La Justicia ha decidido absolver a Fernando Valdés, secretario de Estado de Turismo con Reyes Maroto y exalto cargo de la última legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, de la acusación de adjudicar contratos de forma irregular en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo entre 2010 y 2012.

El caso fue denunciado en 2020 por la Fiscalía Anticorrupción apenas unos días después de que Valdés fuera nombrado secretario de Estado con la entonces ministra Reyes Maroto. El origen de las sospechas era un informe de la Intervención General del Estado (IGAE) que denunciaba contrataciones irregulares en la AECID entre 2010 y 2012 en el marco de la implantación de un nuevo modelo informático en el organismo.

“En los procesos de contratación no se habrían observado los procedimientos legalmente establecidos”, dijo la jueza al procesar a Valdés en abril de 2023, añadiendo entonces que existían “indicios de que no se ha mantenido la publicidad debida” para “favorecer” a determinadas empresas. Los contratos puestos bajo sospecha, tanto en la AECID como en el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), rozaban los tres millones de euros.

El caso fue juzgado finalmente en la Audiencia Provincial de Madrid el pasado mes de noviembre y la sentencia ha optado por absolver a todos los acusados. En esos momentos la Agencia estaba intentando “adaptar” sus sistemas informáticos y en la actuación de todos los acusados, dice el tribunal, no existen “irregularidades patentes, groseras, ni una arbitrariedad dolosa ni que las decisiones adoptadas para llevarlos a cabo fueran justas”.

La Audiencia es contundente para rechazar las acusaciones de Anticorrupción en una sentencia todavía recurrible ante el Supremo. “No existe prueba de prácticas irregulares con autoridades y funcionarios públicos”, explica la sentencia que ha podido examinar elDiario.es. “Tampoco ha quedado acreditado que actuaran para beneficiar a un tercero”, ni tampoco que existieran sobrecostes. AECID, finalmente, no se vio perjudicada por estos contratos.

En el caso de Valdés no hay ilegalidades en los actos en los que participó cuando ocupó diversas jefaturas en esta agencia adscrita a Exteriores: ni en las reuniones sobre contratos menores, ni en torno a las facturas, ni en la encomienda de gestión a Tragsa ni en una de las mesas de contratación. “No consta acreditado perjuicio para el erario público ni beneficio personal para los acusados ni para terceros”, zanja la sentencia de más de un centenar de folios.

Fernando Valdés dimitió en diciembre de 2022 por razones personales del cargo de secretario de Estado de Turismo en el Ministerio que entonces dirigía Reyes Maroto. El departamento destacó entonces su “vocación de servicio público y excelente trabajo al frente de la Secretaría, en la que ha tenido que afrontar los efectos negativos de la pandemia en el sector turístico”.

Los jueces concluyen que, en el caso en general, como mucho existen “determinadas irregularidades administrativas” pero no un delito de prevaricación. “Si ante una mera acción de poca entidad se acude al derecho penal estaríamos ante lo que se denomina criminalización del acto administrativo”, explica el tribunal en respuesta a las acusaciones de Anticorrupción. Que la contratación no fuera la “óptima” no puede “en modo alguno” implicar la existencia de tres delitos distintos.

El tribunal, incluso, carga con dureza contra la IGAE y la Abogacía del Estado por su papel en este caso, hablando incluso de “clamorosa contradicción”. Tampoco entiende la Audiencia de Madrid por qué durante su tramitación el juzgado archivó el caso contra algunos acusados y no contra otros.