El expresidente del Banco Popular Ángel Ron ha declarado este miércoles en la Audiencia Nacional que el responsable de la quiebra de la entidad fue su sucesor en el cargo, Emilio Saracho, que llegó a la Presidencia aupado por el entonces consejero y accionista Antonio del Valle Ruiz y la también consejera Reyes Calderón, con la única intención de vender el banco, según informan en fuentes jurídicas presentes en la declaración a Europa Press.

Ron ha comparecido como imputado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que le ha interrogado durante cerca de cinco horas sobre asuntos como la ampliación de capital acometida bajo su mando, la presunta orden de involucrar a accionistas minoritarios en el proyecto, las tasaciones de sus activos inmobiliarios y su proceso de salida del banco.

Las fuentes jurídicas consultadas explican que Ron ha incidido durante su declaración en que Saracho, como experto en banca de inversión y no en banca comercial, llegó a la Presidencia del banco con la única intención de venderlo a bajo precio, aunque ha dicho desconocer a quién. Dice que por eso emitió la reexpresión de cuentas en coincidencia con la salida del consejero Pedro Larena el 3 de abril de 2017 haciendo caer la acción más de un 10% en una jornada.

Asegura que su sucesor no quería gestionar la entidad y que por eso, ni siquiera puso en marcha el plan trazado que estaba ligado a la ampliación de capital y que, en su opinión, habría salvado el banco porque era solvente. Para apuntalar esta tesis, ha contado al juez que el propio Saracho le dijo al poco de su llegada que si no podía ampliar capital, estaba dispuesto a montar una tómbola con el Popular.

Sobre la entrada en sí de Saracho, la ha descrito como un proceso tormentoso plagado de maniobras subrepticias y no exento de gritos ni de lágrimas. Según su versión, Reyes Calderón hizo el nombramiento sin tener atribuciones y con el empuje de Del Valle detrás, que se había ido del consejo en noviembre de 2016 pero seguía teniendo apoyos dentro.

En esta línea, ha explicado sus desavenencias previas con Del Valle. Según Ron, quería imponer determinadas decisiones como destituir al secretario del Consejo de Administración, mediante amenazas y con una política de filtraciones en prensa, las mismas de las que acusa también a Saracho.

Ha añadido que Del Valle le llevó hasta un arbitraje en el que dijo que tenía 1.500 millones de euros para meter en el Popular, por lo que Ron pone en duda que la situación del banco bajo su presidencia fuese tan mala como diría después su sucesor, si este accionista que llegó a tener el 4% estaba dispuesto a ampliar su peso. En un momento dado, conforme su relato, le retó a presentar una OPA y no aceptó porque lo que quería en realidad era hacerse con el banco a bajo precio.

En cuanto a los cargos que se le imputan, Ron ha defendido cada paso de su gestión. Ha asegurado que la ampliación de capital se restringió a 2.500 millones de euros porque era el montante necesario en aquel momento, tal y como habían acreditado la consultora y las distintas comisiones del Popular que intervenían.

Respecto al hecho relevante de aquel 3 de abril en el que la administración de Saracho informaba a la CNMV de que se habían dado 400 millones de euros en créditos a minoristas para que acudiesen con ese dinero a la ampliación de capital acometida por Ron, él niega que se dieran instrucciones en ese sentido y ha definido ante el juez que se trata de algo ilegal.

Sobre las tasaciones de activos inmobiliarios y contra lo que dijo en un informe el Banco Central Europeo, Ron ha afirmado que estaban realizadas en más del 90% de los casos por entidades registradas en el Banco de España o por expertos internacionales y se encontraban actualizadas. Según ha apuntado, cuando no cumplían la normativa ECO es porque estaban sujetas a otras normas perfectamente homologables.