Los máximos responsables de Pescanova entre 2009 y 2013 se sientan en el banquillo a partir de este lunes, casi siete años después de la quiebra de la compañía, en un juicio en la Audiencia Nacional con 19 acusados y numerosos testigos y peritos y que está previsto que se prolongue hasta marzo.
Al frente de los acusados estará el antiguo presidente del grupo Pescanova Manuel Fernández de Sousa, al que el fiscal considera el cabecilla de un entramado dirigido a ocultar la millonaria deuda del grupo y engañar así a inversores, acreedores y organismos reguladores.
Según el escrito del fiscal, al que ha tenido acceso Efe, tras un ambicioso plan de inversiones que arrancó en 2007, a partir de 2010 y en coincidencia con el estallido de la crisis la empresa no dejó de incrementar su deuda a través de préstamos bancarios.
Para esconder lo delicado de su situación, de acuerdo con la investigación del fiscal, los ejecutivos de Pescanova comandados por su presidente ejecutaron "prácticas comerciales irregulares".
La empresa no llegó a aprobar las cuentas de 2012, que apuntaban además a un supuesto beneficio de 36,6 millones de euros, lejos de los 791 millones de pérdidas que arrastraba.
La firma acudió en 2013 al preconcurso de acreedores y la CNMV decidió suspender las acciones de cotización, una situación en la que se mantuvo más de cuatro años.
La reestructuración de la compañía se cerró en 2015 con su escisión en dos partes: la parte productiva quedó bajo control de la banca acreedora, agrupada hoy en Nueva Pescanova, mientras la "vieja" continúa como una sociedad de cartera en manos de los minoritarios.