La actuación del sector público a través de impuestos y prestaciones monetarias reduce la desigualdad de los hogares en torno a un tercio, de acuerdo con un informe de Fedea sobre el impacto distributivo del sistema fiscal y de prestaciones públicas.
Más del 90 % de este efecto redistributivo proviene de las prestaciones, fundamentalmente de las pensiones, y sólo una pequeña parte de los impuestos, según el estudio, que se refiere a los años 2016 y 2017.
Los mayores beneficiarios netos de la intervención pública a través del conjunto de impuestos y prestaciones son por esta razón los hogares en los que al menos uno de sus miembros tiene más de 65 años, los dependientes de una pensión y aquellos cuyo sustentador principal es mayor de 85 años.
Los mayores contribuyentes netos son en cambio los hogares formados por parejas con tres hijos o más, los que dependen de autónomos y aquellos cuyo sustentador principal tiene entre 40 y 50 años.
El efecto redistributivo de los impuestos proviene fundamentalmente del IRPF, mientras que los impuestos indirectos tienen efectos regresivos y el IVA es el que más contribuye a la generación de esa desigualdad por su elevado volumen recaudatorio.
La presión fiscal soportada por los hogares se situó en 2017 en el 26,83 % (tipo medio efectivo agregado), por debajo del nivel alcanzado en 2014 del 27,10 %.
El tipo medio efectivo para el conjunto de los impuestos crece con la renta, si bien el informe subraya que el tipo que soportan los hogares situados en el primer quintil de renta (20 % de los hogares más pobres) es superior al que corresponde a algunos tramos de hogares con una renta bruta mayor.
Esta anomalía, que es algo menor en 2017 que en años anteriores, se debe principalmente al efecto regresivo del IVA, ya que, aunque los tipos reducidos de IVA están dirigidos a aminorar la carga tributaria de los consumidores de menor capacidad económica, lo cierto es que el consumo de productos sujetos a estos tipos no varía excesivamente a lo largo de la escala de renta.
Los hogares pertenecientes a los cuatro primeros quintiles de renta (el 80 % de los hogares con menor renta bruta), son beneficiarios netos de la intervención pública, lo que supone que soportan una carga impositiva inferior al subsidio que reciben en forma de prestaciones monetarias.
Los hogares integrados en el último quintil (el 20 % con mayor renta) son contribuyentes netos a la Hacienda Pública.
Andalucía es la región con mayor porcentaje de hogares situados en el primer quintil de renta nacional (el 20 % más pobre), mientras que Madrid se sitúa en el extremo contrario, según uno de los anexos del estudio que mide la concentración de hogares por tramo de renta en cada comunidad autónoma.
