El expresidente del Banco Popular Ángel Ron declara este miércoles ante la Audiencia Nacional en calidad de investigado por las presuntas irregularidades que, según las acusaciones, se habrían producido en la ampliación de capital por importe de 2.505 millones de euros que la entidad acometió en 2016.
Durante su comparecencia ante el juzgado central de Instrucción número 4, programada durante dos días, el banquero se someterá a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción y del resto de partes, que de forma previsible remitirán a la versión de su sucesor al frente del Popular, Emilio Saracho, quien criticó la operación por haberse quedado muy corta.
El origen del caso en los tribunales se remonta a 2017, año en el que Europa, a través de la Junta Única de Resolución (JUR), resolvió el banco dada su situación de "quiebra o próxima a la quiebra", episodio tras el cual acordó su venta a precio de saldo al Santander.
Ambas decisiones desencadenaron una oleada de acciones legales por parte de los accionistas y tenedores de deuda subordinada, afectados por la reducción a cero de sus inversiones, que llevaron la operación ante los tribunales españoles y comunitarios, incluida la vía penal.
En octubre de ese mismo año, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu admitía a trámite varias querellas contra los dos últimos presidentes de la entidad, Ron y Saracho, y sus respectivos Consejos de Administración, dando trámite a la apertura de dos piezas separadas.
La declaración de mañana se produce en el marco de la primera de ellas, la cual investiga la ampliación de capital de 2016, en concreto, si el Popular ofreció entonces a sus inversores información contable de la que se desprendía una imagen que no se correspondía con la realidad.
Unas sospechas de las que se han pronunciado esta primavera los dos peritos del Banco de España cedidos a la causa, cuyo informe descarta que la entidad fuera inviable en ese momento pues, "a diciembre de 2016, su patrimonio neto era de 11.088 millones y tenía una capacidad de generación recurrente de beneficios antes de provisiones en torno a 1.150 millones".
Aún así, ambos advertían de que las cuentas reflejadas en el folleto "no respetaban determinados aspectos de la normativa", y añadían que "algunas de las hipótesis" contenidas en el documento "eran demasiado optimistas", especialmente las relacionadas con la evolución de la cartera de dudosos.
Más duro se mostró Saracho en su declaración del pasado 2 de octubre ante el juez José Luis Calama, al que explicó que la ampliación se quedó corta y fue un fracaso, y aseguró que hubo instrucciones verbales para colocarla entre clientes, lo que en la práctica significaba financiarla con dinero del propio banco.
Extremos que rechazó días después tanto el que fuera vicepresidente del Popular durante el mandato de Ron Roberto Higuera, que incidió en que la operación estaba garantizada por los bancos colocadores, como el ex consejero delegado Francisco Gómez, que tachó de "calumnias" las palabras de Saracho.
En la misma línea podría manifestarse el propio Ron, que en la comisión del Congreso sobre la crisis y el rescate bancario aseveró que el banco "siempre ha dicho la verdad", y se presentó como un perjudicado más, no sólo en el plano reputacional sino también en el económico donde perdió en total más de un millón de euros.
