“Es surrealista”, lamenta Unai Sordo (Bilbao, 1972), que alerta en esta entrevista del riesgo de caer en “la trampa antimpuestos” de la derecha. También de los peligros económicos y democráticos de la Administración Trump.

Acaba de aprobarse una nueva subida del salario mínimo, que CCOO y UGT han pactado de nuevo con el Gobierno. Sube un 4,4% hasta los 1.184 euros al mes. En 2018, el SMI era 736 euros. ¿Se hubiera imaginado entonces que hoy estaríamos en este nivel?

Era casi una utopía, porque en España el salario mínimo había tenido siempre una función muy marginal, de cubrir los pocos cientos de miles de personas que no tenían ninguna referencia de convenio colectivo. Desde hace algo más de un lustro, se cambió el paradigma y el salario mínimo interprofesional buscó el objetivo de la Carta Social Europea, que es situarse en el 60% de la media salarial. Esto tiene un efecto muy relevante en la disminución de las brechas salariales y en el alza de los salarios más bajos. 

Se empezó una aventura que fue muy contrarrestada y muy discutida, aseverando que iba a tener unos efectos demoledores sobre la creación de empleo. Apenas cinco o seis años después podemos decir que habiendo situado en España el salario mínimo prácticamente en el 60% de la media salarial en términos netos, el empleo en las pequeñas y medianas empresas se ha incrementado casi en un 8%. También ha sido compatible con una creación histórica de empleo en España en general.

Por la vía de los hechos se ha roto absolutamente el mantra neoliberal. Además, ha sido una medida clave, por ejemplo, para reducir la brecha salarial de género que en España ha caído diez puntos en los últimos años. Era difícil de imaginar, pero se ha conseguido un objetivo muy importante, con unos datos económicos muy relevantes.

Sin embargo, el pasado martes la subida del salario mínimo quedó bastante opacada por otra circunstancia: Hacienda comunicó que iba a tributar por primera vez la gente que percibe el salario mínimo y asistimos a una disputa prácticamente en directo entre las dos formaciones de la coalición en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. ¿Cómo lo vio?

No se me ocurre ni un calificativo. Cuando toda la izquierda tenía que estar poniendo en valor que una subida del 61% del SMI reduce la desigualdad salarial, y además es compatible con una vigorosa creación de empleo en las pequeñas y las medianas empresas, resulta que está pivotando en torno a un sueño húmedo del liberalismo económico, que es a cuánta gente desacoplamos o desconectamos del sistema tributario. Me parece absolutamente surrealista. 

El debate es cómo garantizamos que cualquier perceptor del salario mínimo, aunque no tenga hijos a cargo y aunque sea soltero, se lleva en neto a su casa el 60% o más de la media salarial. Ese es el debate y no en los términos que se está estableciendo, que lógicamente la derecha económica está retozando en el charco, porque de repente se abre la idea de que hay que desconectar del sistema fiscal a las rentas bajas. Es surrealista.

Se ha situado el debate en concreto sobre si el salario mínimo tiene que estar exento del pago del IRPF. Por sus declaraciones, entiendo que no le parece un fin en sí mismo.

Claro. El fin es que todos los perceptores del SMI estén por encima del 60% de la media salarial. El fin no puede ser que una persona que cobra 5.000 euros al mes no cotice al IRPF por los primeros 16.500. Me parece una idea bastante peregrina.

El tema es cómo garantizamos que cualquier persona que cobra el SMI, aunque tenga una relación tributaria con Hacienda, eso no le minore el salario hasta el punto de reducirlo por debajo del 60% de la media salarial, que es el objetivo que marca la Carta Social Europea. Ese es el debate y no el otro. Es que estoy verdaderamente alucinado.

¿Cómo se garantiza que ese sueldo neto sea al menos del 60% del salario medio? 

Subiendo más el salario mínimo interprofesional o estableciendo algún tipo de excepción tributaria que evite que estas personas se les recorte el salario neto. 

El debate no puede ser una elevación sin límites del mínimo exento que no repercute solo en quien cobra el SMI, repercute en el conjunto de los salarios. De manera que un director general que cobre 7.500 euros al mes tiene una exención de una parte de esas retribuciones que no tributan al IRPF. Una cosa que a mí, en términos progresistas, muy lógico no me parece, porque supone una disminución de la recaudación, que creo que no se justifica.

Tras toda esta discusión también hay una cuestión de equidad.

Se han puesto encima de la mesa medidas fiscales muy alegres, por ejemplo, en materia de propietarios inmobiliarios, se supone que para favorecer el alquiler por la vía de exonerar del pago de impuestos a según qué propietarios. Esto plantea un tema de equidad. Una medida va detrás de otra y se envenenan los debates. Pero eso es una cosa y otra es que, sobre todo la izquierda política, no pierda el oremus. 

Unai Sordo, secretario general de CCOO, durante la entrevista con elDiario.es.

Todas las formaciones a la izquierda del PSOE en el Congreso se han situado en contra de la medida. También el PP. A veces con expresiones parecidas, como que la tributación es “un ataque a los trabajadores” o que Hacienda “se come” la subida salarial. ¿Cree que se está cayendo en un discurso antimpuestos?

En efecto, el riesgo es caer en la trampa antimpuestos que plantea la derecha. Creo que hay que matizar mucho más las cosas, pero el problema se ha instalado en términos de trazo grueso y es imposible meter una mínima racionalidad. Insisto: el debate no puede ser cuántos millones de personas tienen que dejar de tributar a Hacienda, sino cómo garantizamos que todo el mundo en España tenga un salario neto que al menos está en el 60% de la media salarial. 

De hecho, creo que la tendencia progresista tiene que ser la universalización de la declaración de la renta, porque facilita políticas de rentas que favorecen a los más desfavorecidos. Quien solicita el ingreso mínimo vital o el subsidio de desempleo para mayores de 52 años tiene que presentar la declaración. A la gente que accede al bono social térmico se le exige dar fe de que no tiene recursos y unos requisitos que acaban estigmatizando la pobreza. Por tanto, es muy bueno que haya transparencia fiscal para facilitar esas políticas de rentas para los más desfavorecidos.  

Comisiones Obreras ha pedido que se aborde de forma más amplia el debate sobre la reforma fiscal que hace falta en España. ¿Cree que hemos llegado a este conflicto en parte por esa falta de equidad en las medidas fiscales y por la incapacidad del Gobierno de sacar adelante la prometida reforma fiscal, con más contribución de las rentas del capital, por ejemplo?

Este es el problema. Es muy difícil hacer pedagogía cuando el debate se sitúa en el marco que quiere la derecha económica, que es cómo se dejan de pagar impuestos, y además lo situamos en las rentas más bajas. 

Hay que abrir el foco para garantizar una tributación corresponsable de las rentas medias-altas, de las rentas muy altas, que pague más quien más tiene. Y, sobre todo, que paguen más los rendimientos distintos a los salarios, sobre todo cuando son especulativos. Es decir, cuando no están destinados a la reinversión productiva.

Como posible solución, usted ha planteado que se garantice por ley que el salario mínimo neto se sitúa en el 60% de la media salarial. Vista la unanimidad en el Congreso en contra de la merma de los sueldos más bajos, ¿cree que puede haber una mayoría parlamentaria al respecto?

Creo que es la solución más directa. Y, sobre esa exigencia legal, constrúyase los distintos baremos del IRPF y las posibles exoneraciones que tengan las rentas más bajas.

En efecto, no creo que nadie se negara. En la izquierda se supone no y ahora a la derecha también le ha entrado la cosa de que nadie cobre por debajo del 60%... Está muy bien que hayan venido a esta posición, supongo que esto tampoco les generará ningún problema.

Los sindicatos se han manifestado hace poco contra el tacticismo de ciertos partidos en la caída del decreto ómnibus con la subida de las pensiones y otras medidas muy relevantes. ¿Cómo ve el ambiente en el Parlamento?

A veces se juega con fuego. Cuando hablamos del decreto ómnibus que se dejó caer, y luego afortunadamente ha salido adelante, hablamos de medidas de mucho calado. Desde la revalorización de las pensiones a medidas que garantizan ingresos a la Seguridad Social, como el aumento de las bases máximas de cotización. Tan importante era una cosa como la otra. 

Salimos a movilizarnos en principio ante la caída del decreto y luego ante la frivolidad con la que se habían abordado unas medidas de tanto calado. Me preocupa esa sensación que se abre a veces en la ciudadanía de que unas cosas son los problemas de la gente y otra cosa, las dinámicas de las instituciones y de los partidos. Ese alejamiento creo que está en la base de muchas de las malas cosas que están pasando en el mundo en términos políticos.

Luego regresamos a esta mirada internacional, pero una de las reformas que va a enfrentarse ahora al examen parlamentario es la reducción de jornada laboral, que los sindicatos mayoritarios habéis pactado con el Gobierno. También incluye un importante refuerzo del control horario. ¿Qué perspectivas tiene acerca de esta tramitación?

El partido está abierto y creo que es muy importante que se haya aprobado la reforma como se pactó con los sindicatos. Ahora hay que tramitarla, somos conscientes de que va a ser difícil y que habrá presión desde la calle. 

Esto va a salir adelante en la medida en que votar en contra de la reducción de la jornada laboral tenga un coste político, porque seamos capaces de explicar que esto es deseable para la mayoría social, pero además que es factible y que es bueno incluso para la economía y para las empresas. Un poco en la lógica de lo que decía antes del salario mínimo interprofesional frente al discurso de la catástrofe. 

La patronal está en contra de la reducción de la jornada y también ha anunciado que va a defender su postura en el Parlamento. Su marco es el de destrucción de pymes, de empleo, de más costes que las empresas no pueden asumir...

Por eso digo que el partido está abierto. En lo que llamamos “mayoría de investidura” hay partidos, sobre todo uno, que en términos de pensamiento económico es bastante liberal, como es Junts. También el PNV, pero tiene una visión distinta de esto y en principio nos ha dicho que votaría a favor. Lógicamente, van a plantear sus enmiendas y sus propuestas que analizaremos cuando estén encima de la mesa. 

La cuestión es de convicción y de movilización en la calle. En el electorado de cualquier partido político hay personas que trabajan 40 horas y que están muy de acuerdo con reducir la jornada laboral a 37 horas y media.

¿Cómo es la relación con la patronal tras el desencuentro con la reducción de la jornada? En la firma del SMI ponía el acento en la necesidad de subir más el conjunto de salarios, que en España son bajos, y abordar un nuevo acuerdo de negociación colectiva. 

El efecto del salario mínimo sería prácticamente nulo si la patronal hubiera cumplido los compromisos que en los últimos años ha suscrito con los sindicatos. Ya tendríamos salarios mínimos de convenio superiores al actual SMI. Dicho eso, la negociación de los convenios colectivos en términos de subida salarial más o menos ha cumplido los objetivos del AENC. Es decir, hay alguna dinámica buena en ese terreno.

Pero efectivamente España sigue teniendo un enorme problema de bajos salarios, con un montón de millones de trabajadores con salarios que están entre el SMI y poco más que el SMI, que apenas dan para poder sobrevivir. Tenemos que seguir corrigiendo este problema, que hay que poner en relación con la evolución de los precios y, sobre todo, de algunos muy estratégicos como el acceso a la vivienda o de los consumos básicos.

Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), en la sede del sindicato en Madrid.

Señala antes a la escena internacional. ¿Cuál es el riesgo para la economía española de Donald Trump y de los aranceles y la guerra comercial que está impulsando en todo el mundo? ¿Cómo puede afectar a España?

Estados Unidos empieza a ser un riesgo para las democracias y creo que es un tema en el que no se está reflexionando suficientemente. Está saltando por los aires el concepto de democracia representativa para ser sustituido por sistemas autoritarios de régimen presidencialista y oligopolístico, en el sentido de que los que tienen las grandes empresas, que son personajes nefastos en términos incluso personales, se están apropiando cada vez más del gobierno. 

A partir de ahí, el riesgo es que se desencadene una guerra comercial de mucho calado, sobre la que el poder económico español está bastante calladito, por cierto. Es llamativa tanta preocupación por que suba el SMI un 4,4% y no he oído a las organizaciones de empresarios agrarios, por ejemplo, poner el foco en qué pasa si Estados Unidos nos mete un arancel del 25%, cuando exportamos mil millones de euros en aceite de oliva. No les he oído decir nada, curiosamente. 

Es verdad que España no exporta demasiado a EEUU, aunque importamos cada vez más, sobre todo petróleo y gas, pero el mayor riesgo es que esta guerra comercial deteriore las economías centrales de Europa y esto afecta directamente a España. También que nos obliguen a un incremento bestial del gasto en defensa y a consumir productos mucho más caros para mejorar la economía norteamericana. Por ejemplo, productos energéticos. 

¿Qué debería hacer Europa en este contexto?

Europa tiene que reforzarse políticamente y desplegar una estrategia de autonomía estratégica, donde la autonomía energética es absolutamente clave. Y aquí España tiene una oportunidad muy grande de despliegue de energías renovables.

Si hay que ir a una guerra comercial, aunque no es deseable, habrá que ir. Si EEUU pone aranceles, Europa va a tener que poner aranceles, buscar mercados alternativos y fortalecer sus elementos de autonomía estratégica, industrial y energética.

Esta semana se ha conocido el dato de muertes en accidentes de trabajo en 2024, con 796 personas fallecidas, 75 más que el año anterior. Hay una mesa abierta para mejorar la prevención de riesgos laborales, pero los sindicatos habéis denunciado que va muy lenta. 

Sí, es una de las mesas de diálogo social que le cuesta más avanzar y a nosotros es un tema que nos preocupa de manera particular. Se están incrementando el número de muertes y de accidentes por causas que se podrían corregir con medidas preventivas muy básicas, como atrapamientos o caídas en altura. Esto tiene que ver con malas prácticas laborales y a veces con falta de coordinación entre las actividades preventivas debido a la externalización y subcontratación. 

Hay que ser muy incisivos en las exigencias para las entidades que se dedican a la prevención de riesgos laborales y en la evaluación de los planes de prevención. Exigir a las empresas y a los servicios de prevención ajenos que se profesionalicen más. Porque a veces se ha llegado a un sistema excesivamente inercial, donde la detección de riesgos no se acomoda mucho a los riesgos reales, sino que son planes que obedecen un poco al sota, caballo y rey. Ahí tanto la Inspección como la exigencia legal tienen que incrementarse.

Está pendiente esta reforma contra la siniestralidad laboral, también iniciar la negociación sobre el coste del despido, que los sindicatos habéis denunciado en Europa… El Gobierno dice que hay coalición para rato, pero se han producido varios choques importantes en los últimos meses. ¿Cómo ve al Ejecutivo para sacar estas leyes adelante?

La mayoría parlamentaria es muy difusa y lo que se llamaba ampulosamente “mayoría progresista” no es tal. Es una mayoría de investidura, pero no es progresista en términos socioeconómicos. Con lo que la capacidad de llevar adelante reformas socioeconómicas de izquierdas es compleja. Sé que a un gobierno no le gusta llevar cosas que se pierden al Parlamento, pero a veces hay que dar la batalla. Si se gana, se gana y, si se pierde, se pierde. La jornada laboral es el caso más evidente. 

Están muy reforzadas muchas de las ideas que veníamos reclamando desde los sindicatos, por ejemplo cómo ha evolucionado el empleo en los últimos años en España siendo compatible con la disminución de la temporalidad y con el incremento del salario mínimo. Cuando tienes todas esas banderas que puedes enarbolar, debería ser un acicate para profundizar.

Hay que pedirle al Gobierno mucho más pulso. Porque cuando las ideas ganan peso popular y son hegemónicas, no es tan fácil oponerse a ellas. El ejemplo lo tenemos con el decreto ómnibus. El Partido Popular y Junts votaron en contra, pero enseguida estaban pidiendo por favor, por favor, ponme otro decretito que no me quiero enfrentar a ser el responsable de no revalorizar las pensiones. Esa es la batalla: situar ideas hegemónicas, más allá de lo difícil que son las aritméticas parlamentarias.

Ha anunciado que se presenta para optar a un tercer mandato en Comisiones Obreras. ¿Qué perspectivas e iniciativas tiene para el que sería su último mandato? 

Contrasté con las organizaciones sobre si veían que podía ser el momento de promover un relevo o si valía la pena un último mandato, y de forma prácticamente unánime el llamamiento era a continuar. 

Esto está relacionado con la dificultad del momento político, no ya español, sino global. En época de crisis, mejor no hacer mudanza. Y luego que, aunque dos mandatos son ocho años y quizás pueda parecer que es tiempo suficiente para desplegar el proyecto, la pandemia prácticamente nos metió un paréntesis de dos años de excepcionalidad. Así que eso quizás sí recomienda un tercer mandato donde ejecutar muchas de las cosas que venimos tratando de impulsar.

¿Cómo cuáles?

Muchas son muy desconocidas para el gran público. Por ejemplo, el refuerzo organizativo del sindicato: poner los recursos allí donde está la gente que no se puede organizar sola, en aquellos nuevos sectores de la economía sin ninguna tradición sindical o adaptarse al cambio en la composición de las plantillas. El sindicato tiene que dar una respuesta distinta en propuesta, en narrativa, en todo. 

Y también cómo organizamos mejor a la clase trabajadora en un contexto de riesgo. Si hubiera un cambio de ciclo político en la línea que está habiendo en otros países de la Unión Europea o Estados Unidos, lo que he dicho antes no lo digo por decir: creo que corremos un riesgo civilizatorio y hay que tener todas esas posibilidades en la cabeza. No dar por sentado que vaya a ocurrir, que no estoy seguro de que esto suceda en España, pero tampoco es imposible. 

A mí no me preocupa que gobierne en España el Partido Popular en el sentido de que ya ha gobernado, pero a mí sí me preocupa la nueva posición de una extrema derecha global que creo que está cuestionando los fundamentos básicos de la democracia liberal. Y, si no, al tiempo.