La votación en contra de los partidos de derechas PP y Junts, junto a la ultraderecha de Vox, que tumbó el decreto ómnibus cargado de ayudas para los más vulnerables o la subida de las pensiones está provocando esfuerzos notables para tratar de controlar el relato.

Ante la falta de consistencia de los argumentarios, finalmente, ambas formaciones de derechas han buscado en la 'okupación' la razón última para poder justificar su no a un decreto que mantenía las rebajas de los precios del transporte público o subía la ayuda a los perceptores de ingreso mínimo vital. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, trataba de defender la posición contraria de su grupo parlamentario asegurando que la moratoria antidesahucios que prorrogaba el decreto “no ha beneficiado a nadie” y ha “aumentado el fenómeno de la inquiocupación”, mientras que Turull se descolgaba con que la moratoria  complica los desalojos de “okupaciones delincuenciales” y “mafiosas”. La realidad es que la alarma social de la 'okupación' no se sostiene con datos, como ya hemos explicado, ya que solo un 0,06% de los hogares son 'okupados' y si se trata de vivienda habitual se desaloja al momento.

En este maremágnum de opiniones para tratar de explicar que la postura de las derechas solo trata de castigar al Gobierno de Pedro Sánchez aunque sea perjudicando a millones de personas, también saltó a la palestra el presidente de Junts, Carles Puigdemont. En este caso, Puigdemont señaló como “fake news” que su formación esté en contra de subir las pensiones y apuntó: “Nos gustaría que a los jubilados catalanes se les aplicase un correctivo al alza que compensase el coste de la vida, porque vivir en Cataluña es más caro que en muchas comunidades autónomas españolas”.

El problema de la argumentación de Puigdemont es que o es tramposo o desconoce cómo funciona el sistema de pensiones o ambos a la vez. La cuantía de una pensión no se calcula con relación al coste de la vida de un territorio determinado sino que obedece a las bases de cotización durante la etapa laboral, al salario durante la época en la que se está activo, al número de años cotizados y a la edad en la que se accede a la jubilación. En esta página de la Seguridad Social se explica cómo se calcula cuantía de las pensiones.

De esta manera, cuanto mayor sea el salario bruto durante más años, mayor será la pensión de jubilación, independientemente del territorio en el que se viva. Un camarero que ha trabajado toda su ida en Cataluña tendrá una pensión menor que un ingeniero en Murcia porque sus aportaciones a la Seguridad Social han sido menores ya que habrá tenido un sueldo menor. La cuestión es que en nuestro estado de las autonomías nos pasamos todo el día haciendo comparaciones, según convenga políticamente, entre cada territorio.

Como se puede observar en el gráfico anterior, la pensión media de jubilación en Cataluña (1.482 euros) está por encima de la media nacional (1.450 euros), por debajo de comunidades como Euskadi (1.772 euros) o Asturias (1.718 euros) y es mayor que en regiones como Galicia (1.238 euros) o Extremadura (1.219 euros). La cuantía de la jubilación por territorios suele responder a la estructura productiva de esa comunidad autónoma, de manera que si en una región la industria tiene mucho peso, los sueldos y los costes laborales suelen ser superiores respecto a una comunidad con mayor protagonismo del sector servicios y la agricultura o en el caso de Madrid por el efecto capitalidad.

Según la encuesta de estructura salarial del INE (los últimos datos son de 2022), el salario mediano (divide al número de trabajadores en dos partes iguales, los que tienen un sueldo superior y los que tienen uno inferior) de España es 22.383,11 euros, en Cataluña fue de 24.772 euros, el cuarto más alto, mientras que el mayor es el de Euskadi (28.857 euros) y el menor en Extremadura (18.860 euros). En esta información que elaboramos puedes ver cómo se reparten los salarios en España. En el caso de Cataluña, la diferencia entre salarios actuales y pensiones obedece a que tiene el mayor número de jubilados de España, con una estructura económica de costes laborales muy diversificada.

En el caso de la pensión media del sistema de la Seguridad Social, que incluye la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares), la clasificación regional por cuantía sigue unas pautas parecidas que solo de jubilación.

Para justificar su propuesta, Puigdemont asegura que el coste de la vida es mayor en Cataluña, aunque atendiendo a los datos de inflación esta región acaba 2024 con un IPC del 2,9%, solo un 0,1% por encima de la media nacional (2,8%) y muy por debajo de Euskadi (3,6%) o Baleares (3,4%). Siguiendo el planteamiento del líder de Junts, ¿un jubilado catalán que se vaya a vivir a Jaén tendría que recibir menos pensión porque en ese territorio el coste de la vida es más bajo? ¿Habría que subirle la pensión a un gallego jubilado que fuera a vivir a Euskadi porque allí han subido más los precios? Las pensiones obedecen a la trayectoria laboral de los ciudadanos, no a los territorios donde viven.

El sistema español de pensiones públicas es muy solidario, los problemas de baja natalidad o la baja demografía de algunas regiones al igual que la estructura económica menos productiva de algunas comunidades autónomas no ha conducido a que haya ciudadanos que dejen de cobrar su pensión. Ha sido un avance relevante que las pensiones suban cada año según el IPC para que los jubilados no pierdan poder adquisitivo. Hay que consolidar el sistema de pensiones público, atacado desde las entidades financieras que las quieren establecer como un negocio más, facilitando su solvencia y asegurando su pervivencia como instrumento para reducir las desigualdades y la pobreza. El voto de Junts, como el del PP, en el Congreso responde a una estrategia partidista que poco tiene que ver con una política que ponga a las personas por delante de los intereses propios. Votar en contra de la subida de pensiones es pernicioso para los ciudadanos.