La OCDE propone que las grandes empresas digitales, así como las que ofrecen servicios finales, paguen una parte de sus impuestos en los países donde estén sus usuarios, aunque no tengan presencia física en ellos.

Este es uno de los elementos más novedosos de la iniciativa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) presentada este miércoles para establecer unas reglas fiscales internacionales más justas y respetuosas de la competencia.

El grupo de trabajo constituido a partir del encargo que le había dado en marzo de 2017 el G20 para buscar una solución de compromiso apuesta por un dispositivo "unificado" que tiene en cuenta los elementos comunes de las tres grandes alternativas que se han presentado durante ese tiempo.

Esas alternativas las han defendido tres bloques de países: uno liderado por el Reino Unido y otros europeos; otro por Estados Unidos y China; y el tercero por India, Colombia y otros estados en desarrollo.

Ante los desafíos que plantea una economía digital en la que muchas empresas hacen negocio sin tener una presencia física en un país, para la OCDE lo fundamental es que los estados puedan exigir el pago de impuestos a una compañía desde el momento en que ésta obtenga una determinada cantidad de ingresos por sus clientes allí, particulares o empresas.

Otro de los elementos abordados es el de los llamados precios de transferencia, es decir, los valores que les dan internamente las empresas a los beneficios que se transfieren entre filiales y la casa matriz.

Esos precios de transferencia dan lugar a controversia por el interés que tienen las compañías en establecer sus beneficios en aquellas jurisdicciones en las que tendrán una menor carga fiscal.

Sobre esa cuestión, la OCDE sugiere mantener esencialmente el sistema actual con alguna corrección que sólo afecte a los grandes grupos muy rentables.

Cuando el beneficio consolidado mundial supere un determinado porcentaje -que está pendiente de consensuar- y se sitúe por encima de la rentabilidad normal, el grupo en cuestión tendrá que abonar tasas por esa parte residual de su beneficio que irán a parar a una bolsa común que se distribuirá entre los "países de mercado".

La distribución entre los territorios en los que se encuentran los clientes finales se hará en función de las ventas registradas en cada uno de ellos.

En una primera reacción, el Gobierno francés señaló que la propuesta de la OCDE "es una base de trabajo prometedora", y manifestó su voluntad de que la discusión que ahora se abrirá en el G20 dé "la dinámica política necesaria para lograr un acuerdo "de aquí a 2020".

La OCDE considera prematuro dar cifras sobre cuál sería el impacto de todas esas reformas que pone encima de la mesa porque hay muchos parámetros que no están definidos, y que tienen que ser objeto de acuerdos, pero asume que no trastocará significativamente el panorama impositivo actual.

Saldrán ganando los llamados "países de mercado", donde están el grueso de los consumidores o usuarios de servicios ofrecidos por empresas que no tienen presencia física, y eso incluye el mundo en desarrollo.

Por el contrario, perderán aquellas jurisdicciones en las que suelen asentarse las grandes multinacionales para pagar los menores impuestos posibles. Es decir, los paraísos fiscales.

Para los autores de la propuesta, su éxito necesita un mecanismo de arbitraje de resolución de contenciosos, en particular para garantizar que una empresa no sea sometida a una doble imposición por el mismo beneficio.

Insisten en que se han esforzado precisamente en garantizar seguridad jurídica y fiscal, para lo cual se ha establecido un nexo simple con la actividad que una empresa tiene con los consumidores finales.

Esta propuesta será la base de discusión a partir de la reunión de ministros del G20 de la semana próxima, con el objetivo de llegar a un acuerdo de aquí a junio próximo.