Como tantos solicitantes de asilo, iba a tener que reinventarse, encontrar los huecos del mercado laboral para empezar a rodar en un nuevo país junto a sus hijos. Debía empezar a cursar formaciones básicas y cortas que permitieran abrirle una primera puerta.  

Como no sabía por donde empezar, pidió asesoramiento laboral a la asociación Andalucía Acoge y empezó a encadenar formación tras formación. Comenzó con un curso de comercio polivalente, después de ayudante de cocina, curso de hostelería o diversos talleres para entender dónde encontrar oportunidades de empleo. Actualmente, Sonia trabaja como ayudante de cocina en un restaurante, después de pasar por varios empleos temporales ligados también a los cursos realizados. 

Estos cursos de inclusión laboral son parte de uno de los cientos de proyectos vinculados con migración a los que llega la financiación del Fondo Social Europeo (FSE), una de las patas de los fondos de cohesión con los que la Unión Europea busca reducir la desigualdad y la pobreza a través de distintas líneas de actuación en distintos países comunitarios. El 18,81% de los fondos centrados en la inclusión social de personas en situación de exclusión han ido a parar a proyectos vinculados con la migración. Desde 2014 a 2024, la cantidad del FSE destinada gestionada por la Secretaría de Estado de Migraciones para este fin ha alcanzado los 368 millones de euros para costear proyectos estatales de migración, mientras que el resto de programas -de los que puede haber beneficiarios migrantes, pero no están centrados exclusivamente en ellos- se llevan 1.591 millones de euros. 

Los destinatarios y objetivos varían en cada convocatoria. Para impulsar la última, la Comisión Europea aprobó el FSE+ de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha Contra la Pobreza con el objetivo de “crear una Europa más social y más inclusiva”. Este programa, que se desarrollará entre 2021 y 2027, cuenta con distintos de proyectos destinados a migración a través de dos líneas principales de actuación, según explican fuentes de la Secretaría de Estado de Migraciones. Por un lado, impulsa itinerarios de Inserción Sociolaboral con la finalidad de “facilitar la integración de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo mediante un proceso personalizado”. El proceso comienza con una entrevista para identificar sus necesidades y, a partir de ahí, diseñar itinerarios formativos que les ayuden a adquirir habilidades laborales. Para abordarlo, Inclusión lo gestiona a través de la colaboración con ONG y a través de la gestión directa por parte del Estado.

Según los datos del Ministerio, como Sonia, más de 24.000 personas han participado en este tipo de proyectos de inserción sociolaboral, tanto desde los centros de acogida del sistema estatal como a través del contacto con ONG beneficiarias de estos fondos. Entre quienes optan a este tipo de apoyo hay solicitantes de protección que están tanto dentro como fuera del sistema de acogida estatal, inmigrantes en situación irregular y en situación regular.

De entre todos los proyectos financiados por estos fondos desde 2014, el que más financiación ha recibido tiene que ver con la asistencia de emergencia a quienes han huido de la guerra en Ucrania y el soporte extra a la escolarización de los menores ucranianos llegados a España, según el análisis realizado por elDiario.es. La aportación dirigida a estos refugiados alcanza los 107,7 millones de euros, de los cuales la Unión Europea aporta una parte, variando según el nivel de desarrollo de las regiones a donde va destinada. 

Las formaciones que cursó Sonia le sirvieron, cuenta, para aprender cómo empezar a buscar trabajo en España, conocer a gente de distintas nacionalidades y abrir camino en distintos sectores donde hay más oportunidades laborales. “Estas formaciones sí sirven. Lo primero que te preguntan cuando buscas trabajo es qué formación has tenido aquí en España. Porque, aunque tenga mis estudios en Colombia, no nos sirve al no estar homologado. Y realizando formaciones como estas nos dan un impulso para poder emplearnos”, dice la solicitante de asilo colombiana “Te relacionas con todos sin importar la nacionalidad, también con los tutores, los compañeros de trabajo y poco a poco te va abriendo puertas hacia otras oportunidades de trabajo que se presentan”, añade.

La segunda línea de actuación se basa en proyectos de sensibilización a través de iniciativas que buscan “combatir la discriminación y promover la igualdad”, a través de iniciativas para luchar contra el racismo y la violencia de género, detallan desde Migraciones. Los programas incluyen subvenciones para actuaciones que apoyan a víctimas de delitos de odio, así como formación para profesionales que trabajan con migrantes. En 2023, la Secretaría de Estado sirvieron para financiar proyectos vinculados con la denuncia de delitos de odio, violencia de género y trata de seres humanos en los que participaron 20.000 personas delitos de odio, la violencia de género o la trata de seres humanos.

Desde la ONG Red Acoge, una de las cinco organizaciones que más subvenciones del FSE ha recibido desde 2014, destacan los resultados de uno de los proyectos pilotos cofinanciados por la UE en 2024. El programa busca facilitar la regularización de migrantes sin papeles a través de formaciones por microcredenciales, mediante el diseño de los cursos, el apoyo en su realización y el acompañamiento posterior. El objetivo es, a partir de un segundo proyecto piloto, fomentar la regularización de quienes sigan estos cursos.

“Se diseñó una formación microcredencial partiendo de cero en colaboración con la Universidad de A Coruña”, explica Guillermo Guerrero, coordinador de este proyecto en Red Acoge. La idea, cuenta, era idear un curso pensado en las necesidades de las trabajadoras domésticas y de las empresas que pudiesen contratarlas. “Tras un trabajo de campo se decidió que tenía que estar enfocado en el trabajo del hogar, porque es un sector muy feminizado en el que trabajan muchas personas de manera irregular. Se identificaron las competencias que debían abordarse en función del colectivo al que iba dirigido y de los potenciales empleadores”, añade. El planteamiento del programa tenía en cuenta también las circunstancias de estas mujeres, que en la mayoría de ocasiones no pueden dejar de trabajar en la economía sumergida mientras buscan la manera de regularizarse. Por ello se impulsó un sistema semipresencial y las clases presenciales se podían impartir en los distintos centros territoriales con los que cuenta la ONG en España, que suele coincidir con puntos de gran presencia de inmigración. 

El proyecto de la formación por microcredenciales estaba ligado a otro proyecto de regularización a través del arraigo de formación, una vía que permite conseguir un permiso de residencia temporal para formarse en algún ámbito. “Dimos preferencia a las personas que ya trabajaban en los cuidados de manera informal, pera que tuviesen una oportunidad de mejorar sus competencias y lograr una oferta de trabajo con la que poder regularizarse de forma estable”, añade Guerrero. De momento, el proyecto se encuentra en su primera fase y 35 personas han obtenido un permiso de residencia temporal. El técnico del proyecto destaca entre los resultados “un aumento de las competencias laborales, un aumento de la empleabilidad y evidencia que las microcredenciales son un sistema eficaz para sacar de la regularidad a personas que ya trabajaban en el sector”. Sin embargo, lamenta que el nuevo reglamento de la Ley de Extranjería no haya tenido en cuenta estas conclusiones y hayan retirado este tipo de titulaciones como vía para obtener el arraigo por formación.

Lucha contra la discriminación

Entre las iniciativas que buscan la lucha contra la discriminación se encuentra el gestionado por la ONG Accem, otra de las organizaciones que más subvenciones reciben del Fondo Social Europeo. El programa prende dar acompañamiento a las víctimas de discriminación racista o xenófoba con el objetivo de reclamar soluciones o, si es preciso, denunciar ante los tribunales en caso de incurrir en delitos de odio. “Las personas que acuden al servicio suelen ser más mujeres que hombres, y denuncian actos discriminatorios en todos los sectores de la vida diaria, pero especialmente en la vivienda y la sanidad”, sostiene Judith García, responsable del eje jurídico de Accem. 

“Existen unos niveles muy altos de denuncia del racismo porque hay una desconfianza a las autoridades, hacia el sistema y un gran desconocimiento de que ciertos actos que sufren son racistas por lo que este proyecto busca apoyar a las víctimas en la toma de decisiones”, apunta García.