Las empresas temen un 'peaje' del 5% a sus ingresos en Estados Unidos si la Unión Europea (UE) no retira el impuesto mínimo a las multinacionales.

Este 'suelo' en el impuesto de Sociedades para evitar el traslado de beneficios a guaridas fiscales surge de los acuerdos en el marco de la OCDE, a los que Donald Trump renunció en su primer día de mandato, con una orden en la que pidió al secretario del Tesoro y al representante Comercial de Estados Unidos “elaborar en 60 días una lista de medidas de represalia contra los países que apliquen impuestos extraterritoriales a las multinacionales estadounidenses”.

El equipo de expertos de la consultora E&Y considera que estas represalias pasarían por “un incremento del 5% anual [de una retención o gravamen a modo de represalia] sobre los ingresos norteamericanos de cualquier entidad residente en un país con UTPR [las siglas en inglés del sistema de tributación mínima sobre rentas pagadas]”.

Este aumento anual de este gravamen, que ya fue propuesta por senadores del Partido Republicano de Estados Unidos en 2024, podría alcanzar hasta el 20% “en tanto no se retire” el tipo mínimo del 15% en el impuesto de Sociedades para las multinacionales estadounidenses. Fuentes del mundo empresarial a las que ha tenido acceso elDiario.es consideran que es una represalia desproporcionada porque afecta a sociedades de cualquier tamaño, mientras que el tributo mínimo del 15% está diseñado para compañías con ingresos de más de 750 millones de euros.

Esta directiva europea, que traslada el acuerdo de la OCDE sobre fiscalidad global conocido como Pilar 2, significa que cualquier defecto de tributación de una filial y del resto de entidades de un grupo multinacional (en este caso estadounidense) puede ser capturado por otros países que no son Estados Unidos, como por ejemplo España.

Estados Unidos firmó este acuerdo en 2021, junto a cerca de 140 países y jurisdicciones en total, pero ahora la Administración de Donald Trump considera que es un impuesto “discriminatorio”.

La intención de este mínimo global es evitar la pérdida de ingresos públicos de los países por el traslado de los beneficios de las grandes empresas a guaridas fiscales donde o no tributan o pagan muy poco. Su funcionamiento se entiende con un ejemplo: el tipo mínimo del 15% global es un suelo en el impuesto de Sociedades para Ferrovial en España y en Países Bajos, lo que desincentivaría su traslado de un país a otro, pero es que, además, contempla que si el grupo de infraestructuras acaba pagando un 10% en el país del norte de Europa, nuestra Hacienda pueda reclamarle el 5% restante.

Las amenazas de Estados Unidos ya hacen pensar al mundo empresarial que la Comisión Europea “dulcificará” tanto el tributo mínimo del 15% a las multinacionales que “dejará de tener sentido”.

De hecho, los expertos de E&Y consideran que la Administración de Donald Trump podría añadir utilizar otras medidas de represalia, como los aranceles, para amedrentar a los socios europeos. El Ejecutivo comunitario, de momento, contiene la respiración.

“Esta decisión supone un cambio radical en la colaboración internacional contra la evasión fiscal, que es un problema mundial, pero impulsado en gran parte por las grandes empresas estadounidenses, altamente digitalizadas, que trasladan sus beneficios a través de las fronteras mediante sistemas fiscales muy agresivos”, advierten desde Oxfam Intermón, una de las organizaciones más implicadas en el debate sobre la justicia en la recaudación y la redistribución.

Esta misma semana, Estados Unidos ejecutó otro movimiento en la misma línea al retirarse de las negociaciones en la ONU sobre un nuevo tratado fiscal global, advirtiendo de que se opondrá a cualquier resultado de estas conversaciones.

“Se ha puesto en cuestión al principio de la multilateralidad. Si yo me pongo en el lugar de las empresas españolas, por ejemplo, que siempre dicen que lo que buscan es la certeza tributaria, esto les lleva a una incerteza total”, lamenta Susana Ruiz, responsable de políticas de justicia fiscal de Oxfam. “Todos los argumentos de que no se podían cambiar las cosas si no era de forma colectiva, Trump lo ha hecho saltar por los aires”, dice esta experta.

Un informe de la Red de Justicia Fiscal señaló en noviembre que España pierde cerca de 10.000 millones de euros al año de recaudación de impuestos por la fuga de empresas y ricos a guaridas fiscales. Alrededor de 9.000 millones por la incapacidad de la Agencia Tributaria de gravar los beneficios que las multinacionales ocultan en islas caribeñas y atlánticas, y también en Países Bajos, Irlanda, Suiza o Malta. Y otros 1.000 millones del patrimonio que nuestros contribuyentes más ricos desvían a estos mismos 'agujeros negros' para Hacienda.