El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado el real decreto-ley que actualiza la rentabilidad razonable a las instalaciones renovables, cogeneración y residuos en el nuevo periodo regulatorio 2020-2025 y que tendrá que ser convalidado en el Congreso la próxima semana.
La Mesa del Congreso se reúne el lunes para fijar la fecha de la nueva Diputación Permanente, que previsiblemente será el miércoles y que tendrá que debatir la convalidación o derogación de la nueva Ley de retribución a las energías renovables que palía a las empresas perjudicadas por el recorte que introdujo el Ejecutivo del PP en 2013.
Para compensar a los afectados por el recorte, el Ejecutivo ofrece la opción de mantener la retribución actualmente vigente, del 7,398 % o del 7,503 %, en función del tipo de instalación, hasta 2031, siempre que renuncien a sus reclamaciones o a las compensaciones que hayan obtenido.
Las 64.000 plantas que se vieron afectas han generado un reguero de reclamaciones en tribunales y cortes de arbitraje internacionales que suman 10.000 millones de euros.
La nueva ley entra en vigor a partir del lunes y todo apunta a que será aprobada su convalidación en el Congreso, ya que cuenta con un amplio consenso de las fuerzas políticas, según ha indicado la ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, que señaló ayer que el real decreto ley ha sido acogido con satisfacción por las principales asociaciones del sector renovable.
No obstante, el BOE también incide en dos aspectos vinculados a impulsar una transición energética justa y que están relacionados con los cierres de las centrales térmicas de carbón y con la Ley de Aguas.
Así, el decreto ley aboga por establecer criterios que contemplen beneficios técnicos y económicos como los medioambientales sociales, incluida la generación de empleo, en el otorgamiento de permisos de acceso a la red para nuevos proyectos renovables en las zonas en transición de cierre de las térmicas.
"Estos proyectos ofrecen en las áreas geográficas donde se están dando los procesos de cierre de centrales térmicas de carbón y termonucleares, soluciones sostenibles de dinamización de la actividad económica y empleo asociado", incide el texto.
Asimismo, sobre la Ley de Aguas señala que cuando queda extinguida una concesión debido al cierre de instalaciones de energía térmica de carbón o termonuclear, se podrá decidir el otorgamiento de una nueva concesión para el uso privativo de las aguas a nuevas iniciativas y proyectos en el área geográfica donde se encontraba la instalación.
