El Gobierno argentino reasignó partidas del presupuesto por un valor aproximado de 40.000 millones de dólares para la toma de préstamos a corto plazo, en aras de obtener financiación de organismos estatales a falta de pocos días para las elecciones, confirmaron fuentes oficiales.
Esta medida, publicada en el Boletín Oficial del país suramericano, contempla la "reasignación" de los montos pendientes de crédito público "al plazo mínimo de amortización de noventa días", sin por ello "alterar el monto total allí autorizado".
En este sentido, las autorizaciones para la toma de préstamos a 180 días se adelantan a 90, lo que implica pasar de 340.000 millones de pesos (5.796,7 millones de dólares) a 1.366.428,5 millones (23.296 millones de dólares) en este periodo, un incremento del 301 %.
Asimismo, otros 340.000 millones de pesos a 180 días se mantuvieron inalterados, mientras que los de un plazo mayor redujeron su cuantía, con el objetivo de "adecuar" estas partidas "a las posibilidades de obtención de financiamiento", debido al cierre de los mercados.
Entre los antecedentes de esta resolución se encuentra un decreto promulgado a finales de septiembre, que obliga a "todas las jurisdicciones y entidades del Estado nacional" a "invertir sus excedentes transitorios de liquidez mediante la suscripción de Letras" emitidas por el Tesoro Nacional, a un plazo no superior a los 180 días.
Dicha medida, que no se aplicará a "bancos públicos, Poder Legislativo nacional ni Poder Judicial", nació "como consecuencia de la inestabilidad financiera y cambiaria que atraviesa la economía" del país, sumida en una crisis desde mediados del año pasado que se ha recrudecido tras las elecciones primarias de agosto.
El pasado 28 de agosto, el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, anunció que buscaría medidas para aliviar los compromisos financieros de Argentina y aplazó entre tres y seis meses el vencimiento de los títulos de corto plazo emitidos por el Tesoro.
Por otra parte, avanzó un "reperfilamiento" de la deuda a largo plazo en moneda extranjera, lo que afecta principalmente al préstamo de 56.300 millones de dólares contraído con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
