El Gobierno de Perú mantendrá durante el próximo año la tarifa de 64 soles (19,3 dólares) que deben pagar los peruanos, los extranjeros residentes en el país y los ciudadanos de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia y Ecuador) para ingresar a la ciudadela inca de Machu Picchu.
La ampliación de la tarifa "promocional", que se cobra desde 2018, fue anunciada en un decreto publicado este martes en el diario oficial El Peruano, que estableció el cobro de 64 soles para los adultos y de 32 soles (9,6 dólares) para estudiantes de educación superior, así como de escolares y niños hasta los 12 años.
LOS DETALLES DEL DECRETO
El decreto especificó que estas tarifas estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2020 y que los menores de edad deberán estar acompañados por una persona mayor para ingresar al santuario inca.
Esta tarifa fue establecida desde 2018 para los nacionales, los ciudadanos de los países de la Comunidad Andina y los extranjeros residentes en el país, ya que en 2017 todos los visitantes extranjeros pagaban 152 soles (unos 46 dólares) para acceder al conocido sitio arqueológico.
La norma ratificó, además, que la permanencia de un visitante en Machu Picchu será de un máximo de cuatro horas desde su ingreso, con un horario diario que comenzará a las 06.00 horas y terminará a las 16.00 horas.
LA SITUACIÓN DE MACHU PICCHU
La ciudadela de Machu Picchu, famosa a nivel mundial desde el viaje exploratorio del estadounidense Hiram Bingham en 1911, es reconocida desde 1983 como patrimonio cultural de la humanidad por la Unesco, y desde 2007 es considerada una de las nuevas siete maravillas del mundo.
Durante este año, el Estado peruano sumó sendas victorias judiciales en los litigios que plantearon dos familias que reclamaban la propiedad del lugar, con el argumento de que el terreno donde se encuentra el sitio arqueológico y el parque natural que lo rodea pertenecieron a sus antepasados.
Sin embargo, las autoridades peruanas defendieron que esos terrenos son parte del patrimonio nacional y demostraron que fueron expropiados a favor del Estado por la Dirección General de Reforma Agraria en los años 1960 y 1970.
