La Fiscalía paraguaya se reunió este domingo con los responsables de la Policía Nacional para preparar un dispositivo de seguridad especial para las movilizaciones de los campesinos que se celebrarán el lunes en distintos puntos del país, ante el riesgo de que pueda desencadenar disturbios.
El Ministerio Público informó en un comunicado que el objetivo del encuentro es "implementar sistemas de control y de esa manera evitar incidentes que pongan en riesgo la seguridad de los mismos o de terceros" durante la jornada de marchas a nivel nacional.
La Fiscalía ha conformado varios grupos de trabajo para preparar los "procedimientos de control e investigación" que se aplicarán si se producen "conductas que pudieran tener relevancia penal" durante la marcha.
Paralelamente, el ministro del Interior, Euclides Acevedo, recibió este domingo en la sede ministerial de Asunción a los líderes de la Federación Nacional Campesina (FNC), la organización que ha convocado las protestas.
Las manifestaciones se desarrollarán de forma simultánea en al menos ocho de las principales ciudades paraguayas, donde se realizarán marchas, se repartirán octavillas y se leerán mítines.
Además, los campesinos han anunciado que realizarán cortes en las carreteras más importantes del país, una medida que fue cuestionada esta semana por el ministro del Interior, quien afirmó a los medios locales que tendrá "tolerancia cero" con los bloqueos de las rutas.
La movilización tiene carácter indefinido y persigue denunciar los desalojos de asentamientos y la "represión policial" del Estado contra los pequeños productores que han ocupado fincas rurales para instalar sus colonias.
Desde la organización, calculan que hay cerca de 800 asentamientos en Paraguay bajo la amenaza de un desahucio por parte de las autoridades, en un contexto, añadieron, en que un 30 % del territorio agrícola está en poder de latifundistas de otros países como Brasil.
Además, alertan de que se ha agilizado el proceso de los desalojos desde que en septiembre el Ministerio del Interior y la Corte Suprema de Justicia derogaran un protocolo del año 2012 que establecía unas fases y regulación previa para llevarlos a cabo.
Ante esta situación, el viernes hicieron un llamamiento a la ciudadanía, en especial a colectivos como indígenas, desempleados o estudiantes o activistas medioambientales a sumarse a las concentraciones.
