Del palacete hoy ruinoso en Torrelodones (Madrid) con el que hicieron caja los herederos del dictador Francisco Franco al hotel ilegal de El Algarrobico, en Almería, cuyo trámite de expropiación ha iniciado este martes el Consejo de Ministros para derribarlo.

Son algunos de los activos de Azata Patrimonio, una de las inmobiliarias del octogenario José Domingo Rodríguez Losada, multimillonario muy bien relacionado con la vieja guardia del PP madrileño al que se ha vinculado con el ex comisario José Manuel Villarejo en Boadilla del Monte, el estallido de la Gürtel en Majadahonda o el ‘caso Astapa’ de corrupción en Estepona.

El Ejecutivo ha decidido declarar de “utilidad pública” parte de los terrenos en los que se asienta el Algarrobico, símbolo de los excesos del boom del ladrillo, en un inesperado paso para derribar el complejo. El hotel empezó a construirse en mayo de 2003 y se paralizó en 2005 por orden judicial. Su promotora fue Azata del Sol, empresa inactiva que tiene el 88,48% de sus acciones en manos de Azata Patrimonio, que hace años reconoció deterioros cercanos a 30 millones en esa filial.

Domiciliada en Marbella, Azata Patrimonio cerró 2023 con activos de 383 millones, unos 25 millones de facturación y un beneficio de 8,6 millones, según sus últimas cuentas, disponibles a través de Insight View. Con centros comerciales en Madrid, Las Rozas o Marbella, a su propietario y administrador único, Rodríguez Losada, el último ranking de ricos de El Mundo le calcula un patrimonio de 510 millones, en el puesto 128 de mayores fortunas españolas, empatado con los Ribera (dueños de la cervecera Estrella de Galicia) y por delante de millonarios tan conocidos como los Lara (Grupo Planeta). 

Discreto y controvertido, Rodríguez Losada, 87 años recién cumplidos, hizo fortuna en el noroeste de Madrid, en municipios como Pozuelo de Alarcón, Majadahonda, Las Rozas y Boadilla del Monte. Tuvo excelentes relaciones con Rodrigo Rato o el ex alcalde majariego y ex secretario general del PP de Madrid, Ricardo Romero de Tejada, personaje clave del famoso 'Tamayazo' que aupó a Esperanza Aguirre a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Romero de Tejada (condenado como Rato por las tarjetas 'black' de Caja Madrid) veraneó durante años en un chalé de Rodríguez Losada en Puerto Banús.

Una operación urbanística en la que estaba implicada Azata, la cesión de dos parcelas de suelo público, “las dos mejores de Majadahonda”, fue la que acabó destapando la trama Gürtel, según declaró en 2015 su cabecilla, Francisco Correa.

En la vecina Pozuelo, la periodista Carmen Rigalt contaba en 2009 que Jesús Sepúlveda, ex marido de la exministra de Sanidad Ana Mato y ex alcalde corrupto de esa localidad, condenado en firme por el Tribunal Supremo en 2020 a 14 años y 10 meses por la primera época de la Gürtel, le puso el nombre de una plaza [“Desconozco cuáles fueron sus méritos”] a una de las hijas del constructor. Se trata de Berta Rodríguez González, licenciada en Historia del Arte y diplomada en Ciencias de la Educación, que estuvo casada con Juan José Güemes, ex consejero de Sanidad y Empleo en la Comunidad de Madrid con Aguirre.

El dueño de Azata fue noticia más recientemente por la cesión de unos terrenos de Mercamadrid a una de sus empresas, por la que se llegó a investigar a otra histórica del PP madrileño, Concepción Dancausa. En Boadilla, epicentro de Gürtel, intentó desarrollar en 2005 un proyecto de 219 chalés sobre un encinar centenario. Compró a precio de saldo el suelo, que recalificó un Plan de Ordenación elaborado por el arquitecto que firmaba el proyecto, Leopoldo Arnáiz, imputado en su día en varios procedimientos vinculados a los manejos urbanísticos del PP en Madrid, y que acabó en la lista de morosos de Hacienda (en la de 2022 figuraba con una deuda de 3.212.052 euros).

La edificación expropiaba la finca de Villarejo, que según publicó en 2021 El Periódico de España, salvó su chalé de lujo gracias a un chivatazo al PP sobre la inminente detención en 2008 del entonces alcalde socialista de Estepona, Antonio Barrientos, en el caso Astapa, un escándalo de corrupción urbanística que se desinfló con los años. La sentencia se dictó en noviembre sin penas de cárcel efectivas y con 31 de los 46 procesados absueltos.

En Astapa fue imputado el empresario Aurelio Martín, socio de Rodríguez Losada en el que prometía ser el mayor centro comercial de España en Estepona, La Lobilla, cuyo análisis ha retomado la Junta de Andalucía, según informó El Español en septiembre. Finalmente el fiscal pidió archivar la investigación al socio de Rodríguez Losada por no entender acreditado que hubiera corrompido a técnicos o políticos del consistorio. Villarejo se jactó en una grabación de haber protegido en esa investigación al dueño de Azata, con el que decía compartir negocios, según publicó Moncloa.com en 2019. 

En Estepona, Rodríguez Losada explota un campo de golf de 18 hoyos y vistas al mar, Azata Golf. En la vecina Marbella participa en una promotora aparentemente inactiva, Kasar de Altavista SL, junto a una empresa que montó en Luxemburgo el actual alcalde esteponés, el popular José María García Urbano, y que en 2023 hizo caja vendiendo proyectos fotovoltaicos nada más autorizarlos la Junta.

El mes pasado, la agencia EFE informó de que Azata ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que reconozca las indemnizaciones pertinentes a su favor si se declara nula la licencia de obra del hotel en Carboneras (Almería) que concedió en su día un alcalde del PSOE. Es la vía que defiende la Junta de Juan Manuel Moreno Bonilla, que asegura que expropiar “no es la mejor fórmula porque eternizaría el proceso en caso de recurso judicial”. La Junta lleva nueve años sin consumar la adquisición del suelo del hotel que ganó en los tribunales.

El Tribunal Supremo dictó en 2016 la sentencia de derribo del Algarrobico tras diez años de litigios, pero la madeja judicial ha hecho imposible ejecutar la demolición. La expropiación planeada por el Ejecutivo es un atajo para sortear los pleitos pendientes. Con todo, la asociación Salvemos Mojácar –que inició la batalla judicial hace 20 años– ha advertido de que el proceso “podría demorarse muchos años si la promotora Azata o el Ayuntamiento recurren”.

elDiario.es contactó con Azata Patrimonio sin obtener respuesta. Las cuentas de la empresa, firmadas en Marbella el 14 de octubre, tienen un año más salvedades de su auditor, por falta de información sobre las operaciones financieras en Portugal, “sobre aspectos legales en vigor o potenciales a cierre de ejercicio por parte de todos los abogados de la compañía”, o sobre las cuentas de sociedades vinculadas, “por lo que no podemos asegurar objetivamente la valoración de las mismas ni la existencia de deterioros de valor”, dice el informe, del pasado 15 de noviembre.

Entre los activos que maneja Azata Patrimonio está un 60% de la británica Stoyam Holding LTD, creada por el hostelero español afincado en Reino Unido José Antonio Oyamburu, que a finales de los 80 pagó 320 millones a la familia del dictador por su antigua residencia de verano en la Sierra de Madrid para montar un hotel. El proyecto no cristalizó y el palacete, ubicado en un parque natural, está en ruinas. El portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid recoge una reunión con una delegación de esa empresa convocada en noviembre de 2021 por Luis del Olmo Flórez, entonces director general de Biodiversidad y Recursos Naturales y hoy diputado del PP en la Asamblea de Madrid. 

En mayo de 2024, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso anunció un nuevo expediente sancionador contra los propietarios del palacio por el estado de abandono del inmueble, declarado bien de interés cultural (BIC), construido en 1920 por el conde de las Almenas y regalado en 1940 al dictador.

En el caso del Algarrobico, está por ver si la decisión del Consejo de Ministros pone fin al culebrón de este fallido macroproyecto turístico. Greenpeace le dedicó en 2015 un extenso informe que relataba el “despropósito empresarial y judicial” de ese hotel ilegal en el Cabo de Gata. Su dueño, decían, tiene un “historial en el que destacan la búsqueda de lucro a toda costa, las relaciones sospechosas con gobernantes y alcaldes y el desprecio a las leyes medioambientales y urbanísticas”.

El constructor tiene una veta filantrópica. En junio de 2017 dio sus apellidos a la fundación Rodríguez Losada, luego rebautizada como Child Heroes, con el fin de perseguir el “interés general, la promoción y protección de los derechos humanos y la paz con especial atención a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad”. Rodríguez Losada figuró en su primer patronato, en el que hoy aparecen sus hijas Berta (presidenta), Patricia (directora general), su hijo José Domingo y su esposa, Ángeles González (vicepresidenta).

La entidad ha impartido varias charlas en la Universidad Francisco de Vitoria, un centro privado propiedad de los Legionarios de Cristo en Pozuelo. Acepta donaciones a partir de 20 euros y ha realizado proyectos en Sierra Leona, Senegal o Benin de la mano de entidades religiosas que trabajan sobre el terreno, como las Misioneras Clarisas del Santísimo Sacramento. Con un presupuesto de unos 160.000 euros en 2023, se centra en apoyar a niños que han sido víctimas de graves violaciones de sus derechos, como abusos, maltrato, explotación laboral y/o sexual, trata, matrimonio precoz, abandono, etc. 

“Para descubrir el sentido de la vida a veces es necesario mirar atrás y buscar en tus raíces”, escribe en la carta de presentación de su web Patricia Rodríguez, directora de la entidad y con dos décadas de experiencia en cooperación internacional.