El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha avalado el decomiso decretado en Mallorca en mayo de 2022 por la Administración española de un yate del diputado y empresario ruso Vladislav Reznik, sancionado por la UE por sus vínculos con Vladímir Putin.

En una sentencia dictada el 19 de diciembre, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM avala la “inmovilización definitiva” del yate de recreo ‘Sasha I’. Para el TSJM, “ha quedado acreditado” que el diputado ruso “continúa siendo, junto con su exesposa”, el dueño de la embarcación, de bandera española, con 24 metros de eslora, capacidad para ocho personas y matriculada en España en 2002 con un valor de 2.536.570 euros.

Reznik fue incluido el 23 de febrero de 2022, tras la invasión de Ucrania, en la lista de personas sancionadas por la UE como miembro de la Duma rusa. Fue uno de los 351 miembros del parlamento ruso que el 15 de febrero de 2023 votaron a favor de la resolución con la que Rusia reconoció la independencia de las provincias de Donetsk y Lugansk, que forman la región de Donbás, en el este de Ucrania, en las que el Kremlin comenzó su ofensiva.

Su yate fue inmovilizado el 19 de mayo de 2022 en el Club de Mar Mallorca por la Dirección General de la Marina Mercante. El Ministerio de Transportes anunció entonces una investigación para determinar si, como se sospechaba, la propiedad, tenencia o control del buque correspondía o no a una persona física o jurídica incluida en la lista de personas y entidades sancionadas por el Consejo Europeo a raíz del conflicto bélico provocado por la invasión rusa de Ucrania. 

Seis meses después, Transportes confirmó el decomiso de la embarcación “por estar el buque bajo la propiedad, tenencia o control” de Reznik, de 70 años y miembro de la Duma (el parlamento ruso) desde 1999.

El empresario, que ha presidido durante su carrera la aseguradora Rus (empleador del luego presidente ruso Dmitri Medvedev) y se encargó de elaborar el programa económico de Rusia Unida, el partido de Putin, es también un viejo conocido de la justicia española. Fue uno de los principales protagonistas de la Operación Troika, dirigida por Baltasar Garzón contra inversores rusos supuestamente vinculados con la mafia de ese país. En 2018 fue absuelto por la Audiencia Nacional junto a otros 16 acusados.

Ahora el TSJM ha rechazado el recurso presentado por su empresa Centros Comerciales Antei, SLU, dueña del yate, que Reznik compró en 2005 a uno de los principales acusados en ese caso en la Audiencia, el capo de la mafia rusa Gennadis Petrov, que se fugó de la justicia española antes del juicio.

Centros Comerciales Antei, que tiene a su nombre el barco y el amarre en el Club de Mar de Palma en el que se encuentra fondeado el yate, argumentaba que este pertenecía no a Reznik, sino a su ex mujer, Diana Gindin, de nacionalidad rusa y estadounidense, y también procesada por la Audiencia Nacional en ese caso relacionado con la mafia rusa. 

Pero, según la sentencia del TSJM, “el matrimonio ha constituido, en el pasado, un complejo entramado de sociedades; y, como refiere la Administración, ha venido utilizando unas y otras; e, incluyendo en los diferentes instrumentos notariales o privados las manifestaciones que más les convenían en apoyo de sus intereses”. 

El TSJM rechaza la pretensión de la empresa de que “se condene a la Administración a indemnizar los daños y perjuicios sufridos por la demandante durante el tiempo de duración de la retención provisional”, por no haber podido alquilar en este tiempo el barco ni el amarre en la capital balear. 

La recurrente cifraba “en unos 160.000 euros por año la ganancia dejada de obtener”. Aplicados a los años 2022, 2023 y 2024, arrojarían un “lucro cesante” de 480.000 euros. La sentencia rechaza el recurso de Centros Comerciales Antei “sin que quepa analizar la viabilidad de la indemnización solicitada, por ser ajustada a Derecho la inmovilización del citado buque”.

Para clarificar quién era su dueño, Transportes informó al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, al Ministerio de Interior y a la Agencia Tributaria, que emitió dos informes en mayo y junio de 2022 en los que explicaba que Centros Comerciales Antei había traspasado en 2007 el yate a una sociedad británica, Drever Limited, cuyo propietario era un fideicomiso en Jersey, The Majora Trust.

Edyr fideicomiso constituido también en 2007, tras la apertura de las diligencias previas de la Operación Troika, tenía detrás, “según información de inteligencia”, al diputado ruso, propietario junto a su esposa de Drever Limited “desde el 9 de agosto de 2007”. Esta firma británica se liquidó en octubre de 2020. Los derechos que le correspondían “fueron atribuidos” al ruso, según constató la AEAT a partir de la información facilitada por el gobierno británico. 

Transportes destacó en su informe “las incongruencias e inconsistencias” entre dos protocolos notariales de 2021 y 2018 que aportó la recurrente para intentar demostrar que el barco era de la ex esposa del diputado ruso. “Si la entidad Drever Limited no se liquidó hasta el 2020, difícilmente” Reznik “le pudo donar los derechos derivados de la liquidación y disolución de la entidad” a la que era su esposa en 2013. 

Los magistrados comparten la tesis de la abogada del Estado, que destacó lo “contradictorio” de afirmar que la crisis matrimonial entre la pareja tuviera origen en ese procedimiento penal que arrancó en 2006 y que “pese a dichas desavenencias, anteriores, entre los cónyuges, decidieran contraer matrimonio en el año 2008”. Ambos firmaron entonces una escritura de capitulaciones matrimoniales “ante notario ruso, en la que se atribuyó a la esposa la propiedad exclusiva de los bienes adquiridos por el matrimonio antes, durante y después del matrimonio, siempre que estuvieran fuera de Rusia”.

La Abogacía concluyó “que el matrimonio, a través de un complejo entramado societario”, intentó “ocultar” la propiedad de varios activos “a fin de eludir la aplicación de las sanciones” que empezaron aplicarse tras la primera invasión de Ucrania, el 17 de marzo de 2014, “solo unos meses después de la supuesta donación”.

Esa donación, según Transportes, “no existió, o, de existir, no ha tenido efecto alguno al no haberse respetado el requisito de forma legalmente exigido”. “Nunca llegó a formalizarse por escrito, ni en público ni en privado, o por lo menos no le consta a esta Administración”. 

La Abogacía también calificó de “sorprendente que tanto la escritura de capitulaciones de 2008 como el contrato privado de donación de 2013, pese a la trascendencia que le atribuye la recurrente, no se hayan aportado en vía administrativa”.

La pareja se divorció en 2018. Ese año ambos se sentaron en el banquillo acusados de participar en las actividades en España de las organizaciones criminales Tombovskaya y Malishevskaya, que operaban en la extinta Unión Soviética y en la Federación Rusa. La Fiscalía Anticorrupción pedía para el diputado ruso cinco años de cárcel y una multa de 30 millones por los delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales. Finalmente, el tribunal absolvió a Reznik y el resto de encausados al considerar que no había quedado acreditado que prestaran su ayuda a los dos grupos mafiosos.

Durante aquellas pesquisas, se investigó el origen de los fondos con los que Reznik y su esposa habían comprado tres inmuebles en Mallorca, el 99% de las participaciones en Centros Comerciales Antei, un avión valorado en 13 millones, tres automóviles y dos embarcaciones. Entre ellas, el Sasha I, que pronto cumplirá tres años fondeado en Palma.