, entre otros, los destinados a “restablecimiento de las infraestructuras básicas, como la energía, el agua, la sanidad y la educación”. También a los que tienen que ver “alojamientos temporales y costes de los servicios de urgencias para cubrir las necesidades inmediatas”. Además, para “seguridad de las infraestructuras de prevención”. Y, por último, para “medidas de protección del patrimonio culturaly para ”operaciones de limpieza“.

“La documentación remitida este lunes contempla el detalle de los gastos que cumplen los requisitos para ser financiados con el Fondo de Solidaridad y que actualmente ascienden a 4.404 millones de euros”, según señala Hacienda. Esta cifra podría sufrir variaciones a la baja en el caso de que algunos de los gastos elegibles reciban financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. “El reglamento establece que no se permite la doble financiación de las medidas y el Estado beneficiario debe garantizar que los costes cubiertos por el Fondo de Solidaridad no están ya cubiertos por otros instrumentos de financiación de la Unión”.

Una vez remitida toda la información, se inicia un proceso en el que la Comisión Europea analizará y evaluará la documentación y finalmente asignará el importe de la ayuda que le corresponde a España. La subvención debe ser aprobada posteriormente por el Consejo y el Parlamento de la Unión Europea. Una vez que los créditos están disponibles, la Comisión firma un acuerdo con el Estado beneficiario y proporciona la subvención. Todo este proceso es relativamente largo y puede durar varios meses.