Trabajo, las patronales y los sindicatos firmaron un acuerdo para implementar medidas obligatorias en todas las empresas de más de 50 trabajadores y el mandato está dando sus primeros pasos. 

“Estamos arrancando, se están abriendo las mesas de los convenios colectivos y estamos haciendo protocolos y guías”, explica Carolina Vidal, secretaria confederal de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo de CCOO, que estima que alrededor de 1.300 convenios colectivos tendrán que modificarse para incluir medidas concretas para la igualdad y contra el acoso del colectivo LGTBI. Según los datos de la Seguridad Social, en enero había 33.000 empresas que superan los 50 trabajadores.

En UGT, Toño Abad, responsable confederal del área LGTBI, también explica que han editado una guía para ayudar a las mesas negociadoras a implementar la nueva regulación. “No solo es útil para la representación sindical sino también para las propias empresas y los departamentos de recursos humanos, porque pone luz a una materia que tiene una complejidad y sobre la que no siempre hay un amplio conocimiento”, afirma Abad.  

El pacto social alcanzado el pasado verano se convirtió en norma en octubre y, aunque desde enero ya tendrían que estar negociándose las medidas en todas las empresas obligadas con convenio o aquellas que cuentan con representación de los trabajadores, el proceso va “más lento de lo que quisiéramos”, reconoce Carolina Vidal. No obstante, es “optimista”, ya que el plazo era algo breve y en la negociación y el propio acuerdo, las patronales de empresarios se mostraron “comprometidas”, sostiene la representante de CCOO. 

Fuentes de CEOE consideran que las negociaciones se están iniciando con normalidad, puesto que cuando hay nuevas materias que generan muchas dudas o controversias suelen tener muchas consultas, y en este caso “no está siendo así”.

Avanzar frente a “la internacional del odio”

En el Ministerio de Trabajo subrayan que “ningún otro país del mundo cuenta con una legislación que proteja de una manera tan decidida los derechos de las personas LGTBI”. La Federación Estatal LGTBI+ ya celebró en verano el paso de España, “pionero en el mundo”, en favor de los derechos del colectivo en el ámbito laboral. Esta semana ha insistido en su relevancia ante un panorama de retrocesos a nivel internacional. “Estamos en un momento agridulce”, valora su presidenta, Paula Iglesias. “Frente a la restricción de derechos que se está produciendo en EEUU y en muchos países de Europa, en España seguimos siendo vanguardia y ampliando libertades”, sostiene.

Hace dos décadas fue la ley de matrimonio igualitario y, recientemente, la llamada ley trans y la nueva normativa para la igualdad en el ámbito laboral. “Todos estos avances legislativos conviven con un auge de los discursos del odio y una ola reaccionaria, que tiene altavoces como Trump. De ahí, la importancia de blindar estas medidas que se han conseguido para no dar pasos atrás”, añade Iglesias. 

Esos pasos atrás ya se están viendo en el mundo empresarial de Estados Unidos. Grandes empresas como Accenture o Walmart están retirando sus compromisos en materia de diversidad, igualdad e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés). Hay también otros gestos, como el de Google, que ha ejecutado un polémico cambio a raíz del nuevo discurso que resuena desde la Casa Blanca: eliminar de su calendario los días internacionales del Orgullo LGTBI, el Mes de la Mujer o el Mes de la Historia Negra, entre otros.

Estos retrocesos han llegado incluso a España, a través de la Embajada de EEUU, que ha exigido a sus proveedores que certifiquen que no aplican políticas de igualdad de género, ni de diversidad e inclusión (DEI), publicó El Confidencial. De aplicación supuestamente solo para proveedores sujetos a la legislación estadounidense, el reclamo es fruto de la reciente norma “anti discriminación” dictada por el presidente Trump con efectos en el Gobierno Federal y sus órganos asociados.

El Ministerio de Trabajo se ha apresurado a reaccionar y ha advertido de que “exigir a empresas que no apliquen políticas de diversidad para poder operar con Estados Unidos es una flagrante vulneración de la legislación vigente en nuestro país”. En la patronal CEOE defienden el acuerdo firmado. “Se trata de derechos fundamentales, que defendemos en cualquier contexto”, indican en la organización de empresarios.

El departamento que dirige Yolanda Díaz ha añadido que la Inspección de Trabajo “velará por el cumplimiento de la normativa vigente y exigirá su cumplimiento para todas las empresas que desarrollan su actividad en España”.

Las empresas que infrinjan estas obligaciones pueden enfrentarse a sanciones por una infracción grave “de 751 a 7.500 euros”, indican a este medio en el Ministerio de Trabajo. “Si además hubiese situaciones de discriminación efectiva de estas personas o de acoso contra las mismas en el ámbito laboral, la infracción y consiguiente sanción es muy grave”, que puede ir desde los 7.501 a los 225.018 euros), añaden.

La ola reaccionaria “ya está en marcha, no es una amenaza, es una realidad”, advierte Toño Abad. “En todos los ámbitos, el educativo, el sanitario y el laboral es la expresión de la internacional del odio creada entre Europa, Rusia y EEUU, donde están países como Hungría, Italia y Polonia, condenando a las personas LGTBI a vivir en peores condiciones de lo que estaban y poniendo en peligro los derechos alcanzados y conseguidos en estos años”, explica el sindicalista de UGT.

Por ello, las medidas laborales pactadas tenían que ser vinculantes, añade Abad. “No valía un avance de manera formal, sino que esto tenía que ser una obligación, no era suficiente la voluntariedad”. “Si antes ya eran necesarias estas medidas, ahora lo son el doble”, opinan en CCOO. “España es una bandera de la diversidad, pero eso no significa que no tengamos que estar ojo avizor de lo que viene”, advierte Carolina Vidal, que cita un reciente estudio que constató que los discursos de odio en X (antes Twitter) se dispararon un 50% después de que tomara sus riendas Elon Musk. 

El armario en el trabajo resta derechos

En la FELGTBI+ recuerdan que incorporar medidas en favor de la igualdad en las empresas “es muy necesario”, incluso en una sociedad como España, referente de integración y de reconocimiento de derechos para el colectivo. Porque, en el trabajo, muchas personas permanecen en el armario, incluso cuando viven fuera de él en otros muchos ámbitos de su vida.

Según un estudio de la federación, siete de cada diez personas LGTBI no es visible con ninguna persona en su trabajo. “Cuando el 75% son visibles en su vida habitual, fuera de su entorno laboral. ¿Cómo es posible?”, destaca Paula Iglesias.

El armario en un espacio en el que se pasa tantas horas y que es tan central para muchas personas tiene un alto coste emocional y de identidad. Desde el “estrés, el aislamiento y la falta de socialización”, explica Iglesias, hasta los daños por enfrentarse a “comentarios y microdiscriminaciones día a día”.

Además, hay otra importante factura, la de no ejercer ciertos derechos para no ser identificadas como personas LGTBI, como coger el permiso de matrimonio o de hospitalización por una enfermedad de tu pareja. “Es una pena porque son derechos que deberían ser inherentes a las personas y hay que pelear para conseguirlos. Y, una vez conseguidos, blindarlos para no dar pasos atrás”, sostiene la presidenta de la FELGTBI+.