Dos grandes aprietos atenazan el sector del automóvil, uno de los pilares industriales de Catalunya: por un lado, la baja penetración de los vehículos electrificados, pese a las multimillonarias inversiones de los fabricantes europeos como Seat.

La Generalitat se ha comprometido a impulsar la renovación del parque automovilístico sostenible con préstamos bonificados para autónomos y empresas por valor de 440 millones de euros a través del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), el banco público catalán, y a duplicar el número de puntos de recarga con la instalación de 9.000 estaciones en cinco años, hasta 2030.

La promesa forma parte de un plan para impulsar el vehículo eléctrico que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha presentado este lunes en Barcelona ante varios consellers y una nutrida representación del sector catalán de la movilidad sostenible.

La medida llega en un momento convulso y no es casual: justo dos semanas después de que el Gobierno, los presidentes de Catalunya, Comunitat Valenciana y Navarra, y Seat se conjurasen para acelerar la “irreversible” implementación de coche eléctrico en España. Y tras la alerta del presidente de la multinacional automovilística, Wayne Griffiths, de la posible pérdida de 1.500 puestos de trabajo en Matorell en el caso de que no se rebajen los actuales aranceles europeos al Cupra Tavascan, el vehículo eléctrico que Seat fabrica en China.

El plan de la Generalitat es ambicioso, en cuanto a los objetivos y al montante económico. Espera movilizar más de 1.400 millones de euros en cinco años, pero no todos los recursos son públicos. Aspira más bien a servir de catalizador para que el sector privado y los consumidores se acaben sumando, algo que también dependerá de las políticas de ayudas y bonificaciones fiscales del Gobierno de España.

La compañía energética pública catalana, L’Energètica, se encargará del despliegue de los 9.000 cargadores, el primer objetivo. Los primeros 5.000 se habilitarán en edificios públicos para dar servicio a la flota de la Generalitat, que quiere que esté electrificada en un 90% en 2030. No estarán abiertos a los ciudadanos.

En una segunda fase se instalarán 4.000 más en edificios públicos con acceso abierto. Catalunya dispone hoy de unos 9.000 puntos de recarga de acceso público, en torno al 20% de los que hay en toda España, pero para cumplir con los objetivos marcados por la Unión Europea (UE) necesitará unos 45.000 en 2030.

El segundo gran pilar es impulsar la demanda de vehículos electrificados (eléctricos puros, híbridos enchufables y motocicletas), nada menos que triplicar la penetración, un reto mayúsculo: Catalunya cerró 2024 con una cuota de mercado del 14,3% en matriculaciones de coches electrificados, por encima de la media estatal, pero muy por debajo del 40% que marcan las autoridades europeas para el año 2030.

Los responsables de los departamentos implicados - Empresa, Economía y Territorio- se han propuesto alcanzar las 150.000 matriculaciones de vehículos electrificados en 2030, lo que supone multiplicar casi por nueve el ritmo de matriculaciones actual. El presupuesto para este objetivo es de 880 millones de euros, pero la Generalitat solo controlará la mitad 440 millones.

Por un lado, habilitará 200 millones de euros a través del ICF para una línea de préstamos con tipos de interés bonificado (que aún no ha dado a conocer) para facilitar la compra de vehículos (furgonetas eléctricas) a autónomos y microempresas (menos de 10 trabajadores) de un precio máximo de 60.000 euros. El préstamo se tendrá que amortizar en seis años. Y asignará otros 240 millones para incentivar a que las empresas cambien sus flotas por vehículos de cero emisiones.

El plan contempla otras medidas fiscales alternativas y bonificaciones, pero no dependen de la Generalitat, sino de otras administraciones superiores y de la aritmética parlamentaria. El rechazo del decreto ómnibus a finales de enero, con los votos en contra de Junts, PP y Vox, representó el decaimiento de la prórroga del Plan Moves III para la compra de vehículos eléctricos, pilas de combustible y puntos de recarga hasta el próximo 30 de junio, y también la deducción del 15% en el IRPF, hasta 3.000 euros en la compra de un vehículo eléctrico hasta el 31 de diciembre de 2025, entre otras medidas para de incentivo a la sostenibilidad.

El refuerzo de la cadena de valor de la industria local, con la promoción de la innovación y de la FP y talento especializado, también forma parte de los objetivos del plan, con una dotación de 135 millones de euros. Se trata de un sector clave para la industria catalana, el tercero en cuanto a su contribución PIB industrial, con unas 325 empresas que dan trabajo a unas 35.000 personas.