El nuevo convenio para evitar la doble imposición suscrito por España y Estados Unidos, que entra en vigor el próximo 27 de noviembre, abaratará la factura fiscal de las empresas inversoras, al rebajar la tributación relativa a la repatriación de beneficios.
En concreto, el convenio "reduce los niveles de imposición en cuanto a distribución de beneficios" obtenidos en uno de los países firmantes por empresas con sede en el otro, explica a Efe el responsable de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas, Raymond Torres.
España y Estados Unidos mantienen desde 1990 un convenio para evitar la doble imposición -es decir, para que las empresas de un país con negocios en el otro no tengan que pagar dos veces por el mismo hecho imponible-, que ahora se renueva con un nuevo acuerdo que pretende ajustarse a la actual relación de ambas economías.
El nuevo convenio, que como recuerda el economista Javier Santacruz se firmó en 2013 pero había estado paralizado hasta ahora, elimina la doble imposición que persistía en la repatriación de dividendos, cánones, intereses y ganancias de capital.
En concreto, reduce los impuestos para el pago de dividendos entre ambos países cuando el receptor tenga más del 10 % del capital de quien distribuye y los elimina cuando el porcentaje de control supere el 80 %.
También suprime la retención fiscal sobre el interés (que ahora es del 10 %) y los cánones (que ahora son del 5 %, el 8 % o el 10 %), facilita la gestión de las ganancias de capital y elimina la imposición sobre los derechos de propiedad intelectual, entre otras cuestiones.
Hasta ahora "no había un buen mecanismo de compensación entre los impuestos pagados en los Estados Unidos y en España", explica Santacruz, lo que hacía que, entre otras cuestiones, "los pequeños accionistas sufrieran dos retenciones diferentes". Tampoco había una buena compensación de bases imponibles en caso de pérdidas.
Una de las consecuencias de esta situación fue que "muchas compañías españolas iban a los Estados Unidos invirtiendo a través de terceros países para mejorar el tratamiento de sus inversiones", añade el presidente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en España (AmChamSpain), Jaime Malet, algo que también sucede a la inversa.
Con el nuevo convenio, las inversiones serán más directas y las empresas podrán reestructurarse y enviar los dividendos a sus matrices "sin que haya una doble imposición".
Malet confía en que esta fiscalidad más ventajosa anime las inversiones a través del Atlántico, un deseo en el que coincidió la consejera económica de la Embajada de Estados Unidos en España, Christina Agor, en una jornada celebrada a finales de octubre.
También Torres cree que el convenio "puede favorecer la inversión americana en nuestro país", entre otras cuestiones porque prevé mecanismos de resolución amistosa de conflictos, al tiempo que recuerda que Estados Unidos es el primer inversor directo en España.
La entrada en vigor del convenio llega en un momento en el que las relaciones comerciales entre España y Estados Unidos se han visto perjudicadas por la imposición de Washington de aranceles sobre determinados productos agrícolas y aeronáuticos.
Las exportaciones de España a Estados Unidos sumaron 12.791 millones de euros en 2018, un 2,6 % más que el año anterior, principalmente en semimanufacturas (3.369 millones) y bienes de equipo (3.088 millones), según datos de la Secretaría de Estado de Comercio.
Junto a ello, las exportaciones de alimentación, bebidas y tabaco ascendieron a 1.813 millones de euros: las ventas de grasas y aceites sumaron 445 millones; las de frutas, hortalizas y legumbres, 406 millones, y las de bebidas, 344 millones.
