Ecuador cumplió hoy su octavo día de protestas con un saldo negativo en muertos, heridos, detenidos y las actividades productivas a medio gas, en un ambiente enrarecido que aún no tiene visos de solución y que surgió tras la aplicación de un plan de ajuste económico ligado a un acuerdo crediticio con el FMI.
La Defensoría del Pueblo confirmó este jueves la muerte de un manifestante en las protestas del miércoles, con lo que ascendería a cinco el número de fallecidos relacionados con las protestas, pues el fin de semana un hombre fue atropellado cuando supuestamente huía de una manifestación en el sur del país, mientras que otras tres personas aparentemente "cayeron" de un puente en Quito.
Las autoridades hablan ya de más de 900 detenidos y en las últimas horas se ha reportado una brutal agresión contra el periodista Freddy Paredes, del canal de televisión Teleamazonas.
Las manifestaciones estallaron el jueves de la semana pasada cuando entró en vigor la eliminación del subsidio o ayuda estatal para abaratar el precio de los combustibles, que estuvieron en vigor durante cuatro décadas.
El 1 de octubre, el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, anunció la liberación del precio de las gasolinas como consecuencia de la eliminación del subsidio y anunció otras reformas laborales y tributarias que presentaría al Parlamento, en el marco del acuerdo crediticio con el FMI.
El paquete de ajustes respondió a las necesidades de liquidez de Ecuador, que en marzo pasado obtuvo de organismos internacionales una línea de crédito de más de 10.000 millones de dólares
El acuerdo con el FMI, que aportó 4.200 millones, venía acompañado de una serie de demandas para reducir el gasto público e incrementar los ingresos del Estado, lo que despertó la indignación de grupos de trabajadores, indígenas y otros sectores sociales.
A día siguiente, organizaciones sindicales e indígenas anunciaron el inicio de "movilizaciones graduales y permanentes" contra lo que denominaron el "paquetazo neoliberal" del Gobierno de Moreno.
El FMI tampoco tardó en reaccionar y aseguró que la decisión del Gobierno de Ecuador buscaba "fomentar un crecimiento sólido e inclusivo".
El jueves 3 de octubre entró en vigor el nuevo precio del diesel que pasó de 1,03 dólares a 2,27, mientras que la gasolina extra, la de mayor consumo, de 1,85 a 2,30 dólares.
Pero ese mismo día, el país amaneció con una paralización general del transporte, mientras los grupos sociales avivaban la protesta en dirección a Quito.
Las movilizaciones se generalizaron en muchas regiones del país y la Fiscalía del Estado ya anunciaba las primeras detenciones en provincias costeras como Guayas y Los Ríos.
Para aplacar la protesta, ese mismo día el presidente Moreno dispuso el estado de excepción, medida que se sumaba a la suspensión de clases en todo el país "con el fin de precautelar (proteger) la seguridad ciudadana y evitar el caos".
La ministra de Gobierno (Interior), María Paula Romo, informó entonces de once detenciones y se presentía que la situación podría tener fin cuando ya se hablaba de negociaciones con los transportistas y de un posible acuerdo.
Tras dos días de protesta, algunos gremios del transporte pusieron fin al paro de actividades, pero la protesta fue mantenida por las organizaciones sociales.
El domingo, un día atípico para manifestarse, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Jaime Vargas, aseguraba que estaban "cerradas" las posibilidades de diálogo con el Gobierno.
El lunes, con Quito en asedio, el presidente Lenín Moreno decidió trasladar la sede del Gobierno a la ciudad costera de Guayaquil y culpó a su antecesor, Rafael Correa (2007-2017) de un supuesto intento de "golpe de Estado" en su contra.
Correa, que reside en Bélgica desde 2017, aseguró en un mensaje en redes sociales que las protestas callejeras no responden a ningún "golpe de Estado" sino al desatino del Gobierno y pidió la celebración de elecciones anticipadas para solucionar el problema político en Ecuador.
Moreno insistió en que el proceso de desestabilización supuestamente provenía de Correa con el apoyo del mandatario venezolano Nicolás Maduro, a quien tildó de "dictador" y "sátrapa".
En Ecuador "se está dando la primera insurrección popular contra el FMI de esta nueva etapa", respondió por contra Maduro a Moreno desde Caracas.
A la par, Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Paraguay y Perú emitieron el martes un comunicado conjunto con el "firme respaldo" al presidente Moreno, apoyo que también llegó de otros gobiernos y organismos internacionales.
Los manifestantes indígenas llegaron el martes a ocupar por pocos instantes la sede de la Asamblea Nacional (Parlamento) al grito de "Fuera Moreno, fuera".
En Guayaquil y otras ciudades, grupos de personas, identificados con sectores pudientes, realizaron sendas concentraciones por la paz y pidieron el fin de las manifestaciones.
Moreno, desde Guayaquil, emitió un decreto por el que restringió la libertad de tránsito y movimiento de personas entre las 20:00 y las 05:00 horas, de lunes a domingo, "en áreas aledañas a edificaciones e instalaciones estratégicas tales como edificios donde funcionan las sedes de las funciones del Estado".
El miércoles, el presidente Moreno, que había hecho un fugaz regreso a Quito, se congratulaba del inicio del diálogo con los indígenas y oros sectores sociales, pero de inmediato el líder sindical Mesías Tatamuez lo negó enfáticamente.
La captura de ocho policías y dos supuestos agentes infiltrados por el movimiento indígena y el sepelio de un miembro del colectivo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en Quito, donde se ha congregado el grueso de la movilización social, y las imágenes sobre la agresión a Paredes, definieron al octavo día de protestas, cuyo detonante fueron los ajustes convenidos con el FMI.
