El Gobierno de Buenos Aires presentó una demanda en un tribunal de Madrid contra la empresa del metro de la capital española por la venta de trenes con amianto en 2011, y por la que pide una indemnización de más de 14 millones de euros.
La demanda fue presentada por Subterráneos de Buenos Aires, SBASE, una empresa del Gobierno de la capital argentina, que reclama que Metro de Madrid le ocultó que los 36 vagones que le vendió en 2011 contenían amianto, una sustancia cancerígena.
Metro de Madrid dijo hoy que todavía no ha recibido la notificación, por lo que desconoce los términos de la demanda, pero aseguró que colaborará con la justicia aportando toda la información y la documentación que sea necesaria para el proceso.
No obstante, la empresa madrileña se remite a la valoración que puedan hacer los tribunales en el seno de este procedimiento judicial iniciado por SBASE.
La presidenta del Gobierno regional de Madrid, del que depende Metro, Isabel Díaz Ayuso, aseguró hoy que desconocía la existencia de la demanda argentina, por lo que no quiso hacer valoraciones.
Díaz Ayuso sí garantizó que la región de Madrid continuará con el proceso de desamiantado del suburbano madrileño: "Todo lo que se ha venido haciendo a lo largo de este tiempo ha sido un ejemplo para otros Metros del mundo que han tenido la misma situación".
La presencia de amianto en los vagones generó desde 2018 alarma y protestas en los trabajadores del metro de Buenos Aires, aunque la compañía argentina aseguró entonces que esa sustancia no suponía un peligro para pasajeros u operarios siempre que "no sea manipulado".
La Fiscalía española denunció a finales de julio pasado a siete responsables de Metro de Madrid por poner en grave riesgo la salud de sus trabajadores al permitirles trabajar expuestos al amianto sin adoptar medidas para manipularlo con seguridad.
La denuncia destaca que la exposición prolongada al amianto durante años sin ningún tipo de medida de seguridad desembocó en el fallecimiento de dos trabajadores y en la enfermedad profesional de otros dos.
Los sindicatos de la compañía española han criticado en los últimos años lo que consideran "ocultación de documentación" sobre la presencia de amianto -una sustancia muy resistente al calor- en diversos elementos de los vagones del suburbano madrileño.