Recuperar la jubilación parcial anticipada, para que los funcionarios puedan compatibilizar empleo y trabajo antes de los 65 años, y atrasar la forzosa, para permitir que aquellos empleados públicos que lo deseen puedan continuar desarrollando su carrera profesional hasta los 72.

Lo primero, pactado con UGT y CCOO. Lo segundo, al margen del acuerdo con las organizaciones sindicales. El Gobierno quiere agrandar las posibilidades de retiro para las plantillas de la administración pública, mientras hace esfuerzos por rejuvenecerlas y afronta el retiro de más de 95.000 empleados públicos en una década.

En los últimos cuatro años, el Ejecutivo ha logrado reducir en algo más de un año la edad media de las plantillas de la Administración General del Estado (AGE). “Disminuye por cuarto año consecutivo, situándose en los 50 años. El número de efectivos menores de 40 años ha aumentado en más de un 4% en dos años y, por segundo año consecutivo, el número de incorporaciones supera al de bajas”, señalaba el ministro de Función Pública, Óscar López, en una comparecencia en el Senado a finales de enero.

López advertía en esa intervención de que “la Administración va a sufrir una jubilación masiva” en los próximos años. Por eso, el objetivo de rejuvenecer las plantillas es primordial para evitar el déficit de trabajadores en el sector público y dar el relevo de la experiencia. Es una máxima en la que llevan varios años insistiendo desde el Ministerio. “Necesitamos rejuvenecer las plantillas”, dijo la entonces titular del departamento, María Jesús Montero, en 2021, tras aprobar un plan de captación de talento.

En 2022, el Gobierno firmó con los sindicatos UGT y CCOO el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, en el que ya se comprometía con este objetivo de reducir la edad media de las plantillas, muy alejada todavía de la media de la población general y que, en el caso de la AGE, duplica a la del sector privado.

El Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, el referente de la Secretaría de Estado de Función Pública en cuanto al número de trabajadores públicos, arroja datos que, aunque preocupantes, mejoran levemente las cuentas de años anteriores.

Según este informe, que el Ministerio publicó en diciembre, el 59,9% tiene más de 50 años, 2,2 puntos menos que en 2023. Sin embargo, como muestra el siguiente gráfico, ha aumentado el número de trabajadores que llegarán a la edad ordinaria de jubilación en los próximos cinco años y aquellos que la superan. Los datos del boletín no incluyen al personal de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ni la administración de Justicia, empresas públicas y universidades no transferidas.

En diciembre, López firmó con los sindicatos un acuerdo para recuperar la jubilación parcial para los funcionarios, que el Gobierno de Mariano Rajoy había eliminado en 2012. Esta fórmula, asumida en el sector privado, permite compatibilizar una parte del empleo y la pensión antes de alcanzar la edad ordinaria.

“Vendría a favorecer el rejuvenecimiento de las plantillas”, indica el secretario de AGE de UGT Servicios Públicos, Carlos Álvarez. Es una reivindicación histórica de las organizaciones sindicales, que el Ejecutivo quiere introducir en la nueva Ley de Función Pública que se está tramitando en el Congreso y cuyo plazo de enmiendas terminó el miércoles.

Entre los cambios que el PSOE quiere introducir a esa norma está alargar lo que se conoce como jubilación forzosa de los 70 a los 72 años. Actualmente, si un empleado público quiere trabajar más allá de la edad ordinaria de retiro de forma voluntaria, solo puede hacerlo hasta los 70 años. A partir de esa edad, la normativa impide continuar con la carrera profesional.

Ahora, la parte socialista del Gobierno quiere que pueda hacerlo dos años más. Una medida que ha sorprendido a los sindicatos. “UGT Servicios Públicos y el Área Pública de CCOO se desvinculan de la enmienda” introducida por los socialistas en el Congreso porque “es una medida que no contemplaba el acuerdo suscrito” y “que no apoyan”, han señalado en un comunicado conjunto.

“Va en la dirección contraria”, considera Álvarez, a rejuvenecer las plantillas, pero puede servir para contentar a algunos sectores, como el judicial, en algunos casos partidario de trabajar más años en un momento en el que acumulan los máximos trienios, o para aquellas personas que se han incorporado más tarde al funcionariado y necesitan años de cotización.

Según los datos del boletín estadístico, para la próxima década hay “una estimación de jubilaciones del 54,86%”, unos 95.640 efectivos, entre funcionarios y personal laboral. “Esta directriz a la baja respecto al informe del año anterior se mantiene si consideramos personal funcionario de carrera y laborales fijos por separado”, indica el estudio, que muestra que “los colectivos que se verán más influenciados” son los subgrupos E, C2, B y C1.

“El proceso es lento porque, al haber una media de edad tan alta, las entradas van a cuentagotas”, señala el responsable del ramo en UGT, que reconoce los esfuerzos por “agilizar” el rejuvenecimiento de las plantillas. Principalmente, estos se han producido con las convocatorias de empleo público que han venido celebrándose desde el año 2021, pero que aún mantienen en negativo el saldo respecto a los años posteriores a la crisis de 2008, donde se dejaron a cero las tasas de reposición. Es decir, apenas entraban nuevos funcionarios por los que se iban.

En 2024, el Gobierno anunció una oferta de empleo público récord, con 40.000 nuevos puestos. “Se consolida una situación en la cual triplicamos en los últimos años el aumento anual respecto a lo que ocurrió entre 2012 y 2017”, indicó el entonces ministro de Función Pública, José Luis Escrivá, que ya se había comprometido a trazar un plan para recuperar los 80.000 empleos públicos perdidos por los recortes de la crisis financiera.

El boletín, elaborado por técnicos del Ministerio, busca “proporcionar elementos objetivos sobre la naturaleza de la edad de la población del empleo público”. El documento indica que la previsión de incorporaciones para la década que arranca este ejercicio es de 107.754 personas, de las que 84.533 será personal funcionario de carrera y 23.221, laborales fijos. Estas previsiones corresponden solo a la Administración General del Estado. Esto es, sin contar funcionarios locales o aquellos que dependen de las comunidades autónomas, como el sanitario o del ámbito de la educación.

“Ahora mismo la tasa de reposición está entre el 110 y el 120%, lo que hace que entren unos pocos más de los que se jubilan, pero durante varios años estuvo a 0, luego al 25%, después subió al 75% y a partir de 2020 es cuando se ha ido cubriendo alguna plaza más. Esto ha servido para reponer parcialmente unos 9.000 puestos en la AGE, pero si miramos las plantillas respecto a 2011, todavía perdemos 36.000”, indica Álvarez.

Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) señalan también que la oferta de empleo público diseñada para 2024 reducía en un 6,1% la creación neta de empleo en la Administración del Estado y recuerdan que “en los próximos 8 años se jubilará previsiblemente el 60% de la plantilla”.

Si se hace la suma de altas y bajas y la diferencia en los últimos nueve años de los que hay registro, el déficit se sitúa en torno a 30.000 trabajadores menos, solo de la AGE. Esa tendencia negativa ha intentado revertirse en los últimos años. Desde 2021 ya hay más altas que bajas.

El anterior ministro del ramo, Escrivá, anunció en enero del año pasado que el Gobierno eliminaría para 2025 la tasa de reposición. “Es muy difícil de defender cuando estamos hablando de modernización y transformación de la función pública. Por lo tanto, necesitamos un modelo distinto de previsión y proyección de qué puestos necesitamos en la AGE y en toda la administración pública”, señaló entonces el hoy gobernador del Banco de España, que se dio todo el año para “poder construir este nuevo modelo” y “después reflejarlo en los Presupuestos Generales del Estado”, cuya negociación se encuentra ahora en el aire.