La nueva Comisión Europea ha hecho de la lucha contra el cambio climático su principal promesa política. Cumplirla requerirá inversiones millonarias y diseñar una transición ecológica que no dinamite la competitividad de las empresas europeas ni deje en la cuneta a los trabajadores de ciertas regiones.

Ursula von der Leyen, presidenta del Ejecutivo comunitario desde este domingo, presentará en los próximos días un Pacto Verde Europeo, que propondrá hacer de la Unión Europea el primer continente neutro en emisiones de carbono en 2050 y elevar del 40 % al 55 % su meta de reducción de emisiones para 2030 con respecto al nivel de 1990.

Contemplará además la creación de un Fondo de Transición Justa para ayudar a los países con más dependencia de las energías fósiles, la ampliación del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión europeo y un Plan de Inversiones Sostenibles.

Estas medidas aún deben plasmarse en propuestas legislativas y recibir el visto bueno de los países y la Eurocámara, pero de entrar en vigor conllevará profundos cambios en numerosos sectores, desde la energía al transporte, pasando por la agricultura.

Según los cálculos de Bruselas, para cumplir sus metas climáticas actuales se necesitarían 260.000 millones de euros más en inversiones ecológicas cada año: 125.000 millones en el sector de la vivienda, 71.000 millones para servicios, 34.000 millones para energía o 21.000 millones para transporte, entre otros.

Para conseguirlo, la UE contará con dos herramientas: el presupuesto plurianual para 2021-2027, del que la Comisión quiere destinar un 25 % a clima (unos 40.500 millones anuales según la propuesta vigente), y el Banco Europeo de Inversiones (BEI), que desea convertir en "banco climático".

UNA TRANSICIÓN JUSTA

La mayoría de los 28 Estados miembros están a favor de lograr la neutralidad climática en 2050, pero hasta ahora el acuerdo ha sido vetado por Polonia, Hungría y República Checa, países que todavía dependen en gran medida de los combustibles fósiles y temen el perjuicio que sufrirían de endurecerse los límites.

Pero no solo el Este del continente depende del carbón: el sector genera 240.000 empleos directos en la UE, de los que 160.000 podrían desaparecer hasta 2030.

Hasta decretar su cierre para este año, España era el segundo país con más minas (26) de la UE. De los 45.000 trabajadores que tenía el sector en 1990 apenas quedan 2.000 concentrados en Castilla y León, Aragón y Asturias, comunidades que se cuentan entre las llamadas regiones en transición.

Para responder a su preocupación, la Comisión plantea crear un nuevo Fondo de Transición Justa, cuya dotación no ha precisado.

Este se concentraría en las "consecuencias sociales" de la transición ecológica, apoyando en particular la formación de los trabajadores afectados, en aquellas comunidades más dependientes del carbón, la energía o la industria.

Desde la Confederación de Sindicatos Europea apoyan el enfoque, pero advierten de que este Fondo "no puede consistir en la reasignación de los fondos de cohesión, sino que debería tener recursos propios", una visión que comparten las organizaciones ecologistas.

TARIFICAR LAS EMISIONES

Una fuente de financiación extra, sugieren estas, podría ser la recaudación adicional que se conseguiría si se amplía el Régimen de Derechos de Emisión, que ahora no llega a cubrir la mitad de las emisiones.

Solo se aplica a las industrias que generan energía o hacen un uso intensivo de ella y a la aviación comercial, pero Bruselas querría extenderlo al transporte marítimo y el tráfico y endurecerlo para la aviación.

Si el precio por tonelada de emisiones se fijase en 40 euros para todas (4.500 millones de toneladas al año) se obtendrían 180.000 millones de euros, frente a los 25.000 millones actuales, según el centro de estudios Bruegel.

Para evitar que las exigencias medioambientales minen las posibilidades de las empresas europeas de competir con las importaciones de terceros países con legislaciones más laxas y, por ende, menos costes, la Comisión plantea introducir un impuesto al carbono en frontera que grave los productos conforme a sus emisiones, de modo que los europeos no estén en desventaja.

Sin embargo, desde la patronal BussinessEurope advierten de que antes de aplicarlo Bruselas debería evaluar "su impacto" y "el riesgo de represalias" por parte de otros países.

MOVILIZAR INVERSIÓN

Una elemento clave para el éxito de la estrategia de Ursula von der Leyen será conseguir que el sector privado contribuya en las enormes inversiones necesarias para transitar a una economía climáticamente neutra, que no podrán salir solo de las arcas públicas.

Para ello, ha prometido un Plan de Inversiones para una Europa Sostenible que movilice un billón de euros, una idea que bebe de la experiencia del Plan Juncker -basado en dar financiación avalada por el presupuesto comunitario para atraer así a más inversores- y se sustentará también en el BEI.

El Banco ya ha acordado duplicar su apoyo a la financiación climática para que en 2025 represente la mitad de sus operaciones y movilizar en total un billón de euros para estos fines hasta 2030.

"Las empresas e instituciones financieras que actúen hoy serán los ganadores de mañana. Pero no será barato", advertía esta semana el vicepresidente comunitario para el Euro, Valdis Dombrovskis.

Laura Pérez-Cejuela