El masivo apagón del lunes ha pillado al organismo encargado de supervisar el sector eléctrico, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en una situación de interinidad que arrastra desde hace meses.

La CNMC está pendiente del Congreso; a la espera de que se materialice la recuperación de la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE) que le arrebatará las competencias en energía. El proyecto de ley lleva desde octubre en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico de la Cámara Baja. Todavía se encuentra en trámite de enmiendas.

La RAE define “interino” como algo “que sirve por algún tiempo supliendo la falta de otra persona o cosa”. A la espera de que vuelva la CNE, esa es la situación en la que se encuentra el organismo que preside Cani Fernández desde que el Ejecutivo confirmó hace más de un año que iba a recuperar un regulador energético independiente.

Ese es el modelo que existió en España durante dos décadas, primero con la extinta Comisión Nacional del Sistema Eléctrico (CNSE) y luego con la Comisión Nacional de la Energía (CNE); hasta que el Gobierno de Mariano Rajoy decidió suprimir este organismo en 2013 junto al resto de antiguos reguladores. 

En febrero de 2024 el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó el anteproyecto de ley de recuperación de la CNE. El objetivo, tener un organismo completamente especializado en energía y centrado en la profunda transformación de los mercados energéticos que supone la descarbonización de la economía.

Su impulsora fue la entonces vicepresidenta y hoy comisaria europea, Teresa Ribera, que explicó que la ley supondría un “reforzamiento” de los medios del supervisor energético. El organismo, adscrito a su departamento, estaría orientado a “favorecer” en sus decisiones regulatorias el “objetivo común” europeo de la descarbonización, asumir la función consultiva que ya tiene la CNMC sobre las propuestas legislativas relacionadas con la energía, y de asesoramiento y resolución de conflictos entre operadores. También vería “reforzadas sus funciones de inspección”.

“El restablecimiento de la CNE permitirá reforzar la capacidad institucional del regulador en un momento clave para la transición energética, respondiendo a las crecientes necesidades de especialización y eficacia derivadas del nuevo paradigma energético y regulatorio. El Gobierno cumple con su compromiso de recuperar la arquitectura institucional del regulador energético especializado existente en España hasta 2013 y presente en la mayoría de los países de nuestro entorno”, aseguró el Gobierno el pasado septiembre cuando aprobó el proyecto de ley.

Ribera confió al presentar el anteproyecto en que la ley de recuperación de la CNE estuviera aprobada en el BOE antes de enero de este año. De haberse cumplido ese calendario, ese organismo tendría que haber estado ya en funcionamiento. Pero no ha sido así, fruto de los precarios apoyos parlamentarios del Gobierno.

Un portavoz del conocido como 'súperregulador' señala que “en cuanto a la futura CNE, la CNMC continúa con sus trabajos con total normalidad” y “sigue cumpliendo con sus obligaciones y funciones en el marco de sus competencias”. “Está siguiendo desde el inicio el incidente del apagón y realizará las actuaciones oportunas en el marco de su función supervisora, una vez se recabe toda la información necesaria del operador del sistema para el ejercicio de sus funciones”.

Sin embargo, en el seno del organismo que preside Fernández hay quien lamenta el “nulo” papel que ha tenido, al menos en los primeros momentos de esta crisis energética. Esa fuente, que pide el anonimato, apunta como una de las “lecciones a aprender” de este episodio sin precedentes la “necesidad de una supervisión efectiva y real” del sector eléctrico, empezando por el operador del sistema, Red Eléctrica (REE), por parte de “alguien neutral” .

La primera reacción de la CNMC al apagón llegó el martes, tras la comparecencia de Pedro Sánchez en la que el presidente del Gobierno anunció la creación de una comisión específica para aclarar las causas de la crisis, en la que está incluido el súperregulador, y que debe determinar qué falló para llegar a ese cero nacional y qué medidas hay que adoptar, en su caso, para que no vuelva a repetirse.

En un comunicado el organismo indicó el martes que “está siguiendo desde el comienzo del incidente la situación del sistema eléctrico y llevará a cabo las actuaciones pertinentes, de acuerdo con la función de supervisión que tiene encomendada”, en el marco de sus competencias “y en cumplimiento de su función de garantizar, preservar y promover el correcto funcionamiento y la transparencia en los mercados”.

La CNMC señaló que “está en comunicación constante” con el Ministerio de Transición Ecológica, Red Eléctrica “y demás agentes implicados en este incidente excepcional”. Y subrayó que sus actuaciones tendrán “carácter ex post, dentro del marco legal que regula su función supervisora, una vez se recabe la información necesaria del operador del sistema y demás agentes del sistema para el ejercicio de esta función”.

Horas antes, el regulador energético portugués, ERSE, publicaba un comunicado bastante más extenso en el que, en medio de la confusión generalizada, trataba de responder a preguntas como el derecho a indemnizaciones de los consumidores afectados o si podría repetirse un suceso como el que dejó paralizada toda la Península Ibérica durante horas. La pregunta de qué provocó el caos, como es lógico, quedó sin respuesta.

El día del apagón, la CNMC (una sala distinta a la que supervisa al sector energético, la de Competencia) estaba centrada en una importante operación empresarial, el dictamen sobre la oferta pública de adquisición (opa) de BBVA sobre Banco Sabadell, anunciada en mayo del año pasado. La caótica jornada obligó a suspender la reunión y la opa fue aprobada finalmente el miércoles con condiciones que luego podrá modificar el Gobierno, que se ha mostrado contrario a esta operación de concentración en el sector bancario.

Como señalan desde la CNMC, el apagón y la opa del BBVA “se abordan con equipos técnicos distintos”. Con la información que primero analizan los servicios técnicos especializados de cada área del organismo, el ámbito de energía lo examina la Sala de Regulación. Sus consejeros aprueban dictámenes relativos a un abanico muy amplio de materias, del sector postal al aéreo, las telecomunicaciones o la energía, incluyendo la imposición de sanciones. También aprueban los procedimientos de operación que propone REE como operador del sistema eléctrico.

La Sala de Competencia tiene las funciones de la antigua Comisión Nacional de la Competencia (CNC). La preside Cani Fernández, gran especialista en ese ámbito. Al Pleno (que reúne a los consejeros de las dos salas) le corresponde por ejemplo aprobar las denominadas circulares, que fijan la retribución de las actividades reguladas del sector eléctrico, adoptar decisiones jurídicamente vinculantes respecto a los sectores de la electricidad y el gas natural. La ley que elaboró el PP obliga a los consejeros de las dos salas a rotar periódicamente, lo que les convierte en una suerte de todólogos.

La CNMC va a tener un papel relevante en el esclarecimiento del brutal apagón del lunes. A la espera de la CNE, será el organismo encargado de imponer, en su caso, las correspondientes sanciones, si la investigación de este gravísimo suceso depara que hubo incumplimientos de la normativa por parte de algún operador del sistema eléctrico.

El organismo tiene encomendado dar apoyo a la comisión de investigación liderada por el Ministerio para la Transición Ecológica en la que están incluidos varios ministerios y organismos del ámbito de Defensa, Inteligencia y Ciberserguridad o el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), cuyas conclusiones se pueden demorar semanas o meses. Tras su primera reunión el pasado miércoles, la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, inició una ronda de encuentros para abordar esta gravísima crisis energética. El primero fue con Cani Fernández.

El conocido como 'súperregulador' data de 2013, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy fusionó los antiguos reguladores de Competencia, energía o telecomunicaciones, entre otros, en un solo organismo. Fue un modelo muy polémico, prácticamente inédito en el mundo y justificado en un teórico y muy discutible ahorro de costes. Se inspiró en un informe de PriceWaterhouseCoopers (PwC) que había encargado Telefónica, la multinacional en la que trabajaba (y trabaja) el marido de la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, abogado del Estado en excedencia como ella. 

Diez años después de su creación, en marzo de 2023, se produjo en el Congreso una situación curiosa. Comparecía la presidenta de la CNMC y un diputado del PP, el catedrático de Telecomunicaciones Juan Luis Pedreño, preguntaba a Cani Fernández por el retraso en la publicación de los informes anuales de supervisión de los mercados minoristas de gas y electricidad: “No sé a qué responde esta anomalía, si es por falta de personal, si les falta información o si no hay cooperación, pero el caso es que eso nos preocupa un poco. Respecto a esto, también le quiero preguntar, por si fuera el problema, si hay que crear un regulador específico para la energía, que podría ser”. Y hasta hoy.